El ministro Raúl Chico lamentó el contenido de la solicitada publicada por el ex intendente de Antofagasta de la Sierra, Carlos Fabián, en la que indica que los jefes comunales no tenían la obligación de presentar los proyectos para la inversión de las regalías mineras a partir de una acción de inconstitucionalidad que había sido planteada por los ex intendentes Alejandro Páez y Humberto Valdez (FCS).

Chico recordó que la Unidad siempre estuvo vigente desde 2013 y agregó que la Corte de Justicia rechazó el planteo que había sido iniciado por los jefes comunales. Aclaró además que la medida judicial no era abarcativa para todos los intendentes sino para aquellos que se habían presentado en la Justicia con un recurso por el que pedían la inconstitucionalidad del decreto 202/13 por el que se creó la Unidad de Gestión de Proyectos. 

A través de una solicitada, el ex intendente Carlos Fabián ensayó alguna explicación a la denuncia por la extracción de $ 4 millones de la cuenta de regalías mineras, unos 15 días antes de finalizar la gestión. En ese marco, Fabián afirma que la Corte de Justicia había notificado al Ejecutivo que "deberá abstenerse de aplicar hasta tanto recaiga sentencia definitiva el decreto acuerdo 202/13, que encomendaba al Ministerio de Producción y Desarrollo coordinar lo atinente al destino y aplicación de los fondos provenientes de regalías mineras”. 
El titular de la cartera de Producción recordó que los únicos que tenían un planteo judicial eran Páez y Valdez. Por lo tanto, el resto de los jefes comunales siguieron obligados a presentar los proyectos en la Unidad. 

La historia fue la siguiente: Ante la polémica que ya existía por la inversión de los recursos mineros, el 25 de febrero de 2013, el Gobierno emitió el decreto 202/13 por el que se creó la Unidad de Gestión de Proyectos en ámbitos del Ministerio de Producción. La medida implicó un cambio en el circuito de la inversión de las regalías mineras porque los municipios ya no debían presentar proyectos ante el Tribunal de Cuentas y ante la Dirección de Relaciones Municipales sino ante este nuevo organismo de gestión. 

Intendentes del FCS se opusieron a la medida y el primero que recurrió a la Justicia fue el intendente de Andalgalá, Alejandro Páez. En julio de 2013, la Corte de Justicia de la Provincia hizo lugar al recurso de amparo presentado por Páez. Sin embargo, la suspensión del efecto del decreto solo era para los jefes comunales que se habían presentado ante la Justicia. 

De todos modos, en junio del año pasado, Fiscalía de Estado, a través de su titular Carlos Bertorello, informó que la Corte de Justicia falló a favor del Gobierno en los cuestionamientos al decreto. Así, luego de un planteo que realizó Fiscalía de Estado, se notificó al organismo estatal que en ambas causas la Corte declaró la "caducidad de instancia”. Es decir, sentencias a favor del Gobierno provincial en razón de la inactividad de quienes demandaron.


Limitaciones 

El Ministro aclaró que esa Unidad Administrativa del Ministerio de Producción no tiene el "poder de policía" para intimar a los jefes comunales para que presenten los proyectos antes de la inversión de los recursos mineros. En este sentido, la Unidad de Gestión asesora a los jefes comunales para lograr que se cumpla con el artículo 5º de la ley de regalías mineras. Según el Ministro, el control posterior a la inversión está a cargo del Tribunal de Cuentas, quien deberá determinar si el jefe comunal cometió irregularidades con los recursos provenientes de la minería. Mientras tanto, el depósito de los fondos sigue bajo la responsabilidad del Ministerio de Hacienda, luego de que la secretaría de Minería realiza el cálculo para la distribución de los fondos liquidados por las empresas mineras. 

El FCS pide que la Justicia atienda la denuncia 

Diputados del FCS solicitaron ayer la actuación del Poder Judicial, específicamente de la fiscalía competente, y responsabilizaron a Carlos Fabián por los desmanejos en la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra.

A través de un documento los legisladores exigen "el inmediato abocamiento del Poder Judicial para resolver la grave denuncia realizada por el intendente Julio Taritolay relacionado con la extracción de $ 4 millones del Fondo de Regalías Mineras correspondiente al municipio de Antofagasta de la Sierra".

"Las argucias publicadas no justifican ni lo eximen de responsabilidad ante la gravedad de la denuncia realizada. Lo que debe hacer el multi denunciado y procesado ex intendente del FV, es mostrar la documentación de su gestión", aseguraron los legisladores.

En este sentido señalan que desde el 25 de octubre, día que perdió la elección, sabía que el 9 de diciembre debía entregar el Municipio junto con toda la documentación como establece el Tribunal de Cuentas. 

Apenas, cinco días antes de finalizar su gestión, el 4 de diciembre de 2015, Fabián envió una nota a la ex directora de Relaciones Municipales, Ernestina Luna, en la que comunica que emitió decretos para la inversión de los recursos de regalías mineras al considerar que no tenía la obligación de presentar proyectos ante la Unidad de Gestión. 

Conviene recordar que en junio del año pasado, el fiscal de Estado Carlos Bertorello, informó la plena vigencia del decreto 202/13. Sin embargo, de acuerdo con la documentación a la que accedió este diario, en diciembre Fabián argumentaba que por una sentencia de la Corte ese decreto no estaba en vigencia. 

En ese marco sostiene en la nota que "las obras previstas en el presupuesto no pueden dejar de ejecutarse sobre todo en atención a la mora de la Justicia en la tramitación y resolución definitiva de la causa".

Así argumenta que por los decretos 30/14 y 31/14 se dispuso la afectación de recursos de regalías mineras para la ejecución de las obras "Mantenimiento de Huellas y Caminos en todos los distritos"; "Construcción del ala oeste de la Hostería Municipal de la Villa de Antofagasta de la Sierra. De igual manera, comunica que se afectaron recursos de regalías para la continuidad de esas obras en el presupuesto 2015, a través de dos decretos. 

La nota confirma que Fabián no había presentado los proyectos ante la Unidad de Gestión del Ministerio de Producción, quien debía evaluar si las iniciativas cumplían con el artículo quinto de la ley que estable que los recursos de la minería se debían invertir en proyectos para el desarrollo de infraestructura destinada a la producción.