En medio de su visita a la región del Maule, la Presidenta Michelle Bachelet deslizó la posibilidad de que el Ejecutivo al fin haya fijado su postura respecto a las indicaciones pendientes a la reforma laboral. 

La primera mandataria recalcó así que no han perdido el tiempo y que han discutido en detalle el proyecto, llegando "a muy buenos acuerdos"

Pero aunque la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, no lo confirmó públicamente, en el Gobierno ya estarían resignados a que la aprobación de la iniciativa quede para marzo.  De hecho, el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, desdramatizó una eventual discusión en una comisión mixta. "No hay drama si eso ocurre, es parte de la tramitación normal de un proyecto", recalcó el ministro Díaz.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se encuentra en un momento clave para la conducción de la política económica de Chile. Las noticias provenientes de distintas partes del mundo, en particular desde China, lo han llevado al convencimiento de que las condiciones internacionales no dejan duda acerca del fin del súper ciclo de los commodities que favoreció a nuestro país a través del precio del cobre en los últimos 10 años.

En esas circunstancias, nuestra economía debe adecuarse a una nueva realidad. La minería ya no será el sector que la lleva. Sin embargo, hay otros sectores exportadores que sin haber sufrido una baja en sus precios se han visto favorecidos por el importante aumento del precio del dólar que ha llegado para quedarse un tiempo, como necesario contrapeso a la mayor dificultad de nuestra economía para conseguir divisas que financien las importaciones de productos que demandamos los chilenos.

La reasignación de recursos desde ciertos sectores de actividad que entran en problemas hacia otros que muestran mayores oportunidades, es un proceso complejo y lo ideal es que sea lo más fluido posible. Requiere traslados de personas desde unas regiones del país a otras y la mayor flexibilidad posible en los mercados laborales, de modo de no interferir en estos procesos.

Es en este contexto donde pasa a ser clave para los buenos resultados de su gestión la política laboral. Por eso, una iniciativa cuya discusión empezó hace algunos años en Chile para hacerse cargo de la necesidad de mayor flexibilidad y adaptación y que, capturada por la CUT, se ha transformado en un proyecto cuyo objetivo central es aumentar el poder de los sindicatos, puede ser una piedra en el zapato para las intenciones del ministro de Hacienda.

Un examen de las disposiciones del proyecto de reforma laboral, que tramita el Congreso, lleva a la inequívoca conclusión de que el mayor poder que obtienen los sindicatos se hace a costa del poder de los trabajadores que pierden una serie de libertades y también del empleador cuyas facultades para manejar la empresa se ven limitadas por la participación del sindicato en decisiones claves.

Por ejemplo, la “titularidad sindical”, eufemismo para representar un monopolio sindical, impide a los trabajadores conformar grupos negociadores para pactar condiciones laborales con el empleador. Este cambio desconoce que al interior de una empresa pueden existir realidades e intereses distintos entre los trabajadores, que naturalmente tenderían a agruparse de acuerdo a esas afinidades para conseguir mejores condiciones de trabajo. El sindicato será el único que podrá negociar.

Otra inflexibilidad se presenta en materia de extensión de beneficios a trabajadores. En la actualidad, el empleador puede extender los beneficios pactados en una negociación a otros trabajadores no representados por el sindicato, siempre que los nuevos beneficiados contribuyan a pagar los costos de la negociación. Se evita así que quienes muestran una mayor disposición a alcanzar acuerdos se vean siempre perjudicados al obtener beneficios menores a los de sus colegas que muestran una posición más dura. El proyecto del gobierno permite la extensión de beneficios solamente si lo autoriza el sindicato. Este último adquiere así un nuevo poder que utilizará, al igual que la titularidad sindical, para ir conformando un monopolio sindical.

Una tercera característica del proyecto atenta gravemente contra la facultad del empleador de manejar su empresa. Se viene prohibiendo todo tipo de reemplazo en sus funciones de los trabajadores en huelga. Esto es expropiatorio, pues no permite al dueño de los activos disponer de ellos para producir. Esta prohibición se lleva a su versión más extrema, ya que no se permitiría el reemplazo interno, vale decir que trabajadores de la propia empresa que realizan otras labores puedan ser destinados a reemplazar a quienes están en huelga. Este es un tipo de reemplazo que se permite en la gran mayoría de los países de la OCDE y que resulta indispensable para evitar las paralizaciones indefinidas.

Se supone que lo que se discute en una negociación colectiva es cuál es el aporte productivo real que realiza un grupo de trabajadores. Al negar su trabajo a través de una huelga, los trabajadores le demuestran al empleador cuan costoso es prescindir de ellos. El empleador los preferirá a trabajadores menos experimentados, pues los huelguistas son más productivos. Pero esa mayor productividad tiene un límite, pues pagarles un salario desproporcionadamente alto anularía su ventaja productiva. Esa es la natural tensión que se da en una negociación colectiva y la huelga es una herramienta legítima. Pero deja de serlo cuando los huelguistas pueden disponer indefinidamente de los activos de propiedad del empleador al impedir que éste los utilice con trabajadores reemplazantes.

Un grupo de senadores democratacristianos han manifestado su disposición a modificar los contenidos del proyecto en materia de titularidad sindical, extensión de beneficios y reemplazo interno. El ministro de Hacienda debe apoyarlos con todas sus fuerzas si quiere realmente tener una chance de reactivar la economía chilena.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, afirmó ayer que el proyecto de reforma laboral que se discute actualmente en el Senado no sería aprobado antes del 31 de enero, fecha autoimpuesta por el Ejecutivo para su despacho definitivo desde el Congreso.

En una entrevista con la agencia Reuters, en el marco de su participación en el Foro Económico Mundial de Davos (WEF por su sigla en inglés), Valdés reconoció que las negociaciones al interior de la Nueva Mayoría llevarán a que la iniciativa sea aprobada probablemente a comienzos de marzo.

En tanto, el secretario de Estado reiteró que el desplome en el precio del cobre en los mercados internacionales hace evidente que la previsión de crecimiento del 2,75% para  2016 “es demasiado alta para cumplirla”, añadiendo que el mercado espera una cifra más cercana al 2%. 

Por esta razón, planteó que están en proceso de revisión de las proyecciones macroeconómicas para el presente año. 

El secretario de Estado manifestó que los países en desarrollo como Chile deben ajustar sus políticas rápidamente para enfrentar la “nueva realidad”, ya que los mercados emergentes carecen de credibilidad y herramientas suficientes para contrarrestar con éxito una salida de capital.

“Este es un shock gradual. Es importante que nos ajustemos a esta realidad. Lo peor que podemos hacer es pensar que no está pasando y actuar como si no estuviera pasando”, añadió.

En esa línea, el ministro de Hacienda admitió que, con un precio del metal más bajo, los ingresos del fisco se resentirán. “Estamos frente a un déficit del 3% o más tal vez. (...) Pero tuvimos una gran reforma fiscal hace dos años, lo que nos permite mantener el crecimiento del gasto, aunque a un ritmo mucho más lento que en el pasado”.

Otra dificultad para Chile y la mayoría de los países de América Latina es la situación en Brasil, que enfrenta una recesión y una profunda crisis política (a raíz de los casos de corrupción). Esto, según Valdés, ya ha impactado los flujos de inversión entre ambos países.

Pocas horas quedan para que el Gobierno chileno discuta los últimos detalles de la nueva reforma laboral, documento que debería ser aprobado antes de concluir el mes.

Las constantes comparaciones de esta nueva normativa con el Plan Laboral de 1979 y las quejas de la clase trabajadora han aumentado la presión sobre el Gobierno. Según el Ejecutivo, dicha reforma llega "para emparejar la cancha". 

Regeneradora para algunos, rancia y sin novedad para otros, la reforma laboral supone un punto de conflicto entre los colectivos e instituciones afectadas por dicho cambio. Desde el Gobierno se esgrime que lo que se trata es equiparar los derechos de los trabajadores y agrupaciones sindicales a las demandas de los empresarios, algo en lo que los sindicatos no están muy de acuerdo.

Y es que sigue sobrevolando la sombra del pasado plan laboral de 1979 basado en 4 pilares fundamentales: negociación colectiva de nivel de empresa, huelga que no paraliza la actividad de la empresa gracias al reemplazo de trabajadores, paralelismo de agrupaciones basado en la competencia entre varios sindicatos y grupos negociadores y despolitización sindical.  

Mientras que las acusaciones de muchos sectores de trabajadores y de los sindicatos apuntan a cambios mínimos en la reforma que se plantea actualmente, la dirección de trabajo puntualiza que los cambios sí son sustanciales y que se ha equiparado a todos los implicados.

Quizá una de las mayores quejas a nivel sindical radica en el derecho a huelga. Se afirma que se siguen restituyendo trabajadores y que la norma no soluciona nada. Es más, creen que la vía que se ha tomado puede ser fuente de enfrentamiento entre los propios empleados. Se acusa de querer una huelga  a la europea, en la que los piquetes informativos sean, según afirman los gremios, como maniquíes, sin que el uso de la fuerza entre dentro de su forma reivindicativa.

Con la reforma laboral el Gobierno de Michelle Bachelet pretende cumplir plenamente con los convenios internacionales sobre libertad sindical, con lo que la mandataria considera saldar una deuda con este colectivo, y, además, promover el desarrollo de unas relaciones laborales modernas, justas y equilibradas.

Por el momento parece que las posturas están lejos de llegar a una conciliación, pero todas coinciden en algo, que es que este plan o sus posteriores y eventuales modificaciones se implementen adecuadamente para que la clase chilena trabajadora siga haciendo crecer a este país sin que se vean dañados sus derechos y sin que los empresarios pierdan la vocación de desarrollar la economía nacional mirando únicamente su enriquecimiento personal. Para que esto se pueda plasmar hacen falta concesiones de las cuatro partes implicadas para que se aplique aquello de que la unión hace la fuerza.