El Procedimiento Preventivo de Crisis presentado por las empresas de servicios petroleras a causa de la crisis generada por la caída del precio del barril de crudo les permitiría suspender a 10 mil trabajadores del sector. El Inversor Online tuvo acceso al documento presentado por la Cámara de empresas de operaciones petroleras especiales (Ceope) el 21 de enero al Ministerio de Trabajo con copia al de Energía y Minería. El gobierno negocia con los gobernadores y gremios un mecanismo o subsidio para hacer frente a la baja del barril del petróleo en torno a los 30 dólares.
"En la Argentina esta crisis podría generar la afectación de aproximadamente 10 mil puestos de trabajo en las dotaciones actuales de las operadoras y compañías de servicios", advierte el apoderado de la Ceope, Julián De Diego, en el texto. La cifra representa alrededor de un 20% del universo de operarios encuadrados en la actividad. La aplicación del procedimiento preventivo afectaría especialmente a Neuquén donde las empresas de servicios tienen contratado a la mayoría del personal empleado en la industria.
Fuentes cercanas a la Ceope aclararon que el PPC iniciado contempla la suspensión de alrededor de 5 mil operarios de empresas de servicios, entre las que figuran Schlumberger, Halliburton, Weatherford, San Antonio, Bolland, Baker Hughes y DLS, entre otras. El resto de las suspensiones correría por cuenta de las operadoras, que en Neuquén son lideradas por YPF, Petrobras, Total y Pluspetrol, entre otras.
Las empresas de servicios denunciaron que, aunque el Gobierno renovó un acuerdo con las productores para mantener un precio sostén para el petróleo en el mercado interno, el desarrollo de varios campos hidrocarburíferos no es rentable por los altos costos laborales.
Si el Ministerio de Trabajo acepta el PPC, las empresas procederán a suspender a los operarios afectados lo que implica pagar sólo el salario básico a los trabajadores, que permanecerán en sus casas sin realizar actividad alguna. Se calcula que los trabajadores afectados pasarán a cobrar, un promedio, un 60% de la remuneración total que venían percibiendo. Las empresas, por su parte, dejarán de pagar cargas sociales –jubilación y obra social, entre otras-, que representan cerca de un 40% del costo laboral total. Tampoco pagarán cargos salariales extras.
Las empresas proveedoras de servicios del sector petrolero solicitaron al gobierno nacional aplicar un procedimiento preventivo de crisis para suspender a 5 mil trabajadores petroleros de Neuquén, aunque estimaron que la crisis podría afectar a un total de 10 mil trabajadores del sector. Si bien todavía no fue confirmado por el Gobierno, la situación parece encaminarse hacia la suspensión masiva de trabajadores. A la salida de una reunión con funcionarios nacionales y de YPF, Guillermo Pereyra, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado y senador nacional, dijo que “habrá una readecuación de tareas pero sin despidos”, aunque no dio más detalles. El conflicto laboral se extiende a toda la cadena de producción de hidrocarburos y también en las otras provincias petroleras, como Chubut, en donde la situación es todavía más delicada. “Ojalá nosotros tuviéramos el barril como ellos”, consideró el dirigente petrolero chubutense Jorge Avila, en relación a la situación de Neuquén.
Ayer se supo que la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (Ceope) solicitó al Gobierno que de luz verde a la suspensión de 5000 trabajadores petroleros de Neuquén para paliar la situación del sector. La entidad reclamó la ayuda del Estado a raíz de la abrupta caída del precio del barril de crudo a nivel global. “Esta crisis podría generar la afectación de aproximadamente 10 mil puestos de trabajo en las dotaciones actuales de las operadoras y compañías de servicios”, advirtió el apoderado de la Ceope, Julián De Diego. El problema de fondo, que afecta al sector a nivel global, es que el barril de petróleo está en 33 dólares, cuando a mediados de 2014 rondaba los 110 dólares. Las operaciones de exportación reciben el precio internacional, mientras que aquellas que se dirigen al mercado local tienen un precio sostén de 54,9 dólares. El deterioro de los precios afecta a las empresas y a las provincias, que dependen en buena medida de las regalías hidrocarburíferas. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, propuso que los trabajadores cobren menos horas extra, las provincias acepten la baja de regalías, el Gobierno otorgue un subsidio y que las empresas resignen rentabilidad.
El procedimiento preventivo de crisis es una herramienta contemplada en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Supone un subsidio para que la empresa pueda suspender a trabajadores. Los empleados suspendidos, a su vez, cobran una parte del salario sin extras, al tiempo que las compañías dejan de abonar ciertos impuestos como las cargas por jubilación y obra social. “Las empresas alivian su costo laboral, manteniendo personas calificadas y experimentadas en condiciones de reanudar la actividad y las autoridades activan una herramienta que minimiza el impacto social y contribuye a la sustentabilidad de las empresas”, justificaron los directivos de la Ceope, quienes aclararon que luego replicarán el pedido para las operaciones en Chubut y Santa Cruz.
El pedido involucra a las firmas Schlumberger, Oilfield Services, Halliburton, Huinoil, Weatherford, San Antonio, Bolland, Baker Hughes, DLS y Smith International, aunque también tendría impacto en YPF, Petrobras, Total y Pluspetrol.
El secretario general del gremio petrolero, Guillermo Pereyra, busca descomprimir el clima de preocupación que impera en el sector de los trabajadores del sector. Desde Buenos Aires, y luego de reunirse con el CEO de YPF, Miguel Galuccio, y el gobernador Omar Gutiérrez, señaló, a través de un comunicado, que la empresa nacionalizada no despedirá operarios ni hará quitas salariales.
Según el texto, "se efectuará una readecuación de tareas y se promoverá la jubilación de quienes tengan edad y los aportes para hacerlo".
El pronunciamiento llega en medio de un contexto de cierta preocupación en la cuenca neuquina, donde día a día se mide la posición que toman las empresas en el contexto de la drástica caída experimentada en el precio del petróleo.
En medio de este escenario, no obstante, ayer hubo una buena noticia para la Provincia, ya que el gobernador y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, avanzaron en el plan para incrementar el valor del precio del gas que se extrae en Vaca Muerta
Esto es un factor clave para mantener los niveles de inversión y con ello el ritmo de buena parte de la actividad económica provincial.
Pese al petróleo más bajo, a las empresas les cerraría una ecuación económica con un gas a un valor promedio de 5,80 dólares por millón de BTU.
Según el comunicado del sindicalista y senador del MPN, en "las largas reuniones llevadas a cabo estos dos últimos días (ayer y anteayer)" también participó el secretario general del otro gremio petrolero neuquino, el de Jerárquicos, Manuel Arévalo.
YPF es el puntal de lanza de la explotación de no convencionales en Vaca Muerta. El yacimiento de Loma Campana, en sociedad con la estadounidense Chevron, es el segundo polo productivo de petróleo en el país, y se trata del principal desarrollo shale del mundo fuera de Estados Unidos.
