Una visión crítica al proyecto de ley de transmisión, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y hoy ingresaría al Senado, tiene el abogado, académico y ex integrante del Panel de Expertos, Alejandro Vergara, por lo que estima pérdida de independencia de los actuales CDEC (que coordinan los dos principales sistemas eléctricos y que se fusionarán), la reducción de atribuciones del Panel -órgano que dirime diferencias- y la falta de control que tendrá la Contraloría en algunos actos administrativos.
Por esto, Vergara asegura que el proyecto tiene vicios de “inconstitucionalidad”.
-¿Cómo ve los cambios a la planificación de la transmisión?
Es probable que el proyecto tenga aspectos positivos, que tienen por objetivo incentivar la inversión en la transmisión, pero se altera el concepto detrás de la actual ley, en cuanto a la definición de los trazados, que ahora van a ser determinados centralizadamente por un órgano administrativo. Acá había incentivos para decidir los trazados que eran económicos. La incorporación de criterios políticos puede alterar en gran medida ese esquema.
-También hay cambios importantes a la institucionalidad en los CDEC, ¿cómo ve la nueva estructura?
Puede parecer razonable que a partir de la interconexión, exista un solo coordinador. Lo que no es razonable es que el coordinador (CISEN) pierda toda independencia y autonomía. El CISEN no tiene ninguna independencia respecto de los órganos del Estado. El gobierno puede dictar su reglamento, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) pasa a tener un poder sancionatorio y casi directivo, dando órdenes y sancionando a sus directores con pérdidas de porcentajes de su remuneración. Esto es un retroceso institucional.
-¿Esto puede teñirse de algún cariz político?
Evidentemente las regulaciones intentan que los órganos técnicos adopten decisiones alejadas del gobierno, que tiene otras funciones políticas que son legítimas en otros ámbitos, pero que no tienen ninguna legitimidad en cuestiones técnicas, y eso es un gran riesgo.
-Las modificaciones también afectan al Panel de Expertos...
En Panel está cumpliendo un rol de razonabilidad técnica en cuanto a las decisiones que toman las empresas o los CDEC, y también de la CNE. Eso puede terminarse con este proyecto de ley, ya que se establece la facultad del ministro de declarar inaplicable indefinidamente los dictámenes del Panel de Expertos. Acá hay un problema de constitucionalidad, porque se priva de cosa juzgada. También desclasifica las potestades del panel del rango legal y se lo entrega al reglamento, lo que tampoco es constitucional. El Panel no va a ser independiente si el presidente de la República va a dictar sus atribuciones.
-¿El proyecto tiene vicios de inconstitucionalidad?
Sí, porque las atribuciones de un tribunal tienen que ser aprobadas por ley, donde tiene que ser oída la Corte Suprema. Todas las modificaciones al Panel de Expertos tienen que pasar por ella.
-¿Que otros problemas hay?
Se incorpora una cláusula donde se considera a la Comisión Nacional de Energía (CNE) o la SEC como interesados ante el panel, y no partes, para esquivar las decisiones, para que no las puedan afectar. Se busca lograr inmunidad jurisdiccional para la SEC y la CNE. Acá se le están estableciendo una serie de mecanismos con los cuales se le quita atribuciones a la Contraloría, y aquí también hay un problema de constitucionalidad (…) El proyecto actual transforma la CNE en una entidad omnipotente.
