Sinosteel Equipment tiene un plazo de hasta seis meses para entregar el proyecto a diseño final de la planta siderúrgica para la ESM. Los US$450 millones para la edificación del complejo serán gestionados por el Gobierno una vez se firme el contrato.
Así lo hizo conocer ayer en rueda de prensa el ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro. “La empresa tiene que presentar el proyecto a diseño final y el plazo máximo es de seis meses para este tema. Puede ser entregado en menor tiempo, eso va a ser discutido con los miembros de la empresa”, manifestó.
El ministro Navarro precisó que los funcionarios y técnicos de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) coordinarán con los representantes de la compañía china para acordar la fecha en la que se realizará la entrega del proyecto a diseño final. El martes, tras la elección de la empresa, la autoridad anunció que el contrato será firmado entre el 11 y 12 de febrero.
El titular de Minería indicó ayer que una vez se firme el contrato con la empresa asiática se gestionará el préstamo de US$450 millones ante el Banco de Exportaciones e Importaciones (Eximbank) de China. “La gestión se activa una vez se tenga el contrato. El Ministerio de Planificación del Desarrollo hará la gestión”, precisó.
Navarro explicó que a partir de la firma del acuerdo con la empresa se deberá cumplir con la entrega de la planta en funcionamiento y en producción, el producto final con valor comercial y de alta calidad, la supervisión y certificación externa y la transferencia de conocimientos.
“En la transferencia de conocimientos, los profesionales bolivianos irán a especializarse a empresas siderúrgicas para que cuando Sinosteel deje el país sean ellos los responsables de dirigir este proyecto”, expresó el Ministro de Minería.
El martes, ante las versiones de medios internacionales sobre la inestabilidad financiera de esta firma, Pavel Aracena, gerente de Henan Complant Mechanical (la otra empresa que estaba interesada en adjudicarse este proyecto), sostuvo que la presencia de la estatal Sinosteel Equipment en Bolivia tiene el objetivo de mejorar su imagen ante los acreedores de las bolsas de Shanghái y Hong Kong.
El Gobierno boliviano verificará la solvencia técnico legal de la china Sinosteel Equipment, antes de la firma del contrato para la construcción de una planta en el Mutún, indicó José Luis Parada, integrante del directorio de la estatal Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM).
La aclaración de Parada surge luego de que la oposición expresara sus dudas sobre Sinosteel debido a publicaciones de prensa sobre una presunta deuda millonaria.
"La empresa tiene que presentar todo el respaldo legal y financiero, ya que el crédito es de Gobierno a Gobierno, porque el Gobierno chino avala a Eximbak para que le dé (el crédito) a una empresa, lo mismo nosotros, aquí hay garantía soberana de que se va a ejecutar el proyecto y el Estado da la garantía para el pago", señaló Parada a radio Panamericana.
El diputado opositor Luis Felipe Dorado dijo que el Gobierno no debe fallar de nuevo, como ocurrió con Jindal. El legislador citó reportes de medios especializados como Financial Times y Bloomberg sobre una deuda de 11.000 millones de dólares de Sinoesteel y el incumplimiento del pago de intereses a tenedores de bonos por $us 350 millones. "No queremos otra Jindal para El Mutún, donde todo quede en proyectos sin que el desarrollo del sudeste cruceño se concrete", dijo Dorado.
El presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz, Wilfredo Rojo, calificó como "positiva" la adjudicación, pero en la medida en que en la primera fase no solo se exporte el hierro en bruto, sino que se comience con los trabajos de acería.
El vicepresidente Álvaro García Linera indicó que la producción se destinará en principio al mercado interno debido a que por los bajos precios no se puede exportar. "Todos los bolivianos de manera obligatoria tienen que consumir el acero del Mutún", señaló el segundo mandatario.
El diputado Gonzalo Barrientos de la opositora Unidad Demócrata (UD) dijo ayer que solicitará la próxima semana un informe escrito a las autoridades del Poder Ejecutivo, en este caso al Ministerio de Minería, para que expliquen por qué se decidió adjudicar la explotación de El Mutún a la empresa china Sinosteel Equipment.
De acuerdo con informes de varios portales, como el Financial Times y Bloomberg, la empresa tiene obligaciones financieras de hasta 11 mil millones de dólares, razón por la cual se cuestiona el manejo económico de la firma china.
“Vamos a solicitar una petición de informe escrito, es lo que corresponde, exigiendo primero el cumplimiento de la Constitución y las leyes, cuáles son los procesos de contratación y si se han cumplido todos los pasos, cómo se ha hecho el proceso de selección y la forma en que está yendo el contrato”, dijo.
Barrientos dijo que si bien las comisiones y comités de la Cámara de Diputados no contaban aún con sus responsables debido a las sesiones preparatorias esto no impide ejercer el derecho constitucional de fiscalización de manera personal.
“Ejerceremos esta obligación y esta competencia que define la Carta Magna para hacer una investigación y vamos a tomar como prioridad este tema (adjudicación de El Mutún)”, aseguró.
El diputado tarijeño del oficialista MAS, Ignacio Soruco, no quiso hacer mayores declaraciones y en reiteradas oportunidades solicitó que se le diera un espacio para realizar las indagaciones del caso.
Soruco dijo que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no podía hacer nada al respecto toda vez que no se suscribió aún el contrato con la adjudicataria y que por lo tanto se debería esperar. Añadió que para pronunciarse estaba solicitando una información de una entidad financiera sobre el desempeño económico de Sinosteel.
En pasados días, el ministro de Minería, César Navarro, en conferencia de prensa, realizada en Santa Cruz, informó que el Estado decidió adjudicar el yacimiento de hierro más grande del país a Sinosteel “por su experiencia, pública y (cuenta) con un buen respaldo económico”.
Anteriormente, la empresa india Jindal Steel estaba encargada de su explotación, proyecto que fracasó por diversas circunstancias.
El contrato de adjudicación fijó un monto de 450 millones de dólares.
