El documento es un listado de problemas sectoriales y propuestas de solución para cada uno. Sin embargo, hay una ausencia en información respecto a los plazos y costos de los planteamientos.
ECONOMÍA Tributación e informalidad El plan de Keiko Fujimori propone brindar beneficios tributarios extraordinarios para las medianas y pequeñas empresas (mypes), como tributación cero durante sus dos primeros años, un “IGV justo” y períodos de gracia.
Según indicó a El Comercio una fuente del Ministerio de Economía y Finanzas, no hay ningún fundamento para tales medidas, pues no se conoce el impacto que tendrían en la recaudación tributaria. Además, sostuvo que las mypes ya cuentan con regímenes de muy baja carga impositiva, como el régimen especial de Impuesto a la Renta (RER) y el régimen único simplificado (RUS).
Juan Mendoza, director de la Maestría de Economía de la Universidad del Pacífico, consideró que una medida más efectiva para reducir la informalidad es la simplificación tributaria, así como el cambio de la forma en que se cobran los impuestos.
Gasto público El plan de Keiko Fujimori además contempla reactivar la economía utilizando el Fondo de Estabilización Fiscal y, a la vez, reducir la brecha de infraestructura. Según Mendoza, ello sería un grave error: “El propósito del fondo es financiar al sector público ante la eventualidad de desastres o ante una severa contracción en los ingresos fiscales”.
MINERÍA Fuerza Popular ha planteado establecer un marco normativo que posibilite a las comunidades aledañas ser accionistas de las empresas mineras. Veljko Brcic, especialista en temas mineros, mencionó que esto significaría hacer a las comunidades partícipes del riesgo. “Y el mercado minero es muy volátil”, señaló y sostuvo que esto, a la larga, no ayudaría a resolver los conflictos. “Esta propuesta abre una caja de Pandora”, acotó.
EDUCACIÓN En materia educativa, el documento plantea la cobertura plena en niños de 3, 4 y 5 años, un programa de alimentación integral en las escuelas más pobres, flexibilizar el currículo para adaptarlo a las necesidades laborales y crear un servicio nacional de aprendizaje para ofrecer alternativas de certificación y profesionalización a los jóvenes que no cuentan con educación básica regular.
Sobre la primera propuesta, el especialista en educación y docente de la Universidad del Pacífico César Guadalupe mencionó que actualmente la atención de niños entre 4 y 5 años es universal y en el caso de los de 3 años nos encontramos al 75%.
Asimismo, criticó la propuesta del plan de Keiko Fujimori de diversificar la enseñanza por no explicar el cómo: “Por ejemplo, diversificas para que haya una opción de electromecánica, ¿con qué máquinas? ¿En qué talleres? ¿Con qué docentes?”.
Añadió que para crear un servicio nacional de aprendizaje se tendría que haber planteado “un sistema no solo para dar instrucción, sino para reconocer lo aprendido fuera de la escuela”.
SEGURIDAD En seguridad ciudadana, el plan realiza un diagnóstico respecto a seis problemas fundamentales (alta criminalidad, falta de liderazgo, falta de herramientas legales, recursos insuficientes, escasez de información para diagnosticar problemas e incremento de tráfico de drogas y terrorismo).
Sin embargo, para el especialista en temas de seguridad y ex viceministro del Interior Ricardo Valdés, el diagnóstico obvia los dos problemas de fondo: la débil institucionalidad de los operadores de justicia y la corrupción. Y, como consecuencia, no plantean soluciones adecuadas para ambos.
“Esto es grave, pues denota objetivamente que los asesores de la candidata Fujimori, o ella misma, no tienen mayor interés en evitar la corrupción, ni en cambiar los paradigmas institucionales de la policía, del Ministerio Público, del Poder Judicial y del INPE”, indicó.
En cuanto a las diez soluciones planteadas por el plan, Valdés resaltó que “ninguna contiene cómo se ejecutarían, no tienen ningún indicador de medición, ni período de ejecución ni costo asociado, por lo que más que un plan es tan solo un listado de acciones que podrían paliar la inseguridad, mas no resolverla”.
Respecto a algunas propuestas como la reformulación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, acotó que esta no toma en cuenta la participación vecinal, ni se da importancia al rol municipal, limitándose al bienestar policial e infraestructura.
¿Verdad, media verdad o falso? En esta sección analizamos el grado de veracidad de las propuestas y aseveraciones de los candidatos que aspiran a ocupar el sillón presidencial. Desde programas de electrificación rural hasta medidas para la erradicación de la corrupción policial, las promesas de campaña a veces tienen más de entusiasmo que de factibilidad.
“Hacia el 2017, nuestra principal meta será elevar el Índice de Desarrollo Humano Ajustado por Desigualdad desde un nivel de 0,54 a 0,70; un aumento de casi 30%”. César Acuña, plan de gobierno de Alianza para el Progreso del Perú.
FALSO: El partido del señor Acuña pone el desarrollo humano como eje principal de su plan de gobierno. En este sentido, APP propone –como meta primordial– un aumento de 16 puntos centesimales del Índice de Desarrollo Humano Ajustado por Desigualdad (IDH-H) de las Naciones Unidas en el 2017.
Este indicador toma en cuenta los logros alcanzados por cada país en términos de salud, educación y generación de ingresos, y también cómo estos resultados son distribuidos entre la población.
La meta, no obstante, parece ser demasiado ambiciosa para el corto plazo prometido. Alcanzar un IDH-H de 0,70 colocaría al Perú por encima de países como Chile o Uruguay, y eso apenas año y medio luego del eventual juramento del señor Acuña como presidente. Las metas parciales para llegar a ese objetivo son también particularmente optimistas. “Elevar sustantivamente el índice de educación ajustado por desigualdad de 0,39 a 0,70”, como consigna el plan de APP, equivaldría a alcanzar en muy corto tiempo a países como Italia o Japón en ese indicador.
“Estableceremos un marco normativo que posibilite a las empresas extractivas ofrecer a las comunidades alternativas de participación en el accionariado de la empresa”. Keiko Fujimori, plan de gobierno de Fuerza Popular.
MEDIA VERDAD: La propuesta de Fuerza Popular para que las comunidades sean incluidas como accionistas de los proyectos mineros forma parte estructural de su plan para la gran y mediana minería en el Perú.
Al respecto, es clave reconocer que las empresas mineras que lo deseen ya pueden ofrecer a las comunidades aledañas participación en el accionariado. Es el caso, por ejemplo, de la Minera IRL y su proyecto de oro Ollachea. La comunidad involucrada recibiría el 5% del accionariado del proyecto cuando se inicie la operación. El modelo ha sido reconocido y apoyado por la PCM y por Cofide.
Más allá de los inconvenientes que presenta la medida (falta de criterios claros de demarcación sobre las comunidades afectadas, participación societaria de comunidades pobres en actividades de alto riesgo, entre otras), la experiencia a la fecha no ha sido del todo exitosa. A finales del año pasado, comunidades de Carabaya, en Puno, anunciaron que retiraban el apoyo al proyecto Ollachea, lo que significaba su paralización indefinida.
“Implementación del programa de electrificación para 10 mil pueblos alejados utilizando paneles solares”. Alan García, plan de gobierno de Alianza Popular.
MEDIA VERDAD: El plan de gobierno de Alianza Popular hace énfasis en la necesidad de la electrificación del sector rural. Para ello propone medidas como “extender las líneas de transmisión eléctrica hacia áreas rurales y fortalecer las distribuidoras regionales”.
El uso de paneles solares también forma parte de su estrategia. No obstante, la meta de electrificación de 10 mil pueblos alejados, prometida por el ex presidente García, resulta inferior a la ya programada en el Plan Nacional de Electrificación Rural 2014-2023 de la Dirección General de Electrificación Rural (DGER) del Ministerio de Energía y Minas (Minem). En efecto, ese plan contempla la electrificación de más de 60 mil localidades, que incluyen 410 mil viviendas, 2.342 instituciones educativas y 632 establecimientos de salud en los siguientes años.
De hecho, en mayo pasado, el Minem suscribió ya un contrato con la empresa Ergon Perú para la instalación de 150 mil paneles solares que suministrarán energía a 15 mil localidades alejadas. El contrato tiene una vigencia de 15 años.
“Establecer la obligatoriedad de todo el personal policial de hacer declaraciones juradas de bienes e ingresos anuales. La Inspectoría General verificará de manera aleatoria estas declaraciones”. Pedro Pablo Kuczynski, plan de gobierno de Peruanos por el Kambio.
MEDIA VERDAD: El plan de gobierno de Peruanos por el Kambio (PPK) tiene una sección dedicada exclusivamente a la erradicación de la corrupción policial.
La iniciativa de PPK para hacer obligatorias las declaraciones juradas de bienes, sin embargo, es parte de las medidas que ya se han tomado en la policía para evitar y detectar desbalances patrimoniales que apunten a hechos ilícitos. A nivel superior, el inciso C del artículo 2 de la Ley 27482 del 2001, norma que regula las declaraciones juradas de funcionarios y servidores públicos, incluye a “los oficiales generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en actividad, así como los oficiales que laboren en unidades operativas a cargo de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas”, como servidores públicos que deben presentar sus declaraciones juradas.
Adicionalmente, en abril del año pasado, el director general de la Policía Nacional, Jorge Flores Goicochea, señaló que desde ese momento todo el personal policial estaría obligado a presentar su declaración jurada de bienes. “Para este año [2015], con Inspectoría de la policía, nos hemos trazado la meta de que todos hagan su declaración jurada y contrastarla luego con sus propiedades. Allí pueden salir muchas sorpresas”, indicó Flores en aquel momento.
