Gonzalo Sánchez
Las doce del mediodía en un bar de Congreso y el flamante diputado de Cambiemos no esquiva la pregunta: “Macri no quiere hacer las represas”, dice. Se refiere a las dos hidroeléctricas sobre el Río Santa Cruz que el kirchnerismo promovió y adjudicó mientras estuvo en el poder y que ahora el macrismo estudia detener, según este parlamentario, según demasiados indicios y según las palabras del propio presidente a la viuda de Douglas Tompkins. “Vamos a intentar pararlas”, fue la frase textual del mandatario, que reprodujo Clarín el 27 de diciembre pasado.
Acto seguido, Cristina Kirchner salió a defender el proyecto por twitter y terminó enviando videos desde la distancia para pedir a los sindicalistas que protejan los puestos de trabajo. Paradojas de la política: lo que significa progreso para unos puede leerse como retroceso para otros. Pero el tema es, en todo caso, una encrucijada.
Tanto que la misma Alicia Kirchner, con la provincia en llamas por los 1800 despidos de Lázaro Báez, vino a Buenos Aires la semana pasada para implorarle al ministro de Interior, Rogelio Frigerio, que no detuvieran la obra convertida ahora en el único salvavidas posible para absorber –cree la gobernadora– a los desocupados de Austral Construcciones y Kank y Costilla.
La reunión fue hace una semana y la gobernadora no se fue con la respuesta que quería, sino con algo más preocupante: la certeza de que la suerte del megaproyecto quedará sujeta a la revisión de los estudios de impacto ambiental realizados por una consultora privada y severamente cuestionados por todo el arco ecologista del país. Hoy, la obra, presupuestada en 4770 millones de dólares y adjudicada a Electroingeniería, vinculada al kirchnerismo, y a dos empresas chinas, y sobre la que nunca se supo cómo trasladará la energía hacia el resto del país, está detenida. Se instalaron obradores y se abrieron caminos, pero el gobierno de Macri puso bajo la lupa la cuestión ambiental.
La consultora contratada en su momento por las empresas para hacer el estudio de impacto es Sherman y Asociados, la misma que participó en la elaboración de los planes de saneamiento de la cuenca del río Luján –que produjo enormes inundaciones en 2015–, y que hizo el estudio de impacto de la central termoeléctrica de carbón de Río Turbio, otro proyecto energético del kirchnerismo que quemó dinero en cantidades, pero no produjo ningún tipo de energía ni beneficio para la población. Un elefante blanco patagónico, denunciado como contaminante, que nunca más funcionó desde que lo desconectaron por falta de carbón el 30 de noviembre pasado.
La audiencia. El 9 de diciembre de 2015 en Comandante Piedrabuena se hizo la audiencia pública en la que el estudio ambiental se expuso a la sociedad civil. Cualquier objeción podría haber dado lugar a rediscutir la obra. Pero el acto estuvo “contenido” por una cantidad importante de militancia a favor de las represas. “Mucho folclore sindical –dice Germán Montero, de la ONG Ambiente Sur–, mucha gente de UOCRA. Era muy difícil cuestionar algo”.
Fue un acto lineal en el que casi todos estuvieron de acuerdo con la bonanza del emprendimiento. Si se insinuó alguna crítica, los bombos hicieron su trabajo sobre las palabras. Allí estaba la voz aislada de Hernán Casañas, el titular de Aves Argentina, la ONG más antigua del país. “Los encargados de las obras emanaban una expresión de hecho consumado. Las represas se hacen, digan lo que digan aquí. El 80 % de los oradores fueron personas ligadas a la obra”.
Argumentos ecológicos. Un análisis de lo que podría pasar cuando se dinamite, según los planos, un área similar a la ciudad de Buenos Aires, está siendo elaborado por el ministerio de Medio Ambiente, a cargo de Sergio Bergman. No es el rabino quien lo gestiona, sino un grupo de idóneos con Diego Moreno a la cabeza. Moreno fue hasta diciembre, cuando lo nombraron Secretario de Política Ambiental, presidente de la Fundación Vida Silvestre. El informe que elabore llegará a manos de Macri.
Un dato no menor: la ONG que condujo hasta que se sumó al Gobierno manifestó su oposición a las represas, igual que Greenpeace y tantas otras.
Pedro Fiedrich, titular de Banco de Bosques, es otro jugador clave. En noviembre, su ONG presentó, a través del estudio Sabsay, una cautelar ante la Corte Suprema para frenar por completo la obra. Cree que en febrero, el Tribunal le dará curso. En diálogo con Clarín dice: “Los constructores dijeron que para no afectar al glaciar Moreno elevarán la cota de las represas 2 metros. Ya ese anuncio obliga a revisar todo”.
Sigue Fiedrich:“El río Santa Cruz es glaciario y arrastra sedimentos que tienen el alimento del fitoplancton que es la base de toda la cadena alimentaria marítima hasta las ballenas. Con dos muros en su cauce, el agua llegará sin sedimento y esto, sin exagerar, pondrá en riesgo a la industria pesquera”. Pero hay más: “Las represas de Hidroaysén, en Chile, cayeron cuando se supo que al destruir agua con microorganismos se libera dióxido de carbono a la atmósfera, generando efecto invernadero. Una obra así aumentará las emisiones de carbono”, analiza Fiedrich y se pregunta: “¿Cuánto se pierde si se daña las industrias pesquera y turística?”.
Si el frente ambiental se ve como un fusible, el frente laboral y empresario se avizora tormentoso. Electroingeniería confirmó a Clarín que las represas hoy están frenadas y que el Gobierno no para de pedirles información. En China también hay preocupación, según manifestó a Clarín un corresponsal asiático en Buenos Aires.
Pero el hilo más delgado se corta por los puestos de trabajo. En la contratación de empleados, 571 pertenecen a lab y la luz roja está encendida: temen por los puestos de trabajo en una Santa Cruz convulsionada y donde la obra pública -que supo ser el vehículo por el cual el kirchnerismo giró $14.000 millones en 12 años a la provincia- ahora se detuvo por completo.
Los despidos y la paralización del proyecto de las represas es la variable que preocupa a Alicia Kirchner. Si estas obras no existieran, el paisaje de Santa Cruz sería muy parecido a la desolación.
Todavía más que ahora.
La Nación
Francisco Jueguen
La oficina porteña de Electroingeniería luce pequeña, sobre todo si se considera que la empresa cordobesa es la que impulsa, junto a un consorcio vinculado a capitales chinos, el proyecto de infraestructura más importante del país: las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz.
Es probablemente un tema de tiempos: la firma de Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta no logró adaptarse aún a la expansión acelerada que registró en la llamada "década ganada". Si en 2003 facturó US$ 40 millones, en 2012 la cifra llegó a US$ 400 millones
En la sala de reuniones sólo sobresalen dos pequeñas banderas: una argentina y una china. Para muchos, Electroingeniería fue la puerta de entrada de los capitales orientales al país en los últimos años. Otro "chino", según dicen, aportó: Carlos Zannini fue compañero de cárcel de Ferreyra en los años de militancia. "Se conocieron pero no son amigos", aclaró Acosta en una entrevista con LA NACION.
"Las represas no están paradas", agregó, convencido de que el proyecto se seguirá. Acosta se toma de un dato: días atrás, Electroingeniería logró la adjudicación millonaria -en otro proyecto con capitales chinos- de dos tramos de un gasoducto clave en Córdoba. "Es la provincia más macrista", analizó. No obstante, los trabajos troncales de las represas en Santa Cruz no arrancaron y los certificados de obra están paralizados. Tras varios años al calor del poder, otros problemas tocan a la puerta fronteras afuera.
"Ni en este caso ni en ningún otro", respondió Acosta cuando se le preguntó si se pagó la coima que, según dos arrepentidos del caso del petrolão en Brasil, habilitó la operación por la que Petrobras redireccionó su venta de Transener del fondo de inversión Eton Park Capital Managment a la firma cordobesa. En esa investigación surgió el nombre de Julio De Vido.
-La Secretaría de Energía del gobierno anterior estimó que las represas, por criterios técnicos, ambientales y de costo-beneficio, aparecen entre los últimos lugares de un inventario de 30 proyectos similares. ¿Deben hacerse?
-Esto surge de un informe de 2006 del que toman datos históricos. Entre los que superan los 400 megavatios sólo hay cuatro o cinco proyectos, y están estas dos represas. Son virtuosas. No son vergonzosas. Son lo más importante después de Yacyretá. Es un proyecto de inversión que se paga en 10 años, cuando lo normal es 20 o 30 años. Y tiene 100% de financiamiento. Hubo una licitación pública internacional con 23 empresas y con transparencia absoluta. Y el precio es el más bajo de la región por megavatio instalado.
-Pero se indicó que van a trabajar al 26% todo el año y que, además, produciría una capacidad de generación 20 veces superior a la demanda de la zona.
-Eso surge de estudios de los años 70 en los que se hablaba de una potencia de 2100 megas. Acá estamos hablando de 1700 megas, una potencia menor. Así, aumenta el rendimiento a más del 34%, superior a El Chocón y Piedra del Águila, que son emprendimientos de río de montaña. Esto se hace en la Patagonia y ahora hay un sistema interconectado. Será generación no sólo para Santa Cruz, sino para Comodoro Rivadavia y Río Negro, donde por ejemplo está Aluar.
-El gobierno actual dijo que se revisarán los acuerdos firmados con China, ¿cree que finalmente se van a construir las represas?
-Las represas comenzaron en febrero y marzo de 2015 y continúan. No están paradas. Hay 1400 personas trabajando. No se están haciendo las obras principales, sí los campamentos. Están dentro de un marco de alianza entre la Argentina y China. Estas obras generan una balanza positiva de ingresos y salida de divisas para el país de 2350 millones. Macri dijo en Davos que habrá continuidad con Beijing. La UTE se reunió con Energía e Interior. Los certificados se paralizaron desde octubre pero están en el camino burocrático de aprobación. No se va a parar.
-¿Cómo se explica el crecimiento exponencial de la empresa?
-Electroingeniería nació con muy poco y siempre creció de manera exponencial hasta los 90. En 2000 facturábamos US$ 70 millones y con la crisis bajamos a US$ 40 millones.
-De 70 a 400 millones de dólares hay una diferencia grande.
-¿Y de US$ 1 millón a US$ 70 millones? Es el crecimiento natural.
-Pero no eran un gran jugador en las obras hasta los últimos años.
-Sí lo éramos en los 90. Estaban Techint, Perez Companc y Electroingeniería. Al lado teníamos a Socma o Cartellone. Estuvimos pero no nos veían. Además, en los últimos 12 años la obra pública fue muy importante.
-Un director de Petrobras confesó que recibió US$ 300.000 de coima por la venta de la transportadora Transener a Electroingeniería. Es el segundo arrepentido que cuenta lo mismo en la justicia brasileña. Se vincula a De Vido.
-Lo que hicimos ente 2006 y 2007 fue llevar adelante el proceso de compra de acciones de Transener. Petrobras tenía que desinvertir. Fuimos en la búsqueda para ofertar. Ni siquiera nos recibían. Vimos que Eton Park no tenía antecedentes en estas actividades y fuimos a Defensa a la Competencia, al ENRE, a la Secretaría de Energía e hicimos presentaciones legales. Todos fallaron a favor nuestro. La Justicia avaló el precio y la forma de pago, que fue al contado. Tengo absoluta tranquilidad. ¿Qué relación puedo tener yo con los casos de corrupción de Brasil que son de cientos de decenas de millones de dólares y, acá, estos señores hablan de US$ 300.000?
-¿Nunca pagaron una coima?
-Nunca. Ni en este caso ni en otro.
-¿Nunca les pidió De Vido que pagaran una coima?
-¿Cómo me hacés esa pregunta? Nunca. La transparencia de estos 40 años es absoluta.
-Se habla en la denuncia de un encuentro en el Four Seasons...
-Ese ejecutivo tiene 17 años de cárcel por grandes problemas en el caso del petrolão.
-¿Por qué los menciona a ustedes y a De Vido?
-A De Vido porque mantenía la relación normal entre un gobierno y una empresa como Petrobras. A nosotros porque somos los compradores, pero nada más. Cero que ver. Es inviable, Indemostrable.
