La Defensoría del Pueblo presentó hoy el Reporte de Conflictos Sociales N° 143, correspondiente al mes de enero de 2016, el cual da cuenta –entre otros aspectos- que durante ese período se registraron 211 conflictos sociales (143 activos y 68 latentes). Respecto al mes anterior vemos que se incorporaron cinco casos nuevos, se resolvieron dos, tres pasaron de estado activo a latente y tres se encuentran en observación.

Los casos nuevos se presentaron en Áncash, Cusco (2), Lima Metropolitana y Loreto. El primer caso se produjo por los reclamos planteados por la población de Pomabamba a la Municipalidad Provincial, para que se demuela un grifo ubicado en una zona muy próxima a un terreno donde se construirá un hospital.

En Cusco, las organizaciones sociales y comunidades campesinas de Velille (Chumbivilcas) exigen a la empresa minera Hudbay retomar el proceso de diálogo iniciado en 2015. También en el Cusco, los representantes de las “naciones peregrinas” del Señor de Qoyllur Riti exigen que se anulen las concesiones mineras otorgadas en el área del santuario, cuya festividad fue declarada patrimonio cultural de la nación en 2004 y patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en 2011.

En Lima Metropolitana, la puesta en operación de los buses alimentadores del corredor vial Javier Prado-La Marina-Faucett provocó el rechazo de los vecinos de Manchay y del Frente Nacional de Defensa de Transportistas del Perú. En Loreto, el Frente de Defensa y Desarrollo de la Provincia de Datem del Marañón (FREDEDAM), exige al Estado la atención de una plataforma de veintiún demandas sociales relacionadas a servicios básicos y de infraestructura, titulación de tierras y a la operatividad del Lote 64.

Asimismo, se resolvieron dos conflictos en Loreto; uno por asuntos de gobierno local y el otro comunal. El primer caso está referido al cuestionamiento de un grupo de pobladores al ex alcalde provincial de Nauta, por presuntos actos de corrupción. Fue denunciado y el caso se sigue ventilando en el Poder Judicial. La nueva gestión no ha sido cuestionada por la población y viene coordinando con otras instituciones para la atención de las principales necesidades de la zona.

El otro caso resuelto (comunal) se inició con una denuncia de la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI San Lorenzo) por la invasión de cincuenta hectáreas de sus terrenos por parte de colonos dedicados al comercio. En noviembre del año pasado CORPI fue compensada con el otorgamiento del título de propiedad de un terreno entregado en compensación. A la fecha no se han suscitado nuevos reclamos.

Respecto a la distribución territorial de los conflictos reportados, Apurímac continúa concentrando la mayor cantidad de casos que se desarrollan en una sola región (23 casos), seguida de Áncash (22) y Puno (19). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales, una vez más, son los más numerosos (69,7%). En relación a las actividades extractivas vinculadas a conflictos, la minería continúa siendo la que se relaciona con más casos socioambientales (62,6%).

Acerca de la violencia en los conflictos, se registró un total de diecisiete heridos en los casos de UNAMBA (Apurímac), Hospital Santa María de Pomabamba (Áncash) y del corredor vial en Manchay (Lima Metropolitana). Por otro lado, se evidenció una disminución de las protestas, de 107 en diciembre de 2015 a 77 en enero de 2016.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo hace una alerta temprana a las autoridades correspondientes y a todos los actores en el conflicto respecto de cinco casos nuevos registrados, así como de tres casos activos que pueden derivar en hechos de violencia: uno es el caso socioambiental de “plomo en la sangre” (Cajamarca) debido al reclamo de la población por el retraso en la entrega de los resultados de las muestras de sangre y por la falta de atención a los afectados.

El otro es el caso socioambiental “Morococha-Chinalco” (Junín) por los problemas en la convocatoria a los integrantes de la mesa de diálogo, el retiro del Arzobispado como facilitador del proceso y por un sector de la población que reclama que no se están atendiendo sus demandas; el tercero es por asuntos de Gobierno Nacional relacionado a la “refinería de Talara”, debido a que los pobladores continúan reclamando la contratación de personal residente en la zona y han participado en hechos de violencia. Asimismo, se alerta sobre otras veinticuatro situaciones que pueden devenir en nuevos conflictos sociales.