La Corte de Justicia aceptó una acción de amparo por mora que había sido iniciada por el bloque de diputados del FCS en julio de 2015. A través de ese recurso, la oposición reclamaba por la falta de acceso a la información pública relacionada con el acuerdo que la empresa minera de la Provincia firmó con Yamana Gold. La sentencia fue notificada el miércoles último y al día siguiente la empresa CAMYEN envió una nota a la Cámara baja, con un sobre adjunto, en la que expresa que el acuerdo es público y está a disposición en el juzgado de Minas. No obstante, la presidenta del bloque del FCS, Marita Colombo, pidió que la empresa siga la vía judicial y complete el trámite que ordena la sentencia porque existió mora en el cumplimiento de una obligación.
La resolución de la Corte de Justicia es del 29 de diciembre. Sin embargo, las partes fueron notificadas al finalizar la feria judicial. El fallo declara la jurisdicción y la competencia de ese tribunal para atender en la causa. Es por ello que decide notificar al presidente de la empresa CAMYEN SE, Daniel Issi, para que en un plazo de cinco días informe sobre los antecedentes del caso y las causas de la demora bajo los apercibimientos previstos en la ley 4795, modificada por la ley 4850. Esta normativa establece en el artículo 11: "Vencido el plazo sin la contestación requerida, el Tribunal dictará sentencia ordenando el pronto despacho con costas a la accionada”, que en este caso es la CAMYEN
Tras el fallo reciente de la Corte de Justicia, CAMYEN pretendió cumplir con el reclamo de los legisladores y envió una nota con documentación adjunta a la Cámara baja. Conviene recordar que el pedido de información pública se había iniciado en abril, a los pocos días del acuerdo entre la empresa minera CAMYEN y Yamana Gold , propietaria del yacimiento de Agua Rica, que había ocurrido en febrero de 2015.
Vencidos todos los plazos que establece la ley 5336 de acceso a la información pública, el bloque opositor recurrió a la vía judicial y apunta ahora a que el trámite se complete en esa instancia. En diálogo con EL ANCASTI, la diputada Marita Colombo recordó que tuvieron que iniciar un planteo judicial ante la conducta omisiva de la empresa y corresponde ahora que la empresa explique las razones de la mora porque "su reputación quedó comprometida".
Colombo agregó que no es un capricho de la oposición sino que se trata de patrimonio de los catamarqueños que podría comprometerse por varias décadas.
El reclamo
Los legisladores del FCS acusaron a Daniel Issi por la existencia de una conducta "omisiva y negligente”, referida al incumplimiento de la ley provincial Nº 5336 de acceso a la información pública
El fundamento de la presentación es que el 1° de abril de 2015 se envió una nota a la empresa por la que requería detalles respecto al memorándum de entendimiento celebrado por CAMYEN SE con Yamana Gold relativo a la exploración y explotación de las áreas mineras de Cerro Atajo y Agua Rica para el desarrollo del distrito minero. También requería la documentación certificada que constituye el contrato celebrado por ambas empresas, relativos a la exploración y explotación de los emprendimientos, entre otros puntos.
Los plazos para enviar la información se vencieron el 15 de junio. Es por eso que a fines de julio, el FCS inició la acción de amparo por mora.
Ancasti
El Foro para el Desarrollo Minero consideró que debe ser una prioridad la puesta en marcha del proyecto de Agua Rica ante el inminente cierre de Bajo La Alumbrera.
Sobre esto, el geólogo Lorenzo Parra, integrante de la entidad, opinó que todavía no hay mucha conciencia en Catamarca del impacto que representará el fin de la actividad de Bajo La Alumbrera. Y opinó que empresas y autoridades deberían coincidir para aprovechar toda la estructura que ya se ha montado para la extracción de minerales. En este sentido, Parra evaluó que hay que prestar atención a otros datos que se desprenden de la realidad y que hoy el Foro analiza con especialistas.
En este marco, desarrolla que si la empresa Minera Alumbrera, conformada por capitales internacionales, tuviera el mineral para explotar seguramente seguiría produciendo, tal vez con mayor intensidad que la actual, ya que la devaluación del peso argentino frente al dólar vuelve más competente a la explotación, venta y comercialización del mineral por lo que seguramente el ritmo de tareas sería igual o mayor. Además, podrán contar de nuevo con estabilidad fiscal y quita de retenciones que en los últimos años vieron afectados a todas las explotaciones mineras.
¿Qué pasó en el medio? El yacimiento se quedó sin mineral, se echó manos a un pequeño cuerpo mineralizado de baja ley como es el Bajo El Durazno, para completar una etapa minero-política que al poco tiempo se desvaneció”, indicó a través de un documento enviado a este diario.
En esta misma línea, sostuvo que es necesario realizar todos los esfuerzos para que el proyecto Agua Rica se explote. " Es el más estudiado y demostró ser tan grande como el de Bajo de la Alumbrera, y es el que tiene una gran similitud mineralógica y porque está estratégicamente bien posicionado en el área de yacimientos sub volcánicos de la región, que cuenta también con Cerro Atajo y Capillitas que también poseen minerales de cobre, oro, plata entre otros”.
"La producción de Bajo La Alumbrera forma parte de un cupo de materias primas que el mercado internacional necesita cada vez más y que indefectiblemente se perdería con muy pocas probabilidades de volver a él, en el corto plazo. Si tenemos en cuenta que Catamarca cuenta con una planta de tratamientos de minerales que contiene una tecnología de punta, que ha costado varios cientos de millones de dólares y que al día de hoy se encuentra funcionando, sería un gravísimo error histórico que la misma se desmantele y termine en otro lugar del mundo", expresó Parra y advirtió que si no se encaran políticas se corre el riesgo de retroceder 20 años.
Darío Aranda
Vecinos de Andalgalá, Catamarca, acampan desde hace una semana frente a los Tribunales porteños de plaza Lavalle en reclamo a la Corte Suprema de Justicia, a quien acusan de tener “cajoneada” la causa sobre un proyecto minero impulsado por el gobierno provincial. La demanda fue iniciada en 2010 y solicita que se protejan las fuentes de agua, la salud de los habitantes y que se prohíba la nueva explotación. Andalgalá es un caso testigo de extractivismo: hace veinte años se instaló Minera Alumbrera (la primera experiencia de megaminería de Argentina) y es una de las zonas más pobres de Catamarca.
Andalgalá está ubicada a 240 kilómetros de la capital provincial. Con veinte mil habitantes, conocen de megaminería desde la década del 90 porque de sus montañas se extrae oro y cobre (entre otros minerales). Se trata de un consorcio suizo-canadiense (Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold) denunciado por contaminación y defraudación al fisco. Y desde hace una década el gobierno provincial impulsa un nuevo proyecto, llamado Agua Rica (a cargo de la canadiense Yamana Gold), tres veces más grande que Alumbrera y que se ubica más cerca del pueblo (a sólo 17 kilómetros), donde nacen los ríos que proveen de agua a la población.
En 2010 las asambleas socioambientales y vecinos de a pie bloquearon el paso a los camiones de Agua Rica. Sobrevino una feroz represión, con una decena de heridos y detenidos. La respuesta fue una masiva movilización en la plaza principal. Y nació la Asamblea El Algarrobo. Todos los sábados marchan en el centro del pueblo y realizan campañas informativas. En enero de 2010 presentaron un amparo ambiental que hace hincapié en el derecho a un ambiente sano y solicita la suspensión del proyecto Agua Rica. Entre los fundamentos sobresale que el estudio de impacto ambiental de la empresa cuenta con treinta observaciones (calidad del agua, contaminación del agua y afectación de la población aledaña, entre otros) y, previo a la autorización de la provincia, no se realizó la audiencia pública que obliga la Ley General del Ambiente.
El amparo estuvo tres años frenado en el Poder Judicial de Catamarca y desde julio de 2013 en la Procuración General de la Nación, antesala de la Corte Suprema de Justicia. En noviembre de 2014, la Asamblea El Algarrobo acampó frente a Tribunales y reclamó por la demora judicial. La procuradora Alejandra Gils Carbó los recibió y prometió un pronto dictamen.
En diciembre de 2014, Gils Carbó dio luz verde para que la causa pase a la Corte Suprema porque las demandadas (Yamana Gold y el Estado Provincial) “estarían en condiciones de llevar a cabo operaciones o acciones que podrían resultar susceptibles de producir un daño al medio ambiente y a la salud que, debido a su magnitud y a las circunstancias de hecho, sea irreversible”. Gonzalo Fernández, uno de los acampantes, recordó que la procuradora también resaltó que el Poder Judicial de Catamarca (Juzgado de Garantía, Cámara de Apelaciones y Corte de Justicia) no actuó en base “al derecho vigente y que los jueces lesionaron garantías constitucionales de los vecinos de Andalgalá”.
En línea con los pedidos de los vecinos, Gils Carbó resaltó la vigencia del artículo 41 de la Constitución Nacional “en el que las cuestiones en debate (en la causa) involucran el derecho humano de todos los habitantes a la salud y a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras”.
La causa judicial pasó por todos los despachos de los jueces de la Corte, pero no hubo fallo. El 1º de febrero, los vecinos se volvieron a instalar en Plaza Lavalle, frente a Tribunales. “Segundo acampe por la vida. Sentencia ya”, es el título del comunicado de la Asamblea El Algarrobo, en el que cuestionan la demora del Poder Judicial y exigen que el máximo tribunal cumpla las legislaciones nacionales que establecen como derecho fundamental el vivir en un ambiente sano y el acceso al agua como un derecho humano.
Y advierten una posible maniobra: que los jueces de la Corte devuelvan la causa a los Tribunales provinciales. “El Poder Judicial de Catamarca se encargó de limitar el acceso a la justicia de los vecinos de Andalgalá a lo largo de estos años y fue también quien criminalizó la protesta e incluso ordenó represiones”, recordó Gonzalo Fernández.
Mariana Katz, abogada del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y que acompaña a los vecinos de Andalgalá, explicó que en julio pasado ampliaron la denuncia porque el juez de Minas (Raúl Guillermo Cerda) le otorgó a la empresa minera (Yamana Gold) una ampliación de la mensura de tierras, de 800 hectáreas originales le cedió 16.000 hectáreas más. Y los vecinos presentaron documentación con la que afirman se demuestra la existencia de glaciares en el cerro Nevado del Aconquija (donde pretenden instalarse las mineras). “Se le pide a la Corte que resuelva el reclamo de fondo, que la resolución que autorizó el mega yacimiento minero es violatoria del Código de Minería y de la Ley General del Ambiente”, afirmó Katz.
La Asamblea El Algarrobo asegura que, de ponerse en marcha Agua Rica, será la “desaparición de Andalgalá”. Mantendrán el acampe hasta que la Corte Suprema se expida.
