Rubén Boggi

En estos días se resolverá un tema importante –tal vez el más importante- para la política y la economía neuquina. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, ultiman los detalles para el “sendero de precios” que se aplicará a la producción de gas en el país.

La negociación para llegar a un punto de consenso mínimo ha avanzado con las provincias –especialmente con la que administra Omar Gutiérrez- y con los sindicatos –en especial con el que conduce el senador del MPN, Guillermo Pereyra- y la resolución será mejorar los precios actuales, simplificar su estructura ahora excesivamente diversa y coyuntural, adecuar un esquema tarifario a la realidad, con subsidios explícitos y acotados a quienes lo necesitan en la ciudadanía más careciente, y propender con ello a un incremento significativo en la producción, que produzca en un par de años el “milagro argentino” de volver a proveer por completo al mercado nacional, sin necesidad de importaciones.

La cotización del petróleo, en una meseta con tendencia a la baja.

La opción de la coyuntura para Neuquén es el gas, no cabe duda. El petróleo sigue empantanado en los bajos precios. Si bien a fin de semana hubo un repunte de 7,87 por ciento en la cotización del WTI, que pasó de 28,96 dólares el barril a los 32,21 dólares, se da por seguro que el crudo se mantendrá en ese bajo nivel durante este 2016. Muy lejos del mínimo de 60 dólares que se necesita en Argentina para hacer rentable una explotación no convencional intensiva como la que promete la formación Vaca Muerta.

El “nuevo” precio del gas, que se espera fluctúe en un promedio de cinco dólares el millón de BTU, es la esperanza neuquina de la coyuntura. La expectativa es mantener los equipos petroleros trabajando, porque de otra manera los despidos se precipitarán como en un dominó trágico para la estabilidad social, siempre precaria, que ostenta este territorio siempre atado a las coyunturas energéticas.

Este lunes, Guillermo Pereyra reunirá a sus representados para consolidar su estrategia de administración de la crisis, que aprovecha el extremo conflictivo representado por Chubut (donde hay más de 5.000 despidos en danza) para buscar llevar tranquilidad en la provisión de gas al país (amenazada en la retórica por el dirigente chubutense Jorge Ávila), siempre a cambio de que en Neuquén no haya despidos, o en todo caso sean los menos posibles, y se garanticen puestos de trabajo e incrementos salariales escalonados, con el atractivo de la reducción en la aplicación del Impuesto a las Ganancias, y otras medidas de atenuación de la presión impositiva (rebaja del IVA a los alimentos) que trabaja el Gabinete de Mauricio Macri.

El sindicato petrolero, con su estrategia y sus decisiones, será de esta manera, en esta singular coyuntura, una especie de caso testigo para la gran masa de empleados públicos representados por los sindicatos estatales ATE, UPCN, ATEN, Viales, Legislativos y Judiciales. No porque Pereyra se haya ocupado de entablar una relación de coordinación o acercamiento hacia los dirigentes volcados a la CTA en su mayoría, sino porque objetivamente el gobierno de Omar Gutiérrez necesita tener más claro el panorama petrolero antes de asumir a pleno la negociación paritaria con los empleados del Estado cuyo Tesoro administra.

Al mismo tiempo, Gutiérrez necesita sumar espesor al colchón que amortiguará el efecto regalías con tendencia a la baja, con la diferencia que le confiere la vigencia de la devaluación del peso. Los ingresos dolarizados de Neuquén, pese a que no han aumentado, implican de por sí una diferencia con los egresos en pesos (salarios) a favor del Estado. Por eso se ha reflotado la vigencia del congelamiento de la planta laboral y la restricción en alquileres y otras contrataciones de la burocracia estatal.

Es un clásico en el esquema MPN de tiempos de vacas flacas (o muertas sin reanimación), que si es necesario puede llegar a otros objetivos de ajuste del gasto más osados (también aplicados en la historia de este gobierno-partido), como son los sistemas de jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios, y otros artilugios que suelen utilizarse esporádicamente, en la dialéctica alternancia-continuismo que ha signado la historia institucional de la Provincia.

El Estado, está muy claro, no permitirá derroches populistas-electoralistas que sí permitió en la última gestión, la del ahora funcionario con cartera delineada a su medida, Jorge Sapag. La coyuntura política se vuelca a otros debates, que ponen como condición la participación plural y la necesidad de un consenso casi imposible. La reforma política, el debate por la coparticipación, son estrategias que utilizan temas realmente importantes para la salud democrática, con una doble finalidad: por un lado, la legitimidad del caso, que no puede negarse; por el otro, la distracción mediática que inexorablemente ocasionan, mientras el gobierno se concentra en las asperezas de la caja, el gran factor (casi el único) que garantiza gobernabilidades y concreciones.

Así se ve, por ejemplo, la intención de no demorar ajustes necesarios. Por ejemplo, la tarifa del EPEN, es decir, la que aplica el costo de la electricidad en la provincia, subirá 21 por ciento en el período enero-junio. Si el precio de la electricidad a nivel nacional se reajusta, trepará todavía más, pues no hay convenios de subsidios nacionales a la vista en este tema, y Neuquén no está dispuesta a subvencionar más de lo que ya lo hace. Mucho menos a un Ente que juega a ser empresa pública (es el que está más cerca de realmente serlo), que tiene un convenio colectivo generoso pactado con los gremios estatales, con el que estos sindicatos participan muy concretamente de una codirección político-empresaria con la que siempre han soñado, y que pretenden extender a otras áreas del Estado.