Nuevos antecedentes está recabando la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en el marco de su investigación a la generadora GasAtacama, propiedad de Endesa, por la “inconsistencia” de la información presentada respecto de sus parámetros de operación.
Según señalan fuentes del organismo fiscalizador, tras conocer las inconsistencias que detectó el Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC) del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) en los parámetros declarados por la generadora sobre tiempo mínimo de funcionamiento y la denominada operación a “mínimo técnico”, decidieron solicitar a la entidad que coordina al sistema nortino una nueva batería de datos.
A través de oficios y cartas enviados en las últimas semanas, la SEC pidió información más detallada para determinar si la termoeléctrica de Endesa, cuya capacidad instalada total es de 780 MW, incumplió algunos de los parámetros.
La generadora informó que necesitaba al menos 30 horas de funcionamiento para estar en óptimas condiciones, pero se detectó que, de acuerdo a los parámetros internacionales para este tipo de unidades, este lapso no debería superar las dos horas. Asimismo, el mínimo técnico de operación determinado por Endesa era de 310 MW, mientras que la auditoría lo estimó en 172 MW, un 45% menor.
La modificación de los mencionados parámetros podría haber tenido efecto en los precios del sistema, perjudicando principalmente a los clientes libres, como mineras y grandes industrias, pues habría afectado la planificación del uso de las instalaciones que hace el CDEC-SING.
Pero no solo la filial de Endesa está bajo la lupa, el regulador también está investigando la forma en que otras unidades de generación que operan en el norte informaron y cumplieron los mencionados parámetros, por lo cual solicitó al organismo que le remitiera información de cada una de las centrales que modificaron su mínimo técnico entre 2013 y 2015.
Por el momento, la SEC está analizando los datos, y aún no ha requerido información al respecto a Endesa, la que ha señalado públicamente que el complejo de cuatro unidades ubicado en Mejillones cumple con todos los parámetros de operación.
Fuentes señalan que la superintendencia estaría interesada en asumir un rol más activo en la fiscalización del negocio de las eléctricas y ampliar su actual accionar, que se centra en vigilar el cumplimiento de la normativa, principalmente, a nivel técnico.
Asimismo, la SEC estaría interesada en acelerar la investigación y la aplicación de sanciones, disminuyendo el tiempo de los procesos.
Si es que la SEC determina que Endesa, u otro operador, vulneró la normativa, las empresas se arriesgan a una multa de hasta 10 mil UTA, unos US$ 7,5 millones e incluso llegar a la paralización de la respectiva unidad.
