Las distribuidoras Edenor y Edesur no podrán repartir dividendos, según surge de la resolución 7 del Ministerio de Energía que se publicó ayer. Es la misma norma donde se instruye al ente regulador eléctrico para que apruebe nuevos cuadros tarifarios en esas dos empresas que regirán a partir del próximo lunes.

La adecuación de las tarifas se enmarca en los decretos 1957 y 1959 de 2006 cuando Néstor Kirchner era presidente, que aprobaron un régimen tarifario de transición. Esos decretos se basan en actas acuerdo con las dos empresas que fueron sometidas a audiencia pública y luego aprobadas por la comisión bicameral del Parlamento. La resolución actual se ampara en ese marco legal para no llamar a audiencia pública, y en ese contexto también hay que visualizar la prohibición de repartir dividendos.

La norma también establece que la facturación de las dos compañías será mensual a partir del 1 de febrero, medida con la que se busca atenuar el impacto de los aumentos en el público. También elimina el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PUREE) que estuvo vigente desde 2005, pero ordena al ENRE incluir en las tarifas el plan de estímulos que fija la resolución 6, donde se ajustó el precio mayorista de la energía.

Así, el ENRE -cuyo responsable es Ricardo Martínez Leone- debe difundir cinco cuadros tarifarios para: 

•residenciales sin ahorro, pequeñas y medianas demandas, y alumbrado público;

•residenciales con ahorro del 10% al 20% con respecto a igual período del año anterior;

•residenciales con ahorro de más del 20%;

•residenciales con tarifa social y

•grandes industrias.

La resolución también establece los criterios a partir de los cuales se podrá solicitar la tarifa social. Podrán tener el beneficio los jubilados o pensionados por un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional, las personas en relación de dependencia con remuneración bruta igual o menor a dos salarios mínimos, los titulares de programas sociales, los inscriptos en el régimen de Monotributo social, el personal doméstico en blanco, los que perciben seguro de desempleo y los que tengan certificado de discapacidad. Dentro de este universo, quedarán excluidos los que tengan más de un inmueble propio, un automóvil de menos de 15 años de antigüedad o una embarcación de lujo.

Según los considerandos de la norma, los ajustes permitirán "incrementar los ingresos de Edenor y Edesur, a efectos de mejorar la calidad de dicha prestación", por lo cual también se elimina el cargo FOCEDE (fondo para obras) en las facturas, y las transferencias del fisco para gastos corrientes y pago de salarios.

De acuerdo con la resolución, la política de aplicación de subsidios ahora modificada "no favorece la correcta orientación de los comportamientos de las distribuidoras, resultando ello en la ausencia de inversiones suficientes", además de alentar "una deficiente planificación en el ámbito de la distribución de energía eléctrica".

El Gobierno oficializó ayer los criterios que utilizará para la aplicación de la “tarifa social” en las boletas de la luz. Son los hogares que recibirán 150 kilovatios mensuales “gratis”. Según las estimaciones previas, habrá alrededor de 2 millones de usuarios que quedarían exceptuados del aumento de tarifas que sería del 300% en promedio. Actualmente las empresas tienen registrada en esa condición a 1,5 millón de familias. Pero hay otros 500.000 casos que se irían sumando en las próximas semanas, de acuerdo con los nuevos parámetros que ayer publicó el Gobierno.

Para todos los casos, cambiará la facturación, que dejará de ser bimestral para convertirse en mensual. Ya son beneficiarios de esta tarifa “protegida” los titulares de programas sociales, personas con certificados de discapacidad, jubilados con la mínima o desempleados. Los inscriptos en el monotributo social y en el régimen especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico califican para esta ayuda (ver Los parámetros en esta página).

 Ayer el Gobierno introdujo otros grupos que entrarán en la tarifa “social”: los jubilados y pensionados que cobran “un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional”, más las “personas en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos vital y móvil”. En este caso, los hogares con ingresos inferiores a los $ 12.120 podrían pedir tarifa “social”, en la que hoy no están incluidos. De todas formas, ni en el ministerio de Energía ni en la ANSeS pudieron precisar si los ingresos se toman por individuo o por grupo familiar.

También se determinaron los criterios para la exclusión de los “beneficios”. No podrán tener tarifa “social” (aunque ganen menos de $ 12.000), los poseedores de más de un inmueble o un coche comprado después de 2001. Los dueños de embarcaciones también quedarán excluidos.

Desde antes de ayer, cuando se conocieron los primeros aumentos en los costos de la electricidad, en las oficinas comerciales de Edesur y Edenor notaron que varios clientes fueron a pedir el cambio de titularidad en sus servicios.

Son los que tenían la boleta a nombre de algún empleado en relación de dependencia y lo quisieron pasar a un familiar que cobra jubilación o tiene ingresos menores. Para despejar las dudas sobre las tarifas sociales, las compañías están trabajando una serie de modificaciones en las páginas web, que estarán listas para la semana que viene.

En el sitio de Edesur, por ejemplo, habrá una “solapa” llamada “tarifa social”. Quien ingrese allí debe tener su boleta a mano, ya que se le pedirá el número de medidor. Una vez que ingrese ese dato, la página le informará si le corresponde tarifa social o no.

En caso que no esté caratulado como de “tarifa social”, pero el usuario crea reunir los requisitos informados por el Gobierno, deberá llenar un formulario.
Esa declaración de datos irá al Ente Regulador de la Energía (ENRE), que determinará si un hogar que no está identificado hasta ahora como de “tarifa social” puede estarlo. Una vez que el Enre defina, se lo comunicará a Edenor y/o Edesur, según la zona.

La suba en las boletas de electricidad también llegará al interior del país, donde ya existen tarifas sociales. Pero los criterios que utilizarán las provincias los deben determinar sus propios entes reguladores.

Lo decidido por el Ministerio de Energía y el ENRE solo abarca a las empresas que están bajo jurisdicción nacional, que son Edenor y Edesur.

El Gobierno también informó ayer que las empresas no podrán girar dividendos por las mayores tarifas hasta que no cumplen con una serie de obras tendientes a mejorar la distribución eléctrica, que está colapsada.