Si bien la fuerte caída en los precios de los commodities desde inicios de 2015 ha impactado a la industria ligada al cobre, también ha dejado fuertes efectos en el sector dedicado a la explotación del carbón.
Así, las compañías ligadas a la producción de esta materia prima han venido operando bajo gran presión. En el plano local, una de las firmas que más ha sentido el impacto es Mina Invierno, controlada en partes iguales por los grupos Copec (Angelini) y Ultramar (Von Appen).
De hecho, Copec informó el 29 de enero, a través de un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que realizó un test de deterioro de Mina Invierno que arrojó una pérdida financiera de US$ 290 millones para su filial, por efectos del deterioro de los precios del carbón. Esto, explicó, tendrá un efecto negativo de US$ 145 millones en los resultados de Copec de 2015.
De acuerdo al API 2, principal indicador de este mineral, el carbón ha caído 39,3% en 12 meses, llegando a US$ 37,9 la tonelada métrica.
La delicada situación ha provocado que en la industria incluso se rumoree de un posible cierre de la operación. Sin embargo, fuentes del sector dijeron que Copec y Ultramar han tomado medidas para enfrentar este complejo escenario e intentar salvar la operación de la faena.
Por un lado, están trabajando con menores niveles de producción (cuatro millones de toneladas al año) respecto de su capacidad instalada (seis millones de toneladas anuales), con el fin de intentar minimizar los impactos financieros producto de los bajos precios del carbón.
También están realizando esfuerzos para ganar eficiencia, elevar la productividad y reducir los costos.Además, están internalizando algunos servicios y otros los están renegociando.
La administración también está abordando medidas estructurales, como la maximización del relleno interior de la mina, el control de las infiltraciones de agua y están tratando de incorporar las tronaduras como método complementario a la extracción de estéril, lo que les permitiría tener un menor deterioro de los equipos y abaratar costos.
En este sentido, Mina Invierno ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) una Declaración de Impacto Ambiental para incorporar las tronaduras, pero en diciembre el SEA emitió un informe con cerca de 50 observaciones (Icsara). Ahora la firma prepara las respuestas, para lo que tiene plazo hasta el 31 de marzo.
La mina de carbón se ubica en la Región de Magallanes y genera unos 1.000 empleos, de los cuales la mitad corresponde a trabajadores propios y el resto, a contratistas. Por ello, la situación de la compañía es observada con preocupación por las autoridades locales.
“El cierre de la operación es el peor de los escenarios. Por eso, esperamos que la situación del precio internacional del carbón se estabilice para que Mina Invierno pueda seguir operando. Por lo tanto, es una preocupación para la región”, dijo Paola Fernández, intendenta (s) de Magallanes.
Claudio Flores, alcalde (s) de Punta Arenas, complementó que “nuestra preocupación está principalmente en el aporte económico que hace la empresa, en términos de puestos de trabajo.
Por ello, estamos preocupados con lo que pueda pasar con las personas que trabajan ahí. A partir de esto, entre otras cosas, hemos estado en conversaciones permanentes con el gobierno regional para ver cómo podemos lograr una diversificación de la fuente laboral de la zona”.
El presidente regional de la CPC y consejero regional, Alejandro Kusanovic, por su parte, dijo que “es importante que no se le sigan poniendo trabas a la incorporación de las tronaduras, pues esto le permitirá a la mina reducir los costos y hacer más viable la faena. Es importante que siga operando; de lo contrario, subiría el desempleo en la región”.
