El Gobierno está estudiando un aumento en las facturas de gas con el plan de aplicarlo a partir del 1 de marzo. Por ahora, de las declaraciones oficiales surge que el impacto en los hogares será menor que el que se sintió con la electricidad, porque las tarifas gasíferas para el sector residencial de la mayor parte del país ya tuvo un fuerte ajuste que llegó hasta el 600% a partir de 2014. La estimación inicial que puede hacerse es que las facturas de gas para los hogares en las zonas del país que ya tuvieron aumentos tendrán un alza de alrededor del 200%.
El mayor problema que enfrenta el Gobierno en esta área es el incremento a aplicar a los que no tuvieron aumentos hace dos años, lo que incluye a toda la industria del país y, por razones climáticas, a los usuarios residenciales y comerciales de las provincias patagónicas, La Pampa, Carmen de Patagones y localidades de la Puna ubicadas en Jujuy y Salta. En total, alrededor del 35% de la demanda de gas del país que estuvo excluida en 2014.
Además, también hay jurisdicciones donde el aumento del producto en boca de pozo fue frenado por la Justicia, aun cuando se admitieron los incrementos destinados a las distribuidoras para evitar un colapso empresario que hiciera peligrar la prestación del servicio.
El aumento a las industrias es un tema delicado, porque las empresas argentinas utilizan más gas que electricidad para sus procesos productivos. En cada sector productivo, la incidencia de la factura del gas en los costos generales es distinta, pero es importante en la industria alimenticia, lo que podría a su vez llevar a un nuevo escalón a los artículos de primera necesidad.
Por ahora, el único dato disponible para hacer estimaciones es que el precio del gas en boca de pozo pasaría desde un promedio de u$s 2,50 a u$s 5,80 por millón de btu (unidad de medida) y que se mantendría un valor de u$s 7,50 para la producción que se haya introducido a partir de 2012. Si se quisiera eliminar totalmente el gasto del Estado, el momento parece oportuno por la baja en el precio del gas importado, como consecuencia del derrumbe del petróleo.
Si se considera un valor de u$s 5,80 por millón de btu, y se estima que cada metro cúbico contenido en la factura residencial equivale a unos 35.900 btu, puede calcularse que el precio del metro cúbico en la factura de un usuario medio llegaría unos $ 3. Esto a su vez significaría un alza de más del 200% con relación al valor de $ 0,98 que paga hoy un usuario residencial que consume entre 1.001 y 1.200 metros cúbicos anuales de gas.
Pero incluso en las categorías y zonas del país donde hubo aumentos de tarifas en los últimos dos años, habría un desequilibrio en los montos percibidos por las distribuidoras, lo que obligó al anterior Gobierno a establecer en abril de 2015 un subsidio de $ 2.590 millones a dividir entre las nueve empresas que prestan el servicio de distribución en el país. La suma debía destinarse al pago de las deudas por el gas que las distribuidoras compran a las petroleras, pero cuyo pago incumplen total o parcialmente, porque usan parte de lo que recaudan por las facturas, para sus propios gastos corrientes.
Si se estima un alza del 200% (tres veces más) en los márgenes de las distribuidoras y se lo suma al incremento en el gas en boca de pozo, un usuario residencial de consumo medio anual tendría una suba del 180% en su factura.