Con toda la artillería enfrenta Corfo el juicio arbitral que mantiene con SQM en la Cámara de Comercio de Santiago por supuestos impagos de la minera no metálica por la explotación del Salar de Atacama.
Hace algunos meses el organismo dirigido por Eduardo Bitran hizo público la contratación del ex contralor, Ramiro Mendoza, para la elaboración de un informe que fue utilizado como prueba en el proceso en manos del juez árbitro Héctor Humeres, denominado “acerca del derecho aplicable frente al incumplimiento contractual de un privado cuando la contraparte es un órgano del Estado”.
Pero las movidas de Corfo para defender su posición no terminaron ahí y sumaron, también, un documento elaborado por el abogado Francisco Zúñiga, ex líder de la comisión por una nueva constitución del comando de Michelle Bachelet cuando era candidata a la presidencia.
“Acerca de la interpretación de la cláusula sexta del contrato de arrendamiento suscrito entre la Corto y Minsal (hoy, SQMS) que determina la forma de calcular la renta y, especialmente, acerca de la posibilidad o imposibilidad de modificarla por la aplicación práctica de las partes durante la ejecución del Contrato”. Ese es el nombre del informe realizado por Zúñiga, en conjunto con Joaquín Polit, abogado asociado del estudio Zúñiga, Donoso, Campos & Abogados Asociados.
El estudio solicitado por Corfo hace referencia a la cláusula sobre la obligación de SQM de pagar al organismo un canon por arrendamiento igual a la suma de las cantidades fijas y variables determinadas, de acuerdo a las reglas estipuladas en el convenio, dependiendo del producto de que se trate.
No es la primera vez que Zúñiga está en la vereda opuesta de la minera controlada por Julio Ponce, ya que asesoró a la Superintendencia de Valores y Seguros ante el Tribunal Constitucional, por el caso Cascadas.
El periodo de prueba del arbitraje termina este mes, luego que fuera extendido a petición de la Corfo y se espera que se resuelva durante este año.
El informe de Zúñiga, además del bullado trabajo realizado el ex contralor Ramiro Mendoza, fue acompañado de otros cinco informes.
Entre ellos está el elaborado por el abogado Álvaro Quintanilla, quien se desempeñó por 17 años en el Consejo de Defensa del Estado (CDE). También aparece un trabajo llamado “de la aplicación de las normas sobre mantención, conservación y reposición de hitos de mensura de una pertenencia o grupo de pertenencias, su naturaleza como obligación jurídica del concesionario minero y de su exigibilidad respecto de un arrendatario de pertenencias mineras”, del abogado del estudio Quinzio, Marcelo Olivares.
A su vez, Horwath HB Auditores Consultores entregaron a Corfo un informe contable relacionado con los ingresos percibidos por el organismo desde el primer trimestre de 2009 al segundo trimestre de 2015, por concepto de pagos de arrendamiento a SQM Salar. Otro documento entregado como prueba fue el escrito de la consultora Marítimo Portuario.
También la estatal entregó un documento de SignumBOX -consultora liderada por Daniela Desormeaux- y en el cual se estimaría el monto que la entidad estatal habría dejado de percibir durante el período en que la arrendataria habría incumplido dos de las cláusulas del convenio suscrito a mediados de los ’80.
Según Corfo, SQM cambió el criterio de aplicación de precios de referencia, en el sentido de aplicar precios promedio de ventas entre empresas relacionadas y no relacionadas, cuando, señalaron en su minuto, el espíritu y letra del contrato era por ventas a empresas no relacionadas. Por eso, solicitaron el pago de US$ 8,9 millones y el término del contrato.
SQM, en tanto, ha señalado en otras oportunidades que Corfo aceptó este cambio, ya que en el periodo de duración del contrato sólo el 14% de las ventas fueron a no relacionadas. Es más, desde la compañía han argumentado que el pago del arrendamiento desde el inicio de las exportaciones de productos de litio ha resultado mayor que si sólo se consideraban las ventas a empresas no relacionadas.
