El gobierno de Nicolás Maduro declaró por decreto la “emergencia económica” nacional. Es un procedimiento que si el Congreso lo aprueba, le permite al mandatario eludir la fiscalización por parte de ese cuerpo en el uso de los recursos públicos. La iniciativa vuelve a sostener que el país sufre “una guerra económica” y evita toda autocrítica sobre la gestión oficial en la actual crisis. Además le da más poderes a Maduro hasta para intervenir empresas o manipular el destino de su producción. “El gobierno podrá requerir de las personas naturales o jurídicas, propietarios o poseedores los bienes de transporte, canales de distribución e inmuebles que considere necesarios para garantizar el abastecimiento de alimentos”, establece el decreto que autoriza de ese modo el decomiso de la propiedad privada.
El ministro de Economía, Luis Salas, explicó que el gobierno tiene 60 días prorrogables para instrumentar el decreto y el Parlamento tiene 10 días para pronunciarse al respecto. Agregó que se trata de una respuesta a la “guerra económica provocada por el imperialismo” causante de la crisis. El economista oficialista Tony Boza dijo que la intención es “erradicar las colas (en lo super) en dos semanas”. Se refiere a las demoras para obtener productos de primera necesidad que experimentan un alto desabastecimiento. Boza, con el mismo relato en boga, aseguró que la “guerra económica” se origina por “una lucha de clases sociales”. Detalló que las posibles medidas serían las siguientes: –Instalar empresas privadas y trabajar con los grandes distribuidores del país; Mejorar relaciones con la banca privada. Mejorar relaciones con la cadena privada de supermercados del país, para facilitar los procesos relacionados con el sector alimentario y supervisar los límites fronterizos para evitar procesos ilegales”.
Lo concreto que hace 6 meses la Superintendencia Nacional Agroalimentaria ordenó a las empresas de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos enviar entre 30% y 100% de su producción a los supermercados de la red pública, afirmó Pablo Baraybar, presidente de esa gremial. Esta medida continúa vigente. En general esos almacenes oficiales están desabastecidos y los productos acaban en el mercado negro. Esas políticos son las que se extenderían a partir de ahora si se aprueba el decreto de decomiso.
El empresario dijo que se las notificado de manera individual que deberán enviar mayor porcentaje de leche, azúcar, harina de trigo, harina de maíz precocida, pasta, arroz y aceite a los comercios públicos. El economista y director de la firma Econanalítica, Asdrúbal Oliveros, afirmó, a su vez, que la emergencia económica le da al gobierno poderes ilimitados para intervenir empresas, y blindarse contra la mayoría opositora en el Congreso. “Estamos hablando de que el Estado puede hacer lo que le dé la gana. Importaciones, en materia tributaria, manejo del efectivo, intervención de empresas y mecanismos de distribución. Lo que creó es un decreto que esconde la intención del Ejecutivo de blindarse al control que pueda ejercer el parlamento”, explicó. “Pareciera que buscan la confrontación total, y además desviar la atención de la crisis”, aseguró
Marcelo Cantelmi
El régimen venezolano acaba de ganar un tiempo inútil en su pelea contra la novedad de un Parlamento opositor. Llevó la tensión al punto de amenazar con cerrar el Congreso, a despecho del carácter golpista de la medida, con tal de reducir la autonomía de la disidencia que se hizo con ese poder central en las elecciones del 6 de diciembre.
El avance lo hicieron Nicolás Maduro y su escudero Diosdado Cabello, apoyados en la impunidad que le brinda la cortina de silencio latinoamericana, un factor que comienza a ceder por los extremos que ha decidido recorrer la burocracia bolivariana. Eso se nota de modo significativo no por la crítica que eleva ahora el nuevo gobierno argentino a los abusos del madurismo, el desdén uruguayo o el silencio de sus aliados tradicionales, sino por el cambio de rumbo que va anotando la potencia brasileña, el país con aptitud suficiente para generar un aislamiento real del régimen. El canciller de Dilma Rousseff, Mauro Vieira le dijo a Clarín que en Brasilia hay preocupación sobre el respeto de Caracas “a la institucionalidad, la Constitución y la legalidad”.
Por múltiples razones ese comentario desborda por primera vez los intereses objetivos de Brasil cuya “paciencia” se justificaba hasta ahora en un torrente de inversiones en Venezuela. Pero Maduro cruza líneas muy difíciles de ser acompañadas o toleradas. Ademas, la opción de la oposición triunfante debería ser preservada para mantener la alternativa de una salida de ese callejón. Dadas las circunstancias es una cuestión objetiva y funcional, no de pareceres políticos. Por eso ayer el presidente venezolano se mostró cauto y buscó bajar la tensión en su mensaje en el Congreso.
El gobierno chavista desbarató momentáneamente la mayoría de dos tercios de la oposición impugnando a tres diputados de esa bancada con sospechas tardías de compra de votos. Lo hizo después de nombrar 13 jueces adictos en la Corte Suprema que sostuvieron la demanda contra los legisladores. Como el Congreso ignoró ese avance e hizo jurar a los representantes, Cabello anunció que clausurarían el Parlamento transfiriendo sus competencias legislativas a la Sala Constitucional del Tribunal. En ese punto la disidencia cedió y suspendió a los diputados.
Fue un retroceso polémico. Nadie triunfa rindiéndose. Si la alianza hubiera mantenido su postura de resistencia, el régimen habría arrasado con el Congreso colocándose abiertamente en la ilegalidad. Pero lo que parece haber pesado en el ánimo de la oposición es que una crisis de esa magnitud podía encender la mecha de un estallido social que la expectativa de un cambio alumbrado por las legislativas ha mantenido apenas refrenado.
Para comprender esa postura conviene observar que esta dirigencia heterogénea logró unificarse precisamente por el agotamiento del modelo de contención chavista. La decadencia acelerada del régimen deja al país al borde de un caos que no sólo facturará al gobierno. La alianza opositora es una construcción superestructural destinada a ocupar el poder antes de que se produzca un vacío letal. Por eso, el tablero opositor no descarta la renuncia del mandatario y sus escuderos a cambio de una amnistía cuyos alcances no han sido precisados. Suena apresurado. La disolución del armado bolivariano agudizó la corrupción interna que es hoy una de las principales argamasas que sostiene al régimen.
Es para y por eso que Maduro busca ganar tiempo. El heredero de Hugo Chávez parece no advertir, sin embargo, que su problema no está en la Asamblea, ni siquiera en la oposición. El real desafio proviene del cambio de ciclo económico mundial que limpió la billetera fácil del régimen. El petróleo, ubre básica del modelo chavista, cerraba esta semana debajo de 30 dólares el barril, unos seis menos para el crudo venezolano. Si los pronósticos especializados se verifican, el fluido se encamina a un piso/techo de 20 dólares. En ese nivel se pulverizaría el negocio petrolero venezolano incapaz de fondear el dispendio del gasto público y el sistema asistencialista armado en los tres lustros del régimen.
El desconcierto en el vértice del poder bolivariano es tal que el presidente acaba de crear un singular ministerio de agricultura urbana como alternativa al ocaso energético, del cual ha venido dependiendo el país para proveerse de alimentos. Maduro se enarboló a si mismo como ejemplo de ese experimento, revelando que él y su mujer tienen en la residencia presidencial “cincuenta gallinas”, base prototípica de la granja a emular por sus necesitados compatriotas. Goethe sostenía que “contra la necedad hasta los dioses luchan en vano”. Pero estas extravagancias no están solas. Cuando las petroleras de todo el mundo recortan sus planes de negocios por la crisis de los precios, la estatal PDVSA mantiene objetivos acordes con un barril ficticio 70 dólares más caro que el actual. Es un gasto de US$277.900 millones a lo largo de los próximos cuatro años para aumentar la producción de 2,7 a 6 millones de barriles diarios.
Esa fantástica montaña de dólares imposible de ser fondeada en estas circunstancias se vuelve humo ante realidades tan llanas como la duda sobre de dónde el régimen obtendrá financiamiento para los US$14.000 millones que debe pagar en la segunda mitad de este año de la deuda publica y privada de US$22 mil millones. Sólo cuenta con US$7.000 millones en las reservas.
La realidad suele ser despiadada. Y peligrosa. El chavismo perdió dos millones de votos en las legislativas debido a la profundización de la pobreza y la indigencia. Ese apoyo no se esta reconstruyendo a partir de la pelea con la oposición ni con el relato triunfalista del gobierno. Y, como se advierte, las alternativas para abrir nuevas fuentes de ingresos son tardías, escasas y hasta desopilantes. La gente no demorará en exhibir su furia.
La lógica indica que habrá un acuerdo convenido o de facto entre estas fuerzas en pugna, gobierno y oposición. Lo que no es claro es si sucederá impulsado por el peligro de la situación sin salida. O porque el estallido social, que la puja política no ha hecho más que desatender y potenciar, terminará haciéndose presente marcando el rumbo. Es probable que sea lo segundo. Maduro alienta una idea temible: un control sobre toda la producción privada para atenuar el desabastecimiento. Cree que así saldrá de su encierro y preservará el status quo. No entiende el alcance del voto castigo del 6 de diciembre que reclamó menos y no más de lo mismo. El Congreso no lo tolerará ni tampoco los electores. Pero esa es la bomba que puede estallar en las calles provocada por la desesperación de un poder oscuro y acorralado.
