La minera brasileña Vale y la anglo-australiana BHP comunicaron hoy al Gobierno brasileño su interés en costear la recuperación ambiental de la cuenca del río Doce, que sufrió graves daños ambientales por un vertido tóxico.
Estas empresas, que comparten el control de la minera Samarco, manifestaron su interés en "llegar a un acuerdo en la esfera judicial y con transparencia", según anunció la ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, en una rueda de prensa.
El Gobierno brasileño ha demandado a estas empresas el pago de 20.000 millones de reales (unos 5.000 millones de dólares) para financiar la recuperación del ecosistema afectado por el vertido ocurrido el pasado noviembre.
No obstante, el abogado del Estado, Luís Inácio Adams, afirmó hoy que esa cifra es una "estimativa", por lo que el acuerdo que se negocie con las empresas puede ser por un valor inferior o incluso superior.
La semana pasada, la Policía Federal anunció que presentará cargos por delitos medioambientales contra Samarco, Vale, BHP y contra siete ejecutivos de estas empresas, que se enfrentarían a posibles condenas de hasta cinco años de cárcel.
El vertido ocurrió por la ruptura de los diques de dos depósitos de residuos mineros y agua en un complejo de la minera Samarco en la ciudad de Mariana, en el estado de Minas Gerais (sureste).
El accidente causó una riada de lodo de 62 millones de metros cúbicos, considerada el mayor vertido de residuos mineros ocurrido en el mundo en las últimas décadas.
La ola tóxica anegó siete poblados en el estado de Minas Gerais, causó la muerte de al menos 17 personas, mientras que otras dos aún continúan desaparecidas, contaminó 650 kilómetros de la cuenca del Doce, uno de los ríos más importantes del sureste de Brasil, y ha tenido impacto en la costa atlántica.
De forma paralela, el Gobierno de Brasil dio hoy un plazo de quince días a todas las mineras del país para que presenten informaciones sobre sus planes de respuesta a emergencias.
El Departamento Nacional de Producción Nacional anunció por medio de un comunicado en el Diario Oficial, que clausurará de forma preventiva cualquier mina que no presente los planes de emergencia o los informes que acrediten la estabilidad de los diques de sus depósitos.
