Durante más de una década, el Perú ha sido una estrella en ascenso entre las economías emergentes debido a su rápido crecimiento, la reducción de la deuda pública y la saludable expansión de sus reservas internacionales, por todo lo cual se le ha considerado uno de los países más solventes de Latinoamérica.
Cuando se derrumbaron las materias primas, Perú, al igual que sus vecinos, se vio fuertemente afectado. Se redujeron los presupuestos gubernamentales, aumentó el desempleo y declinaron las exportaciones. Pero además pasaba otra cosa, y nadie reaccionó: la cantidad de compañías de dimensiones suficientes para mantener el mercado bursátil de Lima en la categoría “emergente” disminuía de manera peligrosa. Hace cuatro años eran cerca de una docena, mientras que ahora hay apenas tres.
El resultado es una posible catástrofe: una probable rebaja para junio del mercado bursátil de Lima a la categoría de “fronterizo” por parte de MSCI Inc., cuyos índices son la referencia para más de US$ 9.5 billones de activos en todo el mundo. Si Perú cae a la categoría de países como Kazajistán, los inversores internacionales podrían ignorarlo, lo que significa que miles de millones de dólares podrían abandonar los fondos de inversión. El gobierno se esfuerza, pero el tiempo se agota.
“Las autoridades acaban de despertar”, dijo César Álvarez, jefe de economía y finanzas de la escuela de negocios Centrum Católica en Lima. “Necesitan prácticamente un milagro para que aumenten las operaciones en momentos en que la confianza de los inversores está por los suelos. La probabilidad de pasar a la categoría fronteriza es muy alta”.
El principal índice bursátil de Lima bajó 33 por ciento el año pasado, el peor retorno del mundo después del de Ucrania. El promedio de los volúmenes diarios de operaciones fue de US$ 15 millones en los primeros 11 meses del 2015, la mitad del nivel de igual período del 2012, a pesar de que el crecimiento económico de Perú, que durante más de 10 años fue el más rápido de América Latina, da muestras de estar recuperándose de la caída de las exportaciones de metales.
Algunos han responsabilizado al gobierno del presidente Ollanta Humala, que asumió en 2011. Señalan que el volumen de operaciones bursátiles se ha derrumbado 70% desde el 2007 pero que hace apenas dos años que empezaron a tomarse medidas para impulsarlo, entre ellas bajar los costos de las transacciones y regular los trusts de inversión inmobiliarios. Sólo después de un ultimátum de MSCI en agosto el gobierno aprobó la eliminación de un impuesto de 5% a las ganancias bursátiles, que entró en vigor el 1 de enero.
Los críticos dicen que las medidas son escasas y tardías. Alfredo Thorne, fundador de Thorne & Associates, una firma de análisis, y miembro del directorio de la Bolsa de Valores de Lima, dijo que hay una larga lista de medidas que el gobierno debería haber instrumentado para atraer a los inversores y alentar a las compañías a vender acciones: permitir la venta de acciones por parte de compañías estatales, eliminar las restricciones a la forma en que los operadores atraen capital privado y crear nuevos valores para impulsar la negociación de bonos empresariales. Por otra parte, la reducción de los impuestos a los aumentos de capital sólo se aplicó a las acciones y no a otros productos.
El Ministerio de Economía y Finanzas dijo que no hay pruebas concretas de que las normas impositivas de los últimos años hayan contribuido a reducir la liquidez. Dijo que se han tomado medidas para aumentar las operaciones, tales como la eliminación de las restricciones a la cotización en bolsa de firmas de pequeña cantidad de capital y la flexibilización de las reglas para las ventas de acciones.
“La decisión de aprovechar estos mecanismos para incrementar liquidez es puramente privada”, dijo el ministerio.
A pesar de que se redujeron las comisiones y se dispuso la exención impositiva bursátil, Perú sigue siendo más caro que los vecinos Chile y Colombia, que son más grandes y líquidos. Además de sus problemas estructurales, Perú está en clara desventaja en la competencia por inversores extranjeros, dijo Carlos Rojas, socio gerente de Andino Asset Management, que tiene sede en Lima.
De reducírselo a la categoría fronteriza, Perú se vería obligado a salir en busca de una escasa disponibilidad de capital. Hay cerca de US$ 2 billones que se invierten en acciones de mercados emergentes, pero no hay más de US$ 20,000 millones invertidos en mercados fronterizos. Perú perdería su participación de 0.2% de la canasta emergente y obtendría una participación de 15% del segmento fronterizo que rehúyen muchos grandes inversores institucionales, según BlackRock Inc.
En septiembre del 2015, a pocos días de que Morgan Stanley Capital International (MSCI) anunciara que evaluaría al Perú para retirarlo de su índice de “mercado emergente”, el Congreso aprobó la ley que exonera el Impuesto a la Renta (5%) a las ganancias de capital en la venta de acciones (Ley 30341).
Según la ley, para que los inversionistas obtengan dicho beneficio, las acciones que vendan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) tienen que cumplir con dos requisitos a la vez: tener presencia bursátil y que la transacción no supere el 10% de las acciones de la empresa en la BVL (SE1484).
En diciembre, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó elreglamento para que este beneficio finalmente sea aplicado a partir del 1 de enero del 2016. Pero el reglamento ha creado, inesperadamente, nuevas responsabilidades para las sociedades agentes de bolsa (SAB), entidades que ejecutan las órdenes de compra y venta de acciones (también llamadas casas de bolsa).
El reglamento genera obstáculos operativos que, de no solucionarse, ponen en riesgo el objetivo de generar una mayor liquidez en la BVL. Los actores afectados son las personas naturales residentes que invierten en bolsa, así como los inversionistas en el extranjero, ambos grupos responsables de hasta el 30% del monto negociado de renta variable en la BVL, según Cavali.
SEMANAeconómica conversó con Silvia Muñoz, docente de la Maestría de Tributación y Política Fiscal de la Universidad de Lima, sobre los problemas que limitarán su aplicación.
En el Perú, el Impuesto a la Renta (IR) por la venta de acciones es el 5% sobre la ganancia, y es retenido por Cavali cuando el inversionista que vende es una persona natural residente del Perú, o una persona natural o empresa no residente. Con el nuevo reglamento, Cavali tiene que preguntarse si la transacción está exonerada o no de la retención.
De acuerdo a la ley, el vendedor o la SAB [con la que opera] tiene que informar a Cavali que el inversionista está exonerado. Con ello, automáticamente la operación pasa sin impuestos. Pero el reglamento ha exigido que la comunicación a Cavali tenga tres datos: la información del contribuyente, la presencia bursátil y todas las transferencias que ha efectuado en los últimos 12 meses. Pero esto no debe ocurrir.
Lo grave es el tema de las transferencias efectuadas en el último año. Imaginemos que en enero una persona natural ha negociado acciones de alguna empresa con la SAB 1. Luego, la misma persona negocia otras acciones con la SAB 2. La norma exige que la persona natural, a través de la SAB, le diga a Cavali lo que ha hecho en los meses previos con otro agente de bolsa.
No. Las personas naturales que invierten en bolsa tienen un broker. Si alguien tiene ese historial, es el broker. Un inversionista local puede participar con varias SAB, y que una SAB tenga que reportar lo que hace otra puede generar un problema de reserva bursátil. Aquí hay un problema operativo para la SAB, que tiene que convertirse en el asesor tributario del inversionista.
Sí, sucedería lo mismo. Éste inversionista no va a hacer un control de las transacciones que ha realizado el año anterior porque sólo tiene al bróker [para ello], y éste, de acuerdo a su jurisdicción, podría no revelar esa información por normas regulatorias de su país. La ley no exige que se remita esta información.
No tienen este problema. Es el único contribuyente que no está afecto a la retención de Cavali. Esta forma de normar el reglamento rompe la neutralidad porque las personas naturales residentes y extranjeras van a sufrir una carga administrativa mayor que las empresas locales. A un grupo se les pides informar algo impracticable. Y las personas jurídicas residentes no informan nada, sólo venden y no aplica la retención.
Son personas jurídicas domiciliadas, no les afecta. Para los market makers sí se ha previsto una norma especial, que es algo bueno. LasSAB que actúen como market makers no tienen que cumplir con el requisito del 10%. En tres días, una SAB que compra y vende ya superó el 10% [de las acciones que posee de una empresa]. Y comomarket maker tampoco está obligada a informar [sus transferencias] a Cavali porque la retención no se les aplica.
El origen de este proyecto está en los países del Mercado Integrado Latinoamericano, que tienen un tramo en el que no se aplica el impuesto a la renta bursátil. En Colombia, el beneficio ocurre cuando el contribuyente no vende más del 10% de su tenencia, y en Chile, cuando las acciones son líquidas. El Perú sigue estando en desventaja porque tiene los dos requisitos a la vez. Considero que se ha tratado de dar una respuesta al pedido, no de la BVL, sino de todo el mercado de valores peruano, que necesitaba un impulso. Pero en lugar de recoger un requisito, se ha tomado dos, y ahora hay una exigencia formal que genera un problema operativo.
Si soy accionista minoritario, voy a necesitar tener un control [de mis operaciones en la bolsa], porque el 10% se calcula en base a lo que vendo con mis partes vinculadas, personas o empresas. Tengo que ver qué otra persona, junto conmigo, no ha transferido más del 10% [de la tenencia de acciones]. En síntesis, el requisito operativo que se exige al contribuyente y sus participantes (SAB) es impracticable. Si uno no puede informar a Cavali [sobre sus transferencias], se le va a retener el 5%. Cavali tiene que recibir la comunicación con tres elementos. Si no la tiene, va a aplicar el 5%.
SEMANAeconómica conversó con Emiliano Cáceres, gerente general de Diviso Bolsa y presidente de la Asociación de SAB del Perú (ASAB Perú), que reúne a 16 de 26 SAB en el país. El ejecutivo expresó las mismas preocupaciones que Muñoz (SE 1501), y adelantó que éstos problemas ya han sido comunicados al MEF. Hoy martes 12 se está llevando a cabo una reunión entre ASAB Perú y representantes de esta cartera para hallar una solución.
Otro ejecutivo del sector, que prefirió no revelar su identidad por no ser parte de ASAB Perú, dijo que probablemente esperará hasta que el MEF revierta estos obstáculos. Ni Cavali ni la BVL estuvieron disponibles inmediatamente para brindar comentarios.
