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OPINIÓN
Bonelli: Boudou y el "boliche bailable". Blanck: Criminales, policías, y espías
15/01/2016

Hallazgo en el Banco Nación: Boudou había armado un "boliche bailable" en un despacho

Clarin

MARCELO BONELLI

Carlos Melconian tuvo una sorpresa durante su primera jornada en el Banco de la Nación. Ocurrió cuando fue a recorrer los despachos del nuevo directorio: uno estaba cerrado y sin llave. Se trata de la oficina que tenía asignada en el BNA el ex vicepresidente Amado Boudou y que ahora ocupa –después del trabajo del cerrajero– Enrique Szewach.

Tuvieron que forzar la puerta y ahí encontraron otra sorpresa: Boudou había armado para su ocio en ese despacho un verdadero "boliche bailable", con luces psicodélicas de colores y equipos de música.

Cristina Kirchner amaba Tecnópolis, y por eso decidió aumentar su confort: descubrieron en el predio un helipuerto solo para el uso personal de la ex presidenta y un salón que se denominaba"camarín presidencial". Cristina lo utilizaba para embellecerse antes de sus apariciones públicas en el predio.

Miguel Galuccio, que sigue en YPF, y un conjunto de ex directores habrían cobrado abultados sobresueldos en negro, al margen de los millonarios honorarios obtenidos de la petrolera.

Los tres hechos tienen distinta naturaleza. Pero un punto en común: el uso discrecional que el "cristinismo" hizo del poder del Estado para sacarle provecho personal, económico y partidario.

Las centenas de denuncias de corrupción a los funcionarios confirman esta estrategia del ex gobierno: servirse del Estado y evitar que –realmente– se fortaleciera estructuralmente.

Anteayer Alfonso Prat-Gay dio el número del despilfarro: denunció que Axel Kicillof le dejó un rojo de 7,1 % del PBI, equivalente a impresionantes 420.000 millones de pesos. Así rompió por primera vez el cerco impuesto por la Casa Rosada, que frena blanquear el "campo minado" que dejó Cristina.

El ministro lo sufre todos los días. Antes de irse, el gobierno anterior usó todo el dinero posible que el Banco Nación tiene autorizado prestarle al Tesoro. Ya no tiene recursos para financiar y el Banco Provincia, en rojo, sobregiró a La Plata 30.000 millones de pesos.

Como anticipó Clarín, Prat-Gay anunció un programa de metas decrecientes de inflación. La estrategia arranca con pautas muy conservadoras y que implican una decisión política de Mauricio Macri: posterga llevar adelante un ajuste de la economía porque tratará de financiar con mayor deuda el fuerte desequilibrio. El plan sigue las instrucciones del nuevo relato mediático de Jaime Durán Barba e instrumentado por su alter ego, Marcos Peña.

El propio Macri mete la cuestión en cada decisión economía que le traen, a través de sus auditores predilectos: Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. Ambos tiene una orden: que ninguna medida económica afecte el caudal político de Macri. Los dos convocaron –hace 10 días– a una reunión de gabinete económico apenas hubo un deslizamiento del dólar. Al iniciarse la reunión, el Presidente interpeló a sus ministros: "¿Qué pasa que el dólar pasó los 14?" Después hubo criticas al campo por no vender lo prometido y ahora saldrá un nuevo cronograma de liquidación para las cerealeras, de modo de garantizar un dólar estable debajo de 14 pesos.

La estrategia genera resultados en la imagen del Presidente en el corto plazo, pero abre muchas incertidumbres económicas en el mediano: sin orden fiscal parece insostenible mantener el dólar estable y reanimar la economía, a menos que entren los dólares de un fuerte endeudamiento. Esos peligros continuarán en la medida que el Gobierno siga decidido a avanzar sin tener un programa económico de estabilización antiinflacionario, que dé la solidez necesaria a la evolución económica y a la inversión.

La economía tiene un serio rebote inflacionario y una caída pronunciada en los últimos tres meses. Brasil complica todo. Por eso es crucial la negociación externa con los fondos buitre. Ayer en la Jefatura de Gabinete se insistía en que la orden política que tiene Prat-Gay es acelerar al máximo la negociación.

Peña pretende hacer una negociación exprés: cerrar en un mes el acuerdo y abrir el grifo del endeudamiento y así moderar el ajuste. Prat-Gay es más cauto. Conoce las dificultades, y habla de un trimestre.

Por eso el miércoles Luis Caputo dejó claro el deseo de Argentina de negociar. Igual tuvo un encontronazo con los fondos buitre: cuestionó el aumento exponencial de las deudas, por el ajuste de los intereses punitorios que aplicó Thomas Griesa. Se trata de los bonos FAN, que precisamente tiene en su poder Paul Singer. La discusión formal no empañó el resultado de un encuentro hermético y paralelo entre el propio Caputo y el abogado Robert Cohen, del fondo MNL.

La reunión se habría echo en Manhattan en un discreto restaurant. Caputo habló de acuerdo, pero planteó las dudas que existen en Buenos Aires sobre el deseo real de negociar que tienen los buitres. Según Economía, los fondos buitre quieren retrasar el acuerdo porque poseen bonos que siguen acumulando los intereses de una tasa altísima y entonces prefieren esa demora para engrosar su reclamo final a la Argentina.

Esta es la información confidencial que manejan los bancos de Wall Street, como Goldman Sachs, JP Morgan, HSBC y Deutsche Bank. Según los banqueros, Caputo y Cohen, que estaría por retirarse de MNL, hablaron de alternativas de pago que viabilicen un acuerdo factible para ambas partes.

En Wall Street se sostiene que la propuesta Argentina incluirá dos cuestiones:

– Se van a desconocer los altos intereses de la deuda en litigio.
– Se pedirá una quita inicial del 30% y a pagar en bonos a largo plazo.

Ocurrirá en una decena de jornadas. Ese plan de pago tendría una reacción inicial: el rechazo de Paul Singer. 

 

Criminales, policías, narcos y espías

Clarín

Julio Blanck

En cuanto sucedió la triple fuga y se precipitó el primer bochorno por la simulación de búsqueda de los criminales prófugos, el gobierno de la Provincia desplazó a jefes policiales de Quilmes a los que se tiene por estrechamente vinculados a Aníbal Fernández. Ahora se sabe, por escuchas telefónicas, que mientras algunos comisarios hacían como que buscaban a los escapados, otros mantenían contacto con sus allegados y protectores. Dos semanas más tarde, ya con los tres prófugos recapturados, la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Seguridad Cristian Ritondo pasaron a retiro de siete comisarios generales y pusieron en disponibilidad a otros dos, por inoperancia o complicidad en la búsqueda. La purga en la cúpula es una primera limpieza profunda, pero habrá que ver si resulta suficiente. 
Hombres clave de la gestión anterior siguen en funciones. Y continúa firme el sistema de negocios y complicidades, que demasiadas veces hizo de la Policía provincial mucho más un problema que una solución. Fuentes políticas de alto nivel aseguran que cuando la crisis por la triple fuga ardía, el lado oscuro de la Bonaerense hizo saber a los jefes de las comisarías que el valor de esas dependencias –o sea el tributo que rinden regularmente en línea ascendente– aumentaba un 25%. Curiosa paritaria de prepo, que ajusta por debajo de la inflación. ¿Adónde irá a parar esa recaudación, ahora que Vidal avisó por canales informales pero eficaces que su gobierno no recibirá la generosa y puntual valija policial?
La fuga de los Lanatta y Schillaci, asesinos del triple crimen de 2008 ejecutado como ajuste de cuentas en el tráfico de efedrina, trajo brutalmente al centro de la escena pública la penetración del negocio de la droga en nuestro país.
El narcotráfico se expandió casi sin obstáculos durante los años del poder kirchnerista. Los narcos ven al país “como un lugar de impunidad”, diagnosticó el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco. Hace falta más que un diagnóstico acertado para enfrentar esta amenaza a toda la sociedad. Lo primero es tener una dimensión real del peligro y ahí se abre un interrogante.
El secretario Burzaco declaró que el país vive “una situación grave” con el narcotráfico, pero que aún está “en condiciones de revertirla”. No se ha llegado a situaciones como las de Colombia o México, señaló, donde “hay carteles de la droga instalados”. 
Esas palabras reflejan cierta tendencia notoria en funcionarios importantes del Gobierno, según la cual el Estado estaría enfrentando en esta etapa a “bandas menores” del narco. El propio presidente Mauricio Macri estaría convencido de ello.
Según esta hipótesis, esa escala reducida del tráfico de drogas podría ser limitada, o hasta neutralizada, por una acción urgente y enérgica del Estado. Macri se entusiasmó con el relato de su amigo, el ex presidente chileno Sebastián Piñera. Al visitarlo esta semana en la Casa Rosada, le comentó que durante su gestión Chile estableció una moderna y espesa barrera tecnológica contra el ingreso de droga a través de su extensa frontera. Aseguró que la operación fue exitosa. Esas sustancias no entraron al país trasandino: se habrían derivado hacia la Argentina.
En noviembre de 2013 los obispos se refirieron con dureza a este tema. “Si la dirigencia no toma medidas, costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar las mafias del narcotráfico”, dijo el Episcopado argentino en aquel documento difundido pocos meses después de que el cardenal Jorge Bergoglio fuese consagrado como el papa Francisco. El gobierno de Cristina pataleó con furia porque el señalamiento a su responsabilidad era evidente. Además del pataleo, no hizo nada. 
El presidente Macri proclamó desde la campaña electoral que la lucha contra el narcotráfico es un pilar básico de su propuesta. La diferencia con el kirchnerismo en este aspecto es evidente. Pero ahora que se apaga un poco el ruido de la triple fuga, vale recordar que Maquiavelo ya advertía hace más de cinco siglos que “es defecto común de los hombres no tener en cuenta la tempestad cuando el mar está en calma”. El riesgo de minimizar la escala del enemigo es que pasemos de sensación de inseguridad a sensación de narcotráfico.
La extensión del narco se explica, en buena parte, por la desidia, ineficacia o directamente complicidad de autoridades de distintos niveles del gobierno anterior. Pero también por la facilidad con que la droga penetró las estructuras de las fuerzas de seguridad, transformándolas en socias parciales de su negocio. “Las fuerzas que encontramos también son bandas menores” dice un funcionario del área presidencial. “Está todo fragmentado y se hacen arreglos territoriales; son muy permeables y te perforan con poco”, completa la descripción.
Esas fuerzas “han sido penetradas por las mafias”, dijo Macri. El estrago que dejó el kirchnerismo se evidenció con la búsqueda de los tres prófugos. Pese al esfuerzo de funcionarios civiles por poner a trabajar juntos a oficiales de instituciones que no se hablan desde hace años, afloraron celos, inoperancia, superposiciones, zancadillas, hasta la presunción de negocios y zonas liberadas superpuestas. A eso hay que sumar las reyertas entre ministros y secretarios del macrismo con la administración socialista de Santa Fe que encabeza Miguel Lifschitz. 
Anoche el Gobierno descartó un video como supuesta prueba de que Cristian Lanatta y Víctor Schillaci hubiesen sido apresados el sábado en Cayastá, Santa Fe, poco después de que cayera Martín Lanatta, para ser luego liberados y después recapturados el lunes. Si eso hubiese sucedido, sería gravísimo. Que el Gobierno suponga que pudo haber sucedido, también. 
En la Casa Rosada se asegura que hubo una intención deliberada de poner en ridículo al Gobierno. “El sábado la prensa iba relatando minuto a minuto, por radio y en sitios web, la captura de Martín Lanatta y después las de los otros prófugos. ¿Quién podía darles esa información si no eran las fuentes oficiales que estaban en el lugar?”, pregunta un funcionario importante de Macri. La Policía santafesina y la delegación de Gendarmería en la zona están bajo cuidadosa observación.
Es curioso, pero hasta acá el único organismo que parece haber salido indemne del caso es la Agencia Federal de Inteligencia, nuevo nombre que Cristina le dio a la vieja SIDE. “La Secretaría quedó desmantelada”, confía un secretario de Estado que sigue nombrando como antes a la oficina de los espías. El primer trabajo de sus nuevos jefes, Gustavo Arribas y Silvia Maj-dalani, fue tratar de identificar y remover a los casi 400 agentes de última hora que les plantaron La Cámpora –sobre todo la de provincia de Buenos Aires– y otros sectores del núcleo duro kirchnerista.
En la triple fuga la AFI estaba al margen, hasta que una precisa iniciativa de la ministra Patricia Bullrich vinculó el escape con las redes del narcotráfico y la denuncia habilitó la intervención de la Justicia federal. El caso recayó en el juez Sergio Torres, quien al parecer tiene una larga relación personal con el ministro Ritondo. Y también ha cultivado cercanía con sectores de la vieja SIDE que siguen en actividad. Sonaron los timbres adecuados y se puso en acción lo que la Casa Rosada llama “un grupo que mantuvo su profesionalismo”.
Así la AFI, en base al viejo y nunca bien ponderado recurso de triangular llamadas, más la activación de ciertos informantes del submundo del delito, habría informado sobre la localización de los prófugos en Santa Fe. En la prensa ya se publicó cómo los gendarmes que debían actuar en función de ese dato desplegaron un operativo con tropas especiales a dos kilómetros del lugar indicado. No encontraron a nadie y les avisaron a todos que andaban por allí. No es raro que ahora los tengan en la mira.
En un universo siempre opaco y resbaladizo, fuentes políticas sostienen que ese equipo de la AFI tendría como referencia a Jaime Stiuso, el otrora poderoso jefe de espías que Cristina descabezó apoyándose en el entonces jefe del Ejército, teniente general César Milani, en quien depositó los generosos recursos del espionaje estatal.
Tiempo después, hizo ayer exactamente un año, el fiscal Alberto Nisman denunció a Cristina por encubrimiento a iraníes en el atentado a la AMIA. Cuatro días más tarde Nisman –muy vinculado a Stiuso– apareció muerto. Meses después cayó el propio Milani, quizás porque Cristina percibió que se acercaba demasiado a Daniel Scioli.
Stiuso, que siempre se proclamó servidor del presidente de turno y así forjó su propio imperio, fue citado a declarar en febrero por el caso Nisman. Hoy vive en Miami o en California, según quien lo cuente. Se asegura que entonces volvería al país. Su regreso podría ser una mala noticia para Cristina, para Máximo Kirchner, para Carlos Zannini. 
En la política lo llaman “el hombre que está afuera”. Algunos de sus discípulos, que no son pocos y se mantienen activos, le dicen simplemente “Papá”.


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