Con una marcada tensión en el clima social, Santa Cruz continúa sufriendo las consecuencias del conflicto de la UOCRA con el empresario K Lázaro Báez, que adeuda salarios y vacaciones a sus empleados. Los despidos son masivos día a día y Austral Construcciones, empresa beneficiada con la obra pública durante doce años, suma a su enfrentamiento las diferencias con el gobierno de Alicia Kirchner. Desde el martes 250 efectivos de Gendarmería permanecen en la ruta 3 en Caleta Olivia y los piquetes se concentraron en Río Gallegos.

En medio del conflictivo escenario que vive la provincia, Alicia Kirchner viajó a Buenos Aires y el viernes mantendrá una reunión con el ministro del Interior Rogelio Frigerio con la obra pública para Santa Cruz como uno de los principales temas en agenda. El pedido se centrará sobre todo en la continuidad del complejo hidroeléctrico de las represas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic” para que se reactive y así la UTE a cargo de la obra absorba a los desocupados de la UOCRA.

La gobernadora, que sostuvo que “Santa Cruz está quebrada”, con un déficit de $4.600 millones, solicitará también la ayuda de Nación para hacer frente al pago de salarios de la administración pública. Según confirmaron a Clarín, antes de retirarse de la presidencia Cristina Kirchner envió a Santa Cruz fondos por $ 1.500 millones que fueron colocados en un plazo fijo. “Primero que usen ese dinero” señalaron ayer fuentes oficiales del gobierno Nacional.

Buscando destrabar el conflicto en Santa Cruz, Fernando Basante, el ministro de Economía, se reunió con Juan Domingo Martínez, secretario gremial de la Seccional Sur de la UOCRA, con un primer acuerdo: pagar la primera quincena, después el aguinaldo la próxima semana, y posteriormente la segunda quincena y por último las liquidaciones finales del personal despedido.

Todo está supeditado a que el viernes Lázaro Báez cumpla con estos pagos, de no hacerlo, volverán los piquetes en las rutas. 

Austral Construcciones reitera que carece de “liquidez” para hacer frente a las deudas con los empleados y día a día se envían un conjunto de telegramas de cesantía a los 1.800 trabajadores que despedirán, después de doce años de bonanzas con la obra pública: durante el kirchnerismo ganó 54 licitaciones por $ 24.500 millones.

A los problemas económicos se suma las diferencias con el gobierno provincial. La secretaría de Trabajo rechazó los telegramas de despidos considerando que el contenido “resulta inexacto”, ya que la firma “cedía” la potestad de cobro ante Vialidad Nacional -a quien Lázaro le reclama $ 400 millones- y de pago ante los trabajadores. “Quieren confundir a la gente y juegan con ella”, acusó la secretaría. Alicia Kirchner preocupada por el nivel de desocupación que dejará, en sus entorno sostiene que Báez “debe pagar a su gente”.