Desde la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, Pedro Busseti, aseguró que los que menos consumen van a pagar más, ya que el 50% de los hogares consume entre 300 a 100 kw bimestrales.
El presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, Pedro Busseti, afirmó que "de acuerdo a la ley 24.065, antes de que se aplique nuevo cuadro tarifario, debe haber audiencia pública. Eso no se ha cumplido, y nosotros vamos a reclamarlo. No importa que el Gobierno haya argumentado el aumento mayorista, la audiencia debe realizarse igual", manifestó.
Busseti añadió que con el aumento al consumo de energía, anunciado ayer en el Boletín Oficial, los que menos consumen van a pagar más. Y agregó que "van a ser castigados la mayoría de los usuarios, porque más del 50% consume entre 300 a 100 kilovatios bimestrales".
Luego agregó: "En segundo lugar, queremos saber si el ministro -de Energía, Juan José Aranguren-, va a prever sanción económica para las empresas que dejaron a 800 mil usuarios sin luz la semana pasada y en diciembre a 200 mil personas, por cuatro días".
En esta línea, sostuvo que "no es razonable que se plantee un aumento y los servicios prestados sigan siendo deficitarios".
'Venimos pagando desde el 15 de noviembre mayores precios por todo lo que consumimos. En este contexto, aplicar un tarifazo y no un aumento gradual, constituye una grave situación', concluyó Busseti.
Clarín
El Gobierno nacional amplió hoy las medidas para el futuro incremento en la tarifa de la luz y, en el marco del sistema de distribución del servicio, dispuso la eliminación del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE), ordenó a las empresas Edenor y Edesur implementar la facturación mensual del servicio y que haya una tarifa social para sectores de menores recursos.
Además, a través de la Resolución 7/2016 del ministerio de Energía y Minería publicado hoy en el Boletín Oficial, se instruye al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para que efectúe "un ajuste del valor agregado de distribución en los cuadros tarifarios" de esas empresas que brindan el servicio en la Capital y el Gran Buenos Aires.
La medida se suma a lo dispuesto ayer por el Gobierno que determinó los nuevos precios "de verano" en el Mercado Mayorista Eléctrico, que regirán entre febrero y abril, con incrementos de hasta el 345 por ciento.
El artículo 1 de la Resolución establece el inicio del incremento de valores para las empresas distribuidoras de la energía eléctrica, que se verá directamente reflejada en lo que abonarán los usuarios, "a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral (RTI)", lo que deja en claro que habrá nuevos aumentos.
En ese sentido, explica que "se hace necesario introducir ajustes a los valores de los cuadros tarifarios vigentes para la prestación del servicio de distribución, que permitan incrementar los ingresos de EDENOR S.A. y EDESUR S.A. a efectos de mejorar la calidad de dicha prestación".
Además, aclara que "el reajuste a aplicar sobre el cuadro tarifario vigente" de las distribuidoras "no constituye un cuadro tarifario resultante de la aplicación del proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI), ni la implementación de un nuevo cuadro tarifario, sino la adecuación del existente al reajuste semestral pendiente".
La Resolución, que lleva la firma del ministro de Energía, Juan José Aranguren, deja sin efecto en su artículo 6 el PUREE, el programa implementado en 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner, que tenía por objetivo fomentar el ahorro de energía a través de bonificaciones para los usuarios que redujeran el consumo.
En los argumentos de la medida, el Gobierno también hace una dura crítica a la gestión de Cristina Fernández en el área, al afirmar que "implicó la ausencia de un esquema tarifario que brindara señales hacia un consumo eficiente y racional para los distintos segmentos y tipos de usuarios".
Según la norma, el régimen "alteró criterios de justicia distributiva en la asignación de los recursos públicos favoreciendo a los usuarios de las distribuidoras que actúan bajo jurisdicción federal en desmedro de los habitantes del resto del país".
Además, explica que "los niveles de subsidio aplicados al consumo de energía eléctrica han alcanzado valores que ponen en juego su financiamiento", y afirma que tiene "una extensión en cuanto a los beneficiarios que desvirtúa la naturaleza de la medida y colocan en riesgo la sustentabilidad de la industria eléctrica".
"La aplicación de subsidios en la forma descripta no favorece la correcta orientación de los comportamientos de las distribuidoras, resultando ello en la ausencia de inversiones suficientes, unida a una deficiente planificación en el ámbito de la distribución de energía eléctrica, que profundizó los inconvenientes derivados de una falta de renovación de redes e insuficiente expansión de las mismas para acompañar el incremento de la demanda", agrega. Por otro lado, la medida establece que el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que depende de la Presidencia de la Nación, intervenga en la elaboración del sistema de aplicación de la tarifa social.
Estos son los requisitos para mantener (o pedir en caso de no estar incluido), la tarifa social:
• Ser jubilado o pensionado por un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional.
• Personas con empleo en relación de dependencia, que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 Salarios Mínimos Vital y Móvil (SMVM).
• Ser titular de programas sociales.
• Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.
• Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley N° 25.239).
• Estar percibiendo el seguro de desempleo.
• Contar con certificado de discapacidad.
Y estos son los criterios de exclusión del beneficio
• Cruce por padrón de fallecidos.
• Registro de propiedad Inmueble —quedará excluido cuando sea titular de más de uno.•
Padrón de Automotores —quedarán excluidos aquellos cuyos modelos tengan hasta 15 años de antigüedad.
• Embarcaciones de lujo —quedarán excluidos quienes posean aeronaves o embarcaciones de lujo.e.
El Gobierno de Mauricio Macri amplió ayer las medidas para el futuro incremento en la tarifa de la luz y, en el marco del sistema de distribución del servicio, dispuso la eliminación del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (Puree), ordenó a las empresas Edenor y Edesur implementar la facturación mensual del servicio y estableció los criterios generales de la tarifa social para sectores de menores recursos.
A través de la Resolución 7/2016 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Energía y Minería que dirige Juan José Aranguren instruyó al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para que efectúe "un ajuste del valor agregado de distribución en los cuadros tarifarios" de esas empresas que brindan el servicio en la Capital y el Gran Buenos Aires. La medida se suma a lo dispuesto el miércoles por el Gobierno que determinó los nuevos precios de potencia y energía en el Mercado Mayorista Eléctrico, que regirán entre febrero y abril (se revisarán en forma trimestral), y que disparará incrementos desde 300%.
No obstante, las autoridades nacionales decidieron excluir de los aumentos a un gran porcentaje de hogares residenciales. En la norma publicada ayer se establecieron algunas de las condiciones para acceder a la tarifa social (que tendrá un costo cero para los consumos hasta 150 KWh; límite que será subsidiado por el Estado en su totalidad
Todavía resta que el Ministerio de Desarrollo Social establezca el procedimiento, que será informado antes del lunes, día en el que el que Aranguren realizará el anuncio formal de los aumentos. Se estima, que sólo en el área metropolitana donde operan Edenor y Edesur, la tarifa social alcanzaría a un 70% de los hogares, unas 3,7 millones de familias. Los cuadros tarifarios con alzas promedio que oscilarán entre 300% y 500% según los casos, abarcaría un 30% de los titulares de los grupos habitacionales o del servicio de luz, con ingresos superiores al promedio nacional.
Y es que los criterios para acceder a la tarifa social abarca a: los jubilados o pensionados por un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional ($8598 brutos); las personas con empleo en relación de dependencia, que perciben una remuneración bruta menor o igual a $12.120 (dos salarios Mínimos Vital y Móvil); los inscritos en el Régimen de Monotributo Social y aquellos que estén incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico (artículo 21 de la Ley Nº 25.239). También se verán beneficiadas las personas con certificado de discapacidad, aquellos titulares de programas sociales y quienes estén percibiendo el seguro de desempleo.
No obstante, quedarán excluidas del beneficio aquellas personas que tengan registrados más de un inmueble, posean una aeronave o embarcación y tengan un vehículo con menos de 15 años de antigüedad.
Por otra parte, el artículo 1º de la resolución establece el inicio del incremento de valores para las empresas distribuidoras de la energía eléctrica, que se verá directamente reflejada en lo que abonarán los usuarios, "a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral (RTI)", lo que deja en claro que habrá nuevos aumentos. En ese sentido, la norma explica que "se hace necesario introducir ajustes a los valores de los cuadros tarifarios vigentes para la prestación del servicio de distribución, que permitan incrementar los ingresos de Edenor y Edesur, a efectos de mejorar la calidad de dicha prestación".
La Resolución, deja además sin efecto en su artículo 6 el Puree, el programa implementado en 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner, que tenía por objetivo fomentar el ahorro de energía a través de bonificaciones para los usuarios que redujeran el consumo. En los argumentos de la medida, el Gobierno también hace una dura crítica a la gestión de Cristina Fernández en el área, al afirmar que "implicó la ausencia de un esquema tarifario que brindara señales hacia un consumo eficiente y racional para los distintos segmentos y tipos de usuarios".
Según la norma, el régimen "alteró criterios de justicia distributiva en la asignación de los recursos públicos favoreciendo a los usuarios de las distribuidoras que actúan bajo jurisdicción federal en desmedro de los habitantes del resto del país".
