Ayer en horas del mediodía, mientras el acceso a Caleta Olivia aún estaba cortado, en la sede de la UOCRA Seccional Comodoro Rivadavia se realizó una reunión para ultimar detalles de lo que sería un principio de acuerdo sobre la situación de los 92 trabajadores de esta ciudad que prestan servicios para la empresa Austral Construcciones –Kank y Costilla.

El encuentro fue encabezado por el secretario general, Raúl Silva, quien estuvo acompañado por Rubén Crespo, su secretario adjunto; y los delegados de la empresa que construía la autovía Comodoro Rivadavia–Caleta Olivia. También estuvieron presentes los propios trabajadores afectados, e incluso algunos familiares.

Tras este encuentro que se extendió hasta cerca de las 13:30, finalmente se confirmó que la empresa desvincularía a los 92 trabajadores afectados y los indemnizaría, tras deberles las dos quincenas de diciembre, el aguinaldo y las vacaciones.

En principio ese sería el compromiso de la empresa. Sin embargo, desde UOCRA aún preferían la cautela, para evitar que se reavivara el conflicto y evitar una situación similar a lo que sucede en Caleta Olivia. Por eso querían que el arreglo para la liquidación final de los trabajadores -que podría ser en cuotas- se firmara ante la Secretaría de Trabajo, a la cual le pidieron intervención. "Queremos hacer un acuerdo con papeles”, señaló Crespo.

Así se espera que entre hoy y mañana, Marcial Paz, secretario de Trabajo de la provincia, llegue a Comodoro Rivadavia. El mismo funcionario confirmó esta posibilidad a El Patagónico, aunque el día y horario dependía de un llamado de UOCRA al acordar los últimos detalles el arreglo.

Por otro lado, mientras se llega a una solución final de este conflicto, se trata de reubicar a los trabajadores. Una de las posibilidades es que se agilice la obra del Camino de Circunvalación que se ejecutará con fondos de Nación, tal como se comprometió la semana pasada.

Así lo habría manifestado el propio gobernador Mario Das Neves en la cumbre que el lunes tuvo lugar en Rawson, donde gremios, operadoras, intendentes y legisladores fijaron postura sobre la crisis petrolera que afecta a la industria y amenaza con despidos masivos en la zona sur de la provincia.

Pasada la media mañana de ayer llegaron a Caleta Olivia 250 efectivos de Gendarmería en respuesta al pedido de la juez federal Marta Yáñez, aunque no debieron actuar ya que ante la mera presencia y el oficio de la magistrada notificándolos del delito federal que estaban perpetrando, en asamblea los trabajadores caletenses decidieron levantar el piquete y trasladarse directamente a Río Gallegos a la sede de Austral Construcciones.

Pero en el corte montado en la ruta se dio una cuestión muy peculiar, toda vez que varios camiones y máquinas viales de Austral Construcciones habían sido llevadas al piquete y quedaron abandonadas en custodia de la propia Gendarmería hasta que alguien de la empresa “se presente a reclamarlas, es un problema de ellos”, sostuvo el secretario general de UOCRA Zona Norte, Cristian Salazar, al anunciar la decisión de volver a la ciudad. Aclaró que no las llevaron ellos, “a las 6 de la mañana las máquinas estaban cortando la ruta”, expresó el dirigente sindical.

La intención es sumarse a los obreros de Río Gallegos, no sólo para expresarse en la vía pública sino para encontrar algún carril de solución para el pago de lo que se les adeuda y de la indemnización, para aquellos trabajadores que reciban el mentado telegrama de despido.

Durante la mañana ya un centenar había recibido en sus domicilios la notificación de cesantía por parte de Austral Construcciones. A los telegramas de despido los tienen que mandar para saber la situación” reclamó Salazar, señalando que “en Caleta son 150 o 200 viejos que están esperando saber su situación”, expresó el dirigente gremial.

Cabe recordar que el contenido de la misiva, manifestando que “cedía” en favor de la Secretaría de Trabajo la potestad de cobro ante Vialidad Nacional y de pago ante los trabajadores, fue rechazado enfáticamente por el organismo laboral como una maniobra ilegal que busca confundir a los obreros y a toda la población (ver recuadro aparte).

Se prevé que unos 300 trabajadores de Caleta Olivia llegarán a primera hora de hoy para sumarse a los de Río Gallegos y se especulaba que lo propio harían los obreros afectados en Puerto Deseado, San Julián, Piedra Buena y El Calafate.

“Vamos a ver si hablamos con alguien del Gobierno Provincial. Estoy tratando de conseguir audiencia con la gobernadora Alicia Kirchner o el vicegobernador Pablo González” explicó Salazar, sin saber que la gobernadora viajó hoy hacia Buenos Aires para mantener una audiencia con el ministro del Interior Rogelio Frigerio,  y que uno de los temas que tiene en agenda Alicia Kirchner es, justamente, la continuidad de las obras públicas iniciadas en Santa Cruz.

Para los obreros la única solución es “que aparezca el dinero”. Salazar recordó que “fueron 12 años en que la empresa (Austral Construcciones) cobró las certificaciones. Si no tiene eso, es seguro que tiene material para empezar a desprenderse para pagarles a los trabajadores. A muchos de los compañeros los están echando de las casas por no poder pagar los alquileres. Lo que pedimos es que paguen lo que les corresponde por ley y que en todo caso venga otra empresa con espalda”.

Salazar, por otra parte, confirmó que presentó una denuncia penal contra el empresario Lázaro Báez por “abandono de persona”, ya que consideran que el dueño de la firma dejó “sin comida, sin calefacción y sin agua” a los operarios que vivían en los obradores de distintos lugares de Santa Cruz, algunos incluso ubicados en pleno campo y que tuvieron que salir a cazar para poder alimentarse.

En tanto en Río Gallegos se llevó a cabo el corte de 7 a 18 horas por séptimo día consecutivo y se reflotó el de El Calafate que había sido desactivado el pasado jueves luego del encuentro que mantuvo la gobernadora con delegados de los trabajadores de la empresa.

Trabajo rechazó telegramas

Después de cuatro días sin cortes, los trabajadores de Austral Construcciones volvieron ayer a los piquetes en las rutas santacruceñas como reclamo por el conflicto salarial que tienen con el dueño de la empresa, Lázaro Báez, quien le advirtió de la crisis al gobierno provincial de Alicia Kirchner mediante un telegrama.

Durante todo el día, sobrevoló el fantasma de los despidos de la empresa constructora más beneficiada de la Patagonia por la gestión kirchnerista. Alrededor de 1700 obreros están en vilo por su empleo. Al cierre de esta edición, fuentes gremiales confirmaron que aún los trabajadores no habían sido notificados sobre su futuro.

El clima se agitó cuando a primera hora desde el gobierno provincial acusaron a Báez de "confundir a la población, siendo lo más doloroso que se juegue con los trabajadores con burdos pretextos". El gobierno lo hizo a través de un comunicado, en el que se replicaba el supuesto contenido de los telegramas que habría enviado Báez.

Desde la Secretaría de Trabajo afirmaron: "No es posible legalmente, que la Secretaría de Trabajo asuma las responsabilidades que pretende delegar la empresa". Y en el mismo sentido expresa que "no tiene facultades legales para convertirse en agente de cobro ante Vialidad Nacional, ni de pago ante los empleados de la empresa deudora".

Báez había alegado que no les podía pagar los sueldos a los trabajadores por deudas que le había dejado el gobierno anterior.

Sobre las deudas de Báez, el ministro de Transporte, el macrista Guillermo Dietrich, aclaró:"En noviembre la factura de Báez fue de 400 millones de pesos, que es la que reclama y todavía no venció".

Además, el funcionario nacional aseguró que la deuda era con el gobierno provincial. Y anunció la intervención al distrito Santa Cruz de Vialidad Nacional, el organismo al que Báez le reclama la presunta deuda.

Por su parte, en Caleta Olivia la jueza federal Marta Yáñez solicitó el envío de las fuerzas de seguridad nacionales para que restablezcan la libre circulación en la ruta nacional Nº 3, bloqueada por militantes de la Uocra, estibadores y petroleros.