El 2015 terminó con menos violencia, una leve disminución de los conflictos sociales y con tres casos mineros resueltos.
Así lo revela el último reporte de la Defensoría del Pueblo que indica que en diciembre se registraron 211 conflictos, cuatro menos que el mes anterior.
Solo un nuevo conflicto apareció en el radar, el de Tambomayo de Cía. De Minas Buenaventura, donde los que pobladores del distrito de Tapay (Arequipa) exigen a la minera la construcción de canales desde el río Molloco hasta la parte alta y baja de la jurisdicción, que emplee mano de obra local y dé oportunidades a las empresas locales.
El 29 de diciembre, en las instalaciones del GORE Arequipa se realizó una reunión entre la gobernadora regional, Yamila Osorio, y representantes de las distintas gerencia regionales, el FREDEMAT, la comisión de regantes de Tapay y de Cosñirhua Malata, representantes Buenaventura y de la Defensoría del Pueblo entre otros, donde arribaron a una serie de acuerdos. Se espera que el 22 de este mes la minera presente una propuesta técnica-financiera sobre el proyecto o proyectos de infraestructura hídrica para el distrito de Tapay.
Pero en diciembre, también Buenaventura sufrió otro conflicto, más complicado aún y que no registró la Defensoría. La Audiencia Pública para presentar el EIA del proyecto San Gabriel, en Moquegua, tuvo que ser cancelada y se suspendieron temporalmente todas las operaciones, hasta que mejoren las condiciones de diálogo con los pobladores.
Tres conflictos llegaron a buen puerto. El primero se trató de una denuncia de la población de la comunidad campesina Huantán contra la empresa Minera IRL por el uso de tierras comunales, quienes denunciaron que la minera ejecuta actividades de explotación en la mina de oro Corihuarmi que está ubicada en terrenos de la comunidad pese a que el contrato de usufructo que suscribieron en marzo de 2006 ya concluyó y sin que las negociaciones para la suscripción de un nuevo contrato hayan concluido. Asimismo, denuncian que las actividades desarrolladas por la empresa ha ocasionado la contaminación de las lagunas y ríos ubicados en la zona de explotación. Por otro lado expresan su incomodidad por el incumplimiento del compromiso que la empresa asumió en el 2006 sobre la ejecución de un proyecto de piscigranja.
De acuerdo a lo informado el 14 de diciembre por la ONDS, se ha realizado el 11 de septiembre de 2015 una reunión entre la comunidad y la empresa, en la que se llegaron a los siguientes acuerdos: i) Construcción de una piscigranja. ii) Se aprobó un presupuesto anual de apoyo social que la empresa otorgará a la comunidad. iii) Se realizará la gestión de proyectos u obras por impuestos. iv) Se aprobó el pago anual de uso de terrenos superficiales hasta el 2018, así como el pago anual por derecho de gastos administrativos.
Lo que resta saber es si con la pelea interna que tiene IRL, y aun sin director luego de la renuncia de Ramos, podrá seguir manteniendo los convenios con las comunidades, tanto de Ollachea como de Corihuarmi. Recordemos que ante esta puja interna las comunidades también alzaron la voz y se pronunciaron a favor de la filial peruana.
Otro de los conflictos resueltos fue en Pasco, la comunidad campesina San Antonio de Rancas demandaba a la empresa Cerro S.A.C. por el incumplimiento de un convenio con la empresa comunal ECOSERM Rancas. Según lo informado por el presidente de esta comunidad, las partes han cumplido finalmente con los acuerdos y consideran solucionado el conflicto.
El último de los conflictos resueltos en diciembre se dio en Tacna, donde el Frente Amplio de Defensa del Medio Ambiente de esta región y otras organizaciones se oponían a la explotación minera por parte de la empresa Minsur por temor a la contaminación de sus recursos hídricos. Esta inquietud fue presentada como una observación al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Pucamarca.
Minsur inició operaciones en Pucamarca en 2013. Y para resolver este conflicto realizó el recubrimiento del canal Uchusuma. La obra se concluyó luego de cuatro meses de trabajo, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y se recubrieron con concreto 840 metros del canal.
Cabe precisar que no existen manifestaciones públicas de oposición al proyecto de explotación minera Pucamarca ni al proyecto de exploración minera “Pucamarca Regional”. Ambos proyectos cuentan con evaluación ambiental aprobada.
La región de Apurímac continúa concentrando la mayor cantidad de casos con 23, seguida de Áncash (22) y Puno (19). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (68,7%) y la minería sigue siendo la que se relaciona con más casos socioambientales (62,8% de los casos).
En relación a la violencia en los conflictos, es importante señalar que desde el 1 noviembre no se registraron muertos ni heridos (dos meses continuos), situación que no se reportaba desde junio de este año, mes en el que tampoco se reportaron víctimas ni heridos Por otro lado, se ha registrado una disminución de las protestas, de 284 en noviembre a 107 en diciembre.
La Defensoría del Pueblo advierte de dieciocho situaciones que pueden devenir en conflictos sociales si no son atendidas a tiempo. En particular, merece atención el caso de la aplicación de la Nueva Ley Universitaria, que ha generado la toma de universidades y algunos enfrentamientos. Esta institución rechaza tajantemente cualquier forma de violencia, de cualquiera de las partes, e insta a las autoridades universitarias, al sector educación y a los estudiantes universitarios a resolver estos problemas en el marco de la ley.
La Defensoría alerta sobre una serie de conflictos que podrían desatarse sino se toman acciones concretas. La lista incluye 21 casos, entre ellos el que involucra a Las Bambas y Cotabambas; Quitarasca-Duke Energy; Buenaventura-Tapay; Cúnico; Anglo American y Moquegua; y Loreto por el derrame de petróleo y la formalización de mineros en Arequipa y Puno.
