Los procesos electorales suelen revivir temas que permanecen bajo el radar el resto del tiempo. En el 2011, la renegociación de los contratos gas natural de Camisea y la reducción del precio doméstico del GLP fueron ejes centrales de la campaña del actual presidente Ollanta Humala. Cinco años después, el primero vuelve a convertirse en un tema de discusión pública. “Voy a renegociar los contratos del gas, así no te guste”, le dijo Alfredo Barnechea, candidato de Acción Popular, al entrevistador Jaime De Althaus. Al menos otros seis candidatos han dado declaraciones en favor de la renegociación o la proponen en su plan de gobierno. ¿Qué le conviene hacer al Perú con los contratos de exportación de Camisea?
En el 2015 el Perú exportó 183 mil millones de pies cúbicos de gas, equivalentes a 188 millones de millones de unidades térmicas británicas (BTU, por sus siglas en inglés). Haciendo las conversiones, se observa que el país vendió al exterior en gas más energía que la que consumió durante el año. Sin embargo, mientras que los peruanos pagaron por electricidad US$1,600 millones, el gas exportado le generó al Estado sólo US$35 millones en regalías.
La pequeñez de esta cifra –que a primera vista puede parecer errada– se explica en parte por la coyuntura internacional. Mientras que el precio de venta del gas natural al mercado interno está definido por contrato y es estable, su precio de exportación depende del lugar al que se envíe. Y el principal destino del hidrocarburo peruano es México, país que usa como referencia el índice internacional de precios de gas denominado Henry Hub.
Hoy el Henry Hub está en su nivel más bajo en 15 años: desde el pico de US$13.42 por millón de BTU que alcanzó en octubre del 2005, ha caído a menos de US$2 a finales del año pasado, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Este desplome se debe a la sobreoferta de gas ocasionada por nuevas fuentes de energía como el esquisto.
En contraposición, los índices de precios de otras partes del mundo, como el de Asia, llegan hasta los US$14 por millón de BTU. “El mercado de hidrocarburos es muy volátil. Cuando se firmó el contrato [de exportación del gas de Camisea, en el 2004], nadie predijo que el valor del Henry Hub iba a irse a pique”, dice Diana Lizárraga, asociada senior especialista en petróleo y gas del Estudio Echecopar. Lo cierto es que el mercado al que el Perú le vende hoy la mayoría de su gas paga los precios más bajos del mundo.
A ello se suma una fórmula de cálculo de regalías desfavorable. El contrato de licencia del Lote 56 –destinado a la exportación– establece que las regalías se calculan a partir de un valor (valor mínimo de valorización) que equivale a entre un quinto y un décimo del precio efectivamente pagado por el gas en su lugar de destino (ver cuadro). Para precios menores a US$2 por millón de BTU, el contrato precisa que el valor sobre el cual se calculan las regalías es de US$0.2. Es decir, como el precio Henry Hub está en menos de US$2, el porcentaje de regalías (30%), se calcula sobre US$0.2.
La lógica de la tabla es reconocer los costos intermedios, como el transporte o la regasificación, que diferencian el precio del gas ‘a boca de pozo’ (valor mínimo de valorización) del precio en su lugar de destino (valor de referencia). Sin embargo, no queda claro por qué los costos intermedios crecen entre celda y celda.
El costo de transportar un millón de BTU es el mismo cuando el gas está a US$3.5 (primera celda) que cuando está a US$7 (quinta celda), pero la resta entre el valor de referencia y el valor mínimo de valorización pasa de US$3 a US$6.03 de una celda a otra. Tampoco se entiende por qué a partir del precio de US$10 en adelante se calculan las regalías sobre un valor estable de US$1.76.
“Esa cláusula está increíblemente en contra de los intereses del país”, opina Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas de este gobierno. “Cuando salió, yo dije que era un contrato infame, porque cuando había ganancias todas eran para el inversionista y cuando había riesgos, eran para el Perú”, agrega.
En mayo del 2015 el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló a favor del Perú en una demanda entablada contra el Consorcio Camisea por reexportación del gas. El Ciadi dijo que el consorcio había registrado Estados Unidos como país de destino para pagar bajas regalías, pero luego había revendido el hidrocarburo a mayor precio en Europa (cuatro embarques) y Asia (seis embarques), entre el 2010 y el 2011. El tribunal ordenó el pago de las regalías evadidas por US$64 millones más intereses. “Era una falta tan notoria que no podía ser culpa de la ingenuidad”, recuerda Herrera Descalzi.
En julio del año pasado, la ministra Rosa María Ortiz anunció que la petrolera Shell Oil –miembro del Consorcio Camisea– acababa de pagar al Estado peruano US$13.7 millones por regalías que había dejado de abonar en el 2014. La firma angloholandesa operó de la misma forma: los hidrocarburos que desembarcaron en México fueron recomprados por el trader Trafigura al precio del Japan Korean Marker (JKM), el índice asiático de precios del gas más caro del mundo, y no del modesto índice Henry Hub.
“Un contrato siempre se puede renegociar, pero ello implica la voluntad de ambas partes. Cuando uno negocia, tiene que tener algo que ofrecer”, dice Herrera Descalzi. “Mientras una de las partes no quiera modificar el contrato, la otra no puede obligarla”, complementa Diana Lizárraga, del estudio Echecopar. Y agrega: “Si el Estado hiciera eso [renegociar unilateralmente], estaríamos ante un escenario que iría en contra de los principios de seguridad jurídica y libertad contractual protegidos por la Constitución”. Ingresar a un escenario como ese le traería al Perú problemas más costosos que el dinero que ganaría con la renegociación, pues la empresa podría acudir al Ciadi a pedir compensaciones y se mandaría un mensaje de poco respeto a la seguridad jurídica en el país.
La abogada considera que buscar un replanteamiento del esquema de regalías en el contexto de precios actual es un esfuerzo estéril. “La empresa no tiene incentivos para sentarse a negociar el tema de las regalías y es muy poco lo que el Estado puede ofrecerle”, dice. En cambio, intentar incorporar al contrato lo dictaminado por el fallo del Ciadi es un camino más viable, pues el tribunal ya ha sentado un precedente sobre cómo resolverá casos similares. ¿La mala noticia para los candidatos? La ministra Rosa María Ortiz declaró el lunes pasado que el gobierno ya está negociando por esa senda y Petroperú lo ratificó en una nota de prensa el jueves.
“Entiendo que la intención de Perupetro en esta negociación es reflejar lo que se señaló en el laudo arbitral que ganaron el año pasado. Es decir, que en un contrato complementario al de licencia –uno de valorización– se especifique mejor qué se toma por ‘mercado de destino’, para que se entienda como el mercado final y no el del primer desembarque”, explica Lizárraga. El camino práctico y factible de la renegociación es hacia la aclaración de estos conceptos, con el objetivo de que no quede espacio para la evasión de las regalías. Proponerlo como parte de una campaña electoral, sin embargo, es hablar sobre algo que ya está haciendo el actual gobierno. Y ningún candidato suele estar interesado en hacer eso.
