La salida del kirchnerismo del poder, trajo la caída en desgracia de las empresas que se sustentaban, exclusivamente, de fondos que proveía Nación a través de la obra pública eterna e inconclusa, que dejó en Santa Cruz por espacio de una década. Hoy, los resultados de la mala ejecución, falta de administración y dilapidación de fondos, aparece corporizado en conflicto de difícil resolución con miles de obreros en las calles y rutas. Faltan fondos, sobra gente y las obras están paradas, porque, sobre ellas, ya no decide el FPV que nunca hizo previsión. Un complejo panorama que nadie vio, porque tampoco nadie pensó en el fin de una época política.
Lo que pasa hoy en Santa Cruz es porque el FPV no consideró como probable perder a nivel nacional y no tomó ningún tipo de previsión respecto del sistema de circulación de fondos que tenía establecido en la provincia. De esta manera apodemos resumir los problemas que, desde el punto de vista social, asolan hoy a Santa Cruz, donde miles de trabajadores de la construcción se encuentran en las calles y en las rutas pidiendo por trabajo y que les paguen salarios, aguinaldos y quincenas.
Hoy lunes 25 de enero, contabilizamos un corte en el acceso a bpor parte de obreros de la UOCRA desocupados, quienes se manifestaron por las calles céntricas y ahora están apostados sobre la ruta Nº 11 con liberación del tránsito, de quince minutos y piden trabajo (que no hay) e incorporación al sistema de obradores de las Represas, cuyos trabajadores también están en la calle por falta de pago. Electroingeniería, la empresa que forma UTE con las chinas para la construcción de los obradores y trabajos civiles en Cóndor Cliff-La Barrancosa, tiene deudas con proveedores y personal.
En Caleta Olivia unos 400 ex trabajadores de Austral Construcciones SA, interrumpieron las rutas nacional Nº 3 y la provincial 12, interceptando vehículos que van y vienen de las empresas petroleras, generando la intervención de las fuerzas policiales que estuvieron a un paso de enfrentarse con los manifestantes mediante una orden judicial de desalojo, impartida por la jueza local. El conflicto permanece y la tensión aumenta. Piden que Austral les pague las quincenas adeudadas, los salarios caídos, aguinaldo e indemnización correspondientes. Desde Austral hay silencio absoluto.
Un millar de trabajadores de la construcción de Río Turbio, bloquean el acceso a la usina termoeléctrica que construye la empresa Isolux Corsán y se instalan sobre la ruta 40 y complementaria Nº 20, impidiendo el tránsito fluido entre las localidades de 28 de Noviembre y Turbio, exigiendo que la empresa española se haga responsable por la falta de pago de las subcontratistas, las cuales no han pagado aguinaldo, sueldos, quincenas y vacaciones, aludiendo que Isolux no les cumple, quien por su parte se queja de que Nación no le manda fondos. En virtud de ello Omar Zeidán, puesto al frente de YCRT por el gobierno nacional y el referente de Unión Para Vivir Mejor, Eduardo Costa, hacen tratativas en Buenos Aires, para destrabar los pagos y levantar los piquetes. NO se conoce cuáles pueden ser las “tratativas”, siendo que hay una sola forma de desmantelar la protesta: con plata.
Nada es casual
A todo esto debemos sumarle cientos de personas que están en Río Gallegos, Pico Truncado y Tres Lagos que pertenecían a Austral Construcciones, cuya gerencia pagó una parte de lo adeudado, pero solo a un grupo de los casi 1800 trabajadores que aún esperan las liquidaciones por el tiempo trabajado.
A este estado de cosas se ha llegado, no por casualidad ni culpa del gobierno nacional que se hizo cargo el 10 de diciembre, sino por propia desidia y falta de gestión y previsión del gobierno kirchnerista, para quien no estaba en sus papeles, perder el poder en los próximos 4 años y actuaban convencidos de que Daniel Scioli le daría continuidad a sus desmadres financieros y podrían seguir dilapidando fondos, enriqueciendo sus arcas, usando dinero público para las campaña, enriqueciendo sus bolsillo y de paso, sosteniendo como mascarón de proa, la “pujante” obra pública en Santa Cruz, algo absolutamente insustentable y falto de respaldo, que como las “empresas” que las ejecutan, se cayeron al primer minuto de que el gobierno dejó de serlo y el kirchnerismo perdió la billetera.
Austral Construcciones se desmoronó sobre sus mismos cimientos porque el único sostén que tenía, eran las licitaciones truchas y el direccionamiento de fondos, sobreprecios y ampliaciones permanentes que les daba el gobierno; las empresas que iniciaron la obra civil de las represas, absorbieron fondos y empezaron a hacer la bicicleta, quedándose sin los recursos necesarios, con los términos sin cumplir, facturas sin pagar y sueldos retrasados y a las empresas satélites de Isolux Corsán, muchas (o todas) armadas o relacionadas con gente del poder o testaferros, que absorbían los fondos públicos que en un tiempo llegaban en abundancia desde el Ministerio de Planificación, un día se les cerró la canilla, comenzaron a retrasar sus pagos, dejaron de cumplir con el personal y éste se agolpó en la puerta de la empresa española, para pedirle que rinda cuenta por algo que tiene su génesis en la corrupción política y administrativa que cruza a todo el espectro empresarial de Santa Cruz.
Hoy los problemas están en las calles y se cuentan de a miles. Tratando de desviar el foco de responsabilidades, el gobierno provincial y algunos personeros del FPV salen a vincular estos conflictos con una suerte de “castigo” de Macri a Santa Cruz. En realidad, ellos sabían que esto era previsible, pero nunca lo asumieron. El único responsable, es el FPV y sus empresarios fantasmas, como Lázaro Báez, Isolux Corsán, Electroingeniería, Cristóbal López y demás socios. Sacar el eje de la discusión y ponerlo en el nuevo gobierno, es solo una excusa para deshacerse de la culpa que les cabe por no haber pensado en las consecuencias o advertir la eventualidad de lo que podría pasar.
La mayoría de las empresas involucradas han manejado los dineros públicos a su real antojo. Especialmente en el caso de Austral Construcciones SA, el mismo gobierno de CFK llegó a negarle el envío de fondos, porque todo lo que depositó Planificación, con destino a la obra pública de la provincia, Báez lo utilizó o lo “invirtió” y de hechos no terminó las obras ni tampoco le quedó “resto” para indemnizar al personal.
Como si esto fuera poco Lázaro Báez tampoco cumplió con el aporte al Fondo de Desempleo y aportes patronales de los 1700 trabajadores, quienes podrían iniciarle acciones legales por incumplimiento de las leyes laborales y defraudación.
Lamentablemente, en Santa Cruz no hay ni un solo Fiscal o juez que se movilice de oficio, a pesar de las innumerables pruebas y denuncias que existen respecto de los reiterados incumplimientos. Pero debemos decir, para hacer honor a la verdad, tampoco vemos que el nuevo gobierno nacional, esté abocado, a través de sus organismos de control y fiscalización en la provincia (DGI, AFIP, ANSES etc) en actuar de oficio para castigar a los culpables de este gran dislate.
Lo mejor, lo más rápido, es apalear a los manifestantes en las rutas y abrirles causas a quienes reclaman.Los que no pagan, defraudan y roban, siguen siendo privilegiados, ya sea en el gobierno K, como en el actual gobierno M.
