Las cifras indican que el país sigue exportando más oro del que produce. Los reportes que tienen la Agencia Nacional de Minería (ANM) —antes Ingeominas— y la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas (DIAN) no coinciden y, en cambio, presentan un desfase de cerca de 50 toneladas de oro de más que se exportaron: entre 2004 y 2014 Colombia produjo 469 toneladas y exportó 519.

La comparación es válida si se tiene en cuenta que la ANM recibe de los compradores y exportadores del metal el reporte de compra y venta tras el pago de regalías. Es decir, dicha agencia, por deducción, tiene el reporte del oro que produce anualmente Colombia. Mientras tanto, la DIAN obtiene los datos de los formularios donde estas empresas anuncian el envío del mineral al exterior. Entre ambas debería haber una correlación de cifras casi perfecta, pues el mineral que no pague regalías no puede ser exportado.

El otro asunto es que gran parte de ese oro con destino internacional es de dudosa procedencia. Según la Asociación Colombiana de Minería (ACM), la cual agrupa a los principales gremios del sector minero en el país, sólo el 12% de ese mineral es legal, el resto, es decir, el 88% proviene de la minería informal, barequeros e ilegal.

La preocupación es de vieja data y las denuncias en los últimos años se han incrementado ante la entidad aduanera. Por ejemplo, este diario conoció la respuesta que la DIAN le entregó al senador Iván Cepeda, quien solicitó se investigara el presunto lavado de activos y evasión de impuestos de la Comercializadora Internacional Giraldo y Duque S.A., asentada en la Zona Franca del Pacífico. “Al analizar y auditar dichas denuncias recibidas contra la mencionada empresa, la entidad ha enviado reportes de operaciones sospechosas (ROS), a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), durante los años 2013, 2014 y 2015”, dice el documento.

Todas estas razones son un llamado de alerta. Por eso El Espectador habló con el director de la DIAN, Santiago Rojas Arroyo, quien dijo que en los próximos días una nueva reglamentación pondrá en cintura a las comercializadoras internacionales del metal, sobre todo a las que están utilizando mal el beneficio aduanero para librarse de pagar regalías, a las que estén ingresando dólares y pagando exportaciones que nunca han existido, o a las que estarían ingresando oro de otros países para refrendarlo en el mercado colombiano y exportarlo.

-¿Se sigue lavando dinero a través de exportaciones de oro ficticias desde las zonas francas?
En los próximos días saldrá una nueva reglamentación acerca de cómo controlar las exportaciones de oro. Lo complejo es determinar si lo que se está diciendo que se está exportando realmente es oro o apenas es un baño. Queremos ver qué hay detrás. Eso está vinculado a temas de minería ilegal, algo muy complejo, y también a defraudaciones al Estado en todo sentido.

-Es decir, aún hay vacíos en la reglamentación de exportaciones de oro.
Hemos detectado —y eso lo explicaremos en detalle cuando presentemos la reglamentación— que sigue habiendo trampas. Por ejemplo, nos están diciendo que están exportando cuando no lo están haciendo. Garantizar que el oro que se exporta tiene los quilates que dicen las comercializadoras tiene complejidad. Tenemos unas pistolas especiales para medir eso, pero de todas maneras estamos revisando muy bien el tema para que no se utilicen zonas francas que no corresponden para exportaciones de oro. Este trabajo lo estamos haciendo muy de cerca con el sector privado, para apoyar al que quiera hacer las cosas bien y castigar duro al que no.

-Entonces, ¿algunas comercializadoras de oro que se asientan en zonas francas están evadiendo impuestos y lavando dinero?
Primero, quiero aclarar que creo en las zonas francas. Son un instrumento importante de desarrollo regional. Desafortunadamente, en materia de exportaciones ficticias de oro ha habido algunos casos en los cuales se ha utilizado mal el instrumento del régimen franco, y somos conscientes de eso. Tenemos que trabajar de la mano con los usuarios operadores de estas zonas para controlar más esas figuras.

-¿Por qué ciudadanos del Valle del Cauca están solicitando a la DIAN que las investigaciones contra empresas asentadas en la Zona Franca del Pacífico no sean llevadas a cabo por el señor José Gustavo Jaramillo Buitrago, jefe de la División de Gestión y Fiscalización de la DIAN seccional Palmira?
En este momento es muy delicado referirse en un medio público a temas de investigaciones en curso sobre funcionarios de la DIAN y prefiero no pronunciarme sobre ese aspecto tan puntual.

-En conclusión: ya detectaron la delgada línea que hay entre la minería legal y la ilegal...
Sabemos que en materia de comercio de oro hay una ilegalidad muy grande que está vinculada a las bandas criminales (bacrim). Toca intereses mayores en el país, pero tenemos toda la voluntad, junto con el Ministerio de Comercio, de controlar este tipo de actividades. El presidente de la República tiene la política de Estado de luchar contra esa minería ilegal.

-Pero pareciera que dicha política sólo está concentrada en quemar máquinas y no en atacar las finanzas de quienes comercian ese oro de dudosa procedencia.
No, la política del presidente Santos es atacar todo. Es una batalla integral contra la minería ilegal.