Luego de marchas y contramarchas, el Ejecutivo habría decidido, en su interín, darle de baja a Doe Run Perú (DRP) para que sea liquidado ordinariamente, con lo cual los dos principales activos como son el Complejo Metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza serían vendidos por separado.
Adicionalmente, la liquidación originaría el cese colectivo e inmediato de 2.400 trabajadores tanto del CMLO como de Cobriza, lo cual podría desencadenar una vez más convulsión social en La Oroya.
En conversación con La República, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, descartó, en primer lugar, que las reglas ambientales exigidas para reactivar La Oroya hayan sido el factor determinante para que hasta la fecha no se hayan presentado postores, oficialmente.
El titular del Minam explicó que los verdaderos motivos pasan por que el CMLO "es una planta obsoleta y los niveles de inversión son altísimos".
En segundo lugar, refirió que el bajo precio de los metales a nivel internacional, así como los pasivos (de corte ambiental, social y laboral), no despiertan interés del inversor privado.
Un hecho que resaltó Pulgar-Vidal es que, aunque se ponga el estándar ambiental más flexible en la historia de la humanidad, el circuito de cobre no lo cumpliría.
"No hay estándar ambiental que permita adecuar esta regla a la situación de obsolescencia de la planta. Profit (anterior liquidador) lo intentó y no hubo ningún postor. Dirige (actual liquidador) está haciendo una evaluación real y viendo que por esas cuatro condiciones lo único que va a quedar, porque además se le vence el plazo, es una liquidación definitiva. No pareciera existir alternativa", manifestó.
Consultado sobre si existe voluntad política de este gobierno para solucionar el problema en La Oroya, el ministro manifestó que existen acreedores quienes son los llamados a tomar una decisión, la cual pasará fundamentalmente por un análisis comercial.
"Eso no significa que el Estado no deba ver cómo puede entrar a lo que es una reconversión laboral de aquellos trabajadores que se quedarían sin empleo. Hay que pagarles sus derechos y mirar cómo trabajar en La Oroya una alternativa que permita la generación de ingresos económicos", anotó.
La respuesta de los trabajadores no se hizo esperar y denunciaron que el gobierno pretende imponer la liquidación simple al haber fracasado rotundamente en reactivar el CMLO y paralizar Cobriza.
En respuesta a las declaraciones del titular del Minam, los acreedores laborales (que tienen el 7,1% de las acreencias) señalaron que materializarán su rechazo con una huelga indefinida que se iniciará el sábado 13 de febrero.
Asimismo, ante la agenda de la junta que se ha convocado para hoy, exigieron al gobierno que aclare cuál es el proyecto de convenio de liquidación, y si este resguardará los derechos sociolaborales.
Advirtieron que finalmente la liquidación simple dependerá del voto de Doe Run Cayman, en caso no vote a favor.
"La agonía se prolonga para marzo luego de que Indecopi emita una resolución declarando la liquidación y convocando a una junta única en donde la decisión será con el 50% de los votos más uno", explicó una fuente de los trabajadores.
En la PCM, DRP estaría oleado y sacramentado
El pasado fin de semana trascendió que en los pasillos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la liquidación simple de los activos de Doe Run ya tendría venia, advirtió una fuente bien informada del sector.
Este hecho estaría siendo reforzado con la agenda de la convocatoria de la junta de acreedores para hoy martes 9 y el jueves 11 de febrero, pues no se pone en debate la reestructuración, pero sí la aprobación y suscripción del convenio de liquidación.
Toda esta situación se genera en un contexto en donde esta semana llegarían al país las dos posibles (de EEUU y Australia) empresas interesadas en los activos de DRP, que expondrían sus condiciones y lo que ofrecerían para reactivar La Oroya.
60 mil familias se verían afectadas con el cese colectivo de la masa laboral de Doe Run.
28,7% de acreencias tiene Doe Run Cayman.
Funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MEM) en reunión realizada en Lima informaron a la mesa técnica para el reinicio de operaciones del complejo Metalúrgico de La Oroya, que la única salida al problema de La Oroya es una liquidación simple que acarrearía un cese colectivo de los 2400 trabajadores de la empresa Doe Run Perú (DRP) de las unidades de La Oroya y de Cobriza, quienes no recibirán ningún beneficio laboral.
Los funcionarios del MEM indicaron que la liquidación Simple del Complejo Metalúrgico y la Mina Cobriza es la única salida que tendría para la Oroya frente a la insostenibilidad de la caja y la baja del precio de los metales en el mercado internacional que han hecho que se agraven los problemas que afronta la empresa.
Esta noticia puso en shock a los asistentes, entre ellos el alcalde de La Oroya Carlos Arredondo que en forma insistente pidió a los encargados del MEM hallar una solución y no llegar a esta medida tan extrema que solo agravará el problema social en La Oroya.
Ante la medida de liquidación simple, los dirigentes de los trabajadores de la empresa DRP de los sindicatos de La Oroya y de Cobriza encabezados por Luis Castillo Carlos representante de las acreencias laborales de los trabajadores, pido a la masa laboral y la población a sumarse a la medida de lucha que se debe iniciar este sábado 13 de febrero, medida que pretende defender los puestos de trabajo de los 2400 trabajadores y asegurar la vigencia de los complejos de La Oroya y Cobriza
El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, afirmó que la situación actual de los trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y la mina Cobriza es fruto de un Estado que fue muy laxo para verificar que Doe Run Perú cumpla, en su momento, con las exigencias ambientales.
"Esos pasivos laborales y sociales no han sido bien evaluados por los inversionistas internacionales. Además se trata, en el caso de La Oroya, de una planta obsoleta, una inversión muy alta y los precios de los metales han caído", destacó.
Sobre la huelga convocada por los trabajadores para este sábado, Pulgar Vidal hizo un llamado a la calma y a la información, ya que su sector en ningún momento se ha visto responsable por lo sucedido con La Oroya. "Mucho se alega que lo que sucede en La Oroya tiene que ver con normas ambientales y niveles de exigibilidad y eso es falso. Tengan en cuenta que la anterior administradora, Profit, en un intento por que ingresen inversiones privadas, logró aprobar un instrumento de gestión ambiental correctiva que permitiera que se cumplan las exigencias ambientales en un plazo de 14 años. Pese al apoyo, nunca se presentó ningún inversionista", aclaró.
Pulgar Vidal asistió a la presentación del primer informe sectorial de ambiente, el cual reúne las experiencias y metas que se lograron durante su gestión en temas de fiscalización ambiental. "Es una tarea que deberá continuar el siguiente gobierno y que, sin meterme en campaña, veo que no se está tomando en cuenta dentro de las propuestas de los candidatos", estimó.
Con la liquidación de Doe Run, 2.400 trabajadores del CMLO y Cobriza serían cesados colectivamente. Se estima que afectaría a 60 mil familias.
Se anunció una huelga para el 13 de febrero en protesta por las decisiones sobre Doe Run. Ellos cuentan con el 7,1% de las acreencias.
Según indicó el alcalde de la provincia de La Oroya, Carlos Arredondo Mayta, se mostró preocupado por lo que llamó, falta de voluntad del gobierno de Ollanta Humala para plantear una solución al problema de la Doe Run Perú y hayan optado por una liquidación simple que, según dijo, significará el despido de 2400 trabajadores y vender la minera de cobriza en partes.
En una entrevista brindada a radio Exitosa, el alcalde de La Oroya indicó que no es del todo cierto que el complejo metalúrgico ubicado en su provincia no cumpla con estándares ambientales. Repitió que a raíz del cierre de la paralización del complejo metalúrgico la situación económica y social de Las Oroya ha colapsado y haya migración de los pobaldores y deserción escolar
A pocos días de conocer el desenlace de la subasta de Doe Run Perú (DRP), existen dos posibilidades latentes. Pero la que coge más fuerza es la liquidación ordinaria, sobre todo porque es la recomendación hecha por Dirige en las últimas reuniones con los acreedores de la empresa.
Como se recuerda, DRP es administrada desde hace cuatro años por sucesivas juntas de acreedores que hasta la fecha no han logrado concitar el interés del inversionista privado por los dos principales activos que tiene DRP: el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y la mina Cobriza.
Sin embargo, es el actual liquidador, Dirige, contratado en noviembre y cuyo contrato culmina el 28 de febrero próximo, fecha en que culmina la liquidación en marcha luego del plazo de seis meses que se logró gracias a la modificación de la Ley Concursal en el 2015, quien se encargaría de darle la estocada mortal a la empresa, desencadenando con ello un conflicto social inminente, según denuncian los sindicatos laborales de DRP.
Como recuerda Luis Castillo, representante de los acreedores laborales, a Dirige se le encomendó reactivar el CMLO en los circuitos de plomo y zinc, así como tener trabajando la mina de Cobriza.
"No ha cumplido ninguno de esos aspectos habiendo cobrado por adelantado US$ 70 mensuales. Han tenido papel desastroso", aseveró.
Sin embargo, el agravante, que hizo que desde el sábado se iniciara una huelga indefinida en La Oroya tomada por los trabajadores y la población en general, fue un informe de Dirige a la junta de acreedores encabezada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), en donde se recomienda ir a una liquidación simple.
Este hecho originaría dos temas: el primero, que los activos se vendan por separado y, como denuncia Amid Yangali, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Unidad Minera de Cobriza, se malbaraten, pues Cobriza se vendería a unos US$ 20 millones y el CMLO simplemente sería cerrado.
El otro hecho, el cual sería de corte laboral y social, es que con la liquidación de DRP los 2.400 trabajadores del CMLO y Cobriza serían cesados colectivamente. Se estima que esto involucraría a unas 60 mil familias, ya que La Oroya vive casi exclusivamente de la actividad de Doe Run y todos los negocios que se generas alrededor de la metalúrgica.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) considera que el futuro de DRP está en su reubicación en la costa, lo cual ha sido opuesto al pensamiento del Ministerio de Energía y Minas (MEM), el cual afirma que este problema debe ser tratado en todas sus aristas, entre ellas la social.
Como una solución, los trabajadores proponen que les sean adjudicados los activos de DRP para ser administrados ante la poca voluntad política del gobierno de sacar delante este tema.
Se desconoce posición de Doe Run Cayman, pero será decisiva
Actualmente, los principales acreedores de DRP son el gobierno, vía el MEM, con 30,1% y la Sunat con 10,4%. Les siguen Doe Run Cayman con 28,7% y los acreedores laborales con el 7,1%.
En ese sentido, los trabajadores indicaron que un hecho que preocupa es que hasta la fecha se desconoce cuál será la posición de Doe Run Cayman, pues como se evidencia tendrá un peso importante en la decisión sobre el futuro de DRP.
El MEM convocó para los días 23 y 26 de febrero a junta de acreedores, con una agenda que consiste en informe de la administración, ratificación o designación de liquidador y lo más importante: aprobación y suscripción de convenio de liquidación.
La clave
En las últimas horas se conoció que, la próxima semana, la junta de acreedores se reuniría con dos empresas interesadas, entre ellas se vocea la norteamericana Cove House y otra de capitales australianos; ambas llegarán a exponer qué ofrecen por Doe Run Perú.
Carlos Bessombes para LaRepública.pe
