Un informe sin consenso en todos los puntos es el que entregará la comisión que estudia cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Así lo comentan varios integrantes de la mesa, siendo el mayor motivo de diferencias cómo abordar la ampliación de los procesos de participación ciudadana y consulta indígena a la mayoría de las iniciativas.
Los primeros quiebres se vieron a mediados de diciembre, dice un comisionado, cuando dos representantes del mundo ambientalista -Flavia Liberona, de Terram; y Macarena Soler, Consejo de Defensa de la Patagonia- abandonaron la instancia acusando excesiva representación de los sectores productivos.
A través de una carta enviada a la presidenta Michelle Bachelet, criticaban “la tremenda desigualdad de actores, pues de los 29 integrantes, solo tres pertenecen a organizaciones de la sociedad civil, uno representa la sensibilidad del mundo indígena, seis corresponden a representantes de las instituciones públicas que conforman el Comité de Ministros”. El resto, cerca de 70 %, “están de una forma u otra ligados a los intereses del sector productivo tradicional, entre gremios empresariales y consultoras”.
Tras la salida de Liberona y Soler, solo se mantiene como representante de organizaciones ambientalistas, el director de WWF, Ricardo Bosshard.
Pese a estas salidas, la comisión siguió trabajando, señalan integrantes, arduamente, instaurando reuniones extraordinarias los lunes para cumplir con los plazos impuestos y entregar un informe con recomendaciones a la presidenta durante este mes.
De hecho, hoy se reúnen de forma extraordinaria para intentar alcanzar consenso sobre dos temas: la inclusión de procesos de consulta en todas las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y el rol que jugará la consulta indígena dentro de la evaluación de proyectos en el SEIA.
Respecto a este último punto, el gobierno había propuesto -antes de formar esta comisión- sacar este proceso del SEIA y traspasarlo al Ministerio de Desarrollo Social, algo que no se había concretado.
Según el acta de una reunión de diciembre, Paulina Riquelme, abogada del estudio Eelaw y asesora de gremios como la Sonami, planteó que si bien es positivo aumentar la participación ciudadana, hacerlo a todas las DIA, como es una de las ideas, no era recomendable “porque no existe certeza que esta propuesta pueda implementarse de forma adecuada, ya que no se ha asegurado que el SEA cuente con los recursos humanos y económicos adicionales necesarios para hacerse cargo del mayor volumen de trabajo que implicará abrir la PAC a todas las DIA”.
Agregó que de implementarse esta propuesta en un escenario incierto de recursos, solo colapsará el SEIA, “no contribuyendo a perfeccionar su funcionamiento, que es el mandato principal de esta comisión”.
Pero no todo es disenso. Según comentan comisionados, existe consenso en crear una evaluación “en dos partes” para proyectos complejos, institucionalizando la evaluación previa a entrar al sistema.
Para conseguirlo, se instalaría una pre evaluación reglada que revise, entre otros aspectos, el emplazamiento propuesto para el proyecto, su contexto territorial, adaptación de la iniciativa a las necesidades o intereses locales o principales impactos asociados.
Esta etapa contemplará la identificación de aspectos ambientales relevantes a ser evaluados y excluir aquellos que no son significativos, así como establecer la profundidad de estudios ambientales y sociales que serán necesarios. Tras eso, los organismos estatales podrían entregar -aunque está en análisis- una pre aprobación que habilite al titular a presentar un Estudio de Impacto Ambiental, iniciado el proceso común.
Desde medioambiente esperan entregar el informe final durante este mes.
