Darío Aranda
El gobierno nacional confirmó que avanzará con más transgénicos (nuevas semillas y aumento del área sembrada) y más megaminería (eliminó retenciones e impulsa nuevos proyectos). Organizaciones sociales advirtieron sobre más desmontes, mayor uso de agrotóxicos y la multiplicación de los conflictos territoriales. La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) se movilizó al Ministerio de Agroindustria y exigió políticas para la agricultura familiar. Asambleas socioambientales ya alertaron que no permitirán nuevas explotaciones mineras y organizaciones campesinas cuestionaron las medidas en favor del agronegocios.
“El campo va a aumentar fuerte el área y la producción”, anunció Horacio Busanello, titular del pool de siembra Los Grobo, luego de conocerse la quita de retenciones a los productos agropecuarios. El secretario de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria, Néstor Roulet, fue en el mismo sentido y afirmó que aumentarán un 40 por ciento la producción de granos (llegar a 140 millones de toneladas).
Las autoridades del Ministerio se reunieron con la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), impulsores del modelo transgénicos y negadores de las consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. “Aapresid es un actor fundamental en la producción agrícola”, afirmó el ministro Ricardo Buryaile. Y anunció la pronta autorización de nuevas semillas de maíz y soja transgénica.
Las organizaciones campesinas denunciaron que más transgénicos y aumento del área sembrada será el avance sobre nuevas regiones (hoy en manos de agricultores familiares e indígenas) y mayor uso de agrotóxicos.
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) se movilizó al Ministerio de Agroindustria. “La agricultura familiar y campesina alimenta a la Argentina”, fue la consigna de lo más de 500 productores hortícolas, tamberos y porcinos. Se instalaron con sus cajones de verduras y frutas y las repartieron a transeúntes.
Solicitaron medidas concretas para el sector: un “Procrear Rural” para acceso a la tierra, créditos blandos, creación de colonias agrícolas en tierras ociosas del Estado, fomento áreas de reserva de agricultura familiar periurbana, mercados de proximidad para garantizar un precio justo para el productor y el consumidor.
La UTT, que forma parte del Frente Popular Darío Santillán y se mantuvo movilizada con reclamos durante los últimos años, explicó que la agricultura familiar representa un eslabón esencial en la cadena de producción de alimentos: “No somos soja, no somos exportaciones ni somos el empresariado. Somos las familias que vivimos en la tierra que trabajamos”, afirmaron. Y señalaron su “preocupación” porque las primeras líneas del Ministerio “se completaron con nombres provenientes del agronegocio, el empresariado y los patrones de los campos”.
Catorce organizaciones campesinas emitieron un comunicado conjunto a fines de diciembre. Cuestionaron la eliminación de retenciones a productos agropecuarios. “Aseguran inmediatamente beneficios económicos extraordinarios a megaempresas agropecuarias que han concentrado las cadenas de producción y comercialización, y a corporaciones exportadoras de granos”, denunciaron la Agrupación Grito de Alcorta, Asamblea Campesina Indígena del Norte (Acina), Federación Agraria, Frente Agrario Evita, Frente Rural La Cámpora, Movimiento Agroecológico de América Latina (Maela), Movimiento Campesino Liberación (MCL), Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y la Unión Argentina de Pescadores Artesanales (UAPA), entre otros.
Exigieron que se mantengan las política implementadas para el sector por el kirchnerismo y se reglamente con presupuesto la Ley 27.118 (de “reparación histórica”). “Sin una agricultura familiar que produzca alimentos para el mercado interno y que garantice el arraigo de importantes sectores de la población en el campo, difícilmente pueda existir una Argentina equilibrada y sustentable”, alertaron.
La megaminería también tuvo beneficios. Por decreto (160/2015), el 21 de diciembre, el Presidente eliminó las retenciones a las exportaciones de cobre, níquel, aluminio, plomo, zinc y estaño (eran del cinco por ciento). El diputado nacional del PRO Eduardo Cáceres, vicepresidente de la Comisión de Minería de Diputado, explicó: “Esto le abre la puerta de par en par a las inversiones mineras”. Y precisó que entre los proyectos en carpeta sobresalen Agua Rica (Catamarca) y Potasio Río Colorado (Mendoza).
Las asambleas socioambientales de Catamarca resisten desde hace más de una década la instalación de Agua Rica, un megaproyecto a sólo quince kilómetros de la ciudad Andalgalá, y donde nacen las vertientes de agua de la región. Con la experiencia de Minera Alumbrera (el primer megayacimiento de Argentina), la ausencia de puestos de trabajo, los hechos de contaminación y las represiones, ya no creen en las promesas mineras. En Mendoza, la Corte Suprema de Justicia falló contra las empresas mineras, ratificó la vigencia de la Ley 7722 (que prohíbe el uso de sustancias químicas contaminantes utilizadas en la actividad extractiva). “La gente ya eligió: no quiere megaminería. Esta es una elección por la vida, por el futuro y por el presente. Y está al margen de cualquier vaivén político”, afirmó la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza.
Javier Lewkowicz
Por Bruno Capra *
Si pensamos en un colega ingeniero, las cosas pueden parecer bien. ¿Promete funcionar eso? Juan José Aranguren es un ingeniero químico y ejecutivo empresarial que ocupó la máxima posición de Shell de Argentina entre 2003 y 2015, donde ingresó en 1977. Además, vicepresidente de Suministros para América latina a nivel mundial y presidente de la Cámara de la Industria del Petróleo. Sin dudas, un ejecutivo de buena trayectoria en una empresa global que debemos entender como líder de la globalización en el planeta. El cargo en el área de suministros internacionales de las provisiones fue seguramente un desafío importante, con los exigentes parámetros que se imponen. O sea: J.J. Aranguren es un importante ejecutivo global residente en Argentina.
¿Qué necesitamos los argentinos? Autoabastecernos de energía en todas sus formas, para ser autosuficientes en caso de bruscas alteraciones del mercado mundial, siendo que la humanidad nos suministra crisis con cierta frecuencia en todos los tiempos. Esto surge en Argentina desde el origen de las luchas del fundador de YPF, Enrique Mosconi, para obtener la independencia de las compañías extranjeras que pretendían controlar el recurso. ¡Qué paradoja! Mosconi luchaba contra la Standard Oil (USA), lo mismo que generó la alianza entre emprendedores holandeses y británicos que hoy conocemos como Shell que sigue siendo anglo-holandesa.
El autoabastecimiento energético es particularmente importante en una economía en desarrollo. Esto lo necesitamos para distribuir el ingreso por medio del empleo calificado en forma difundida para desarrollarnos que es mucho más que crecer para llegar a la meta de Pobreza cero. En el tema petrolero, la soberanía energética no es solo tener petróleo propio. Sin desarrollo tecnológico y fabricación de equipos nacionales podemos tener disponibilidad de petróleo, pero no soberanía energética porque dependemos de la importación de equipos específicos que sin ellos, la extracción, refinamiento, etc. no funcionan si no podemos comprar afuera lo necesario. O sea el desarrollo local nos da autonomía, independencia, soberanía y bienestar de la población. Lo importado, no.
Este Ministerio debiera ser una herramienta eficaz y necesaria para planificar, regular y programar las acciones del sector, que es algo fundamental para llegar al objetivo de Pobreza Cero propuesto. Sin planificación no habrá desarrollo, salvo para los patrones de la globalización, que naturalmente no alcanzan para nuestros ciudadanos argentinos.
¿Para qué es la emergencia eléctrica? Seguro que no en generación ni en transporte que están razonablemente dimensionados para el consumo actual, a pesar de haber crecido por una década a razón de unos 1000 MW/año que es por ejemplo lo que genera la central atómica de Atucha II inaugurada el año pasado. Solo son necesarias intervenciones en la distribución en barrios específicos de Buenos Aires, todos concesionados. La emergencia eléctrica es más sospechable de actitudes que soslayan los pasos de control administrativo que de ser útiles realmente en la gestión que debe hacerse para subsanar los temas que no funcionan.
Los problemas eléctricos existen. Están enmarcados dentro de un panorama económico en el sentido de las implacables dificultades que acarrea la escasez de divisas y las condicionantes ambientales impostergables. Las divisas no son resolubles con préstamos ya que si no se arma el repago con la misma solución, la restricción inexorablemente se presentará nuevamente. Analizando la posible política energética del sector de hidrocarburos no se pueden abrir a las importaciones sin perder trabajo nacional. Solo se lograría un descenso del precio de los combustibles, pero también tendría una rebelión de las provincias petroleras que se quedarían sin actividad petrolera, ni regalías, además del desempleo en todo el país. Aquí aparece la necesidad de regular el mercado y ajustar precio interno distinto a los internacionales. En este escenario es que se deberían preparar todas las medidas posibles para producir más energía con pesos y no con dólares... Hay que buscar instalaciones industriales de generación en pesos. De las pocas opciones disponibles, la mejor y más disponible es implementar un programa nacional de fabricación e instalación de aerogeneradores, de proyecto, construcción, instalación y gestión nacionales. Todos disponibles con gestión gubernamental.
Conclusión. ¿Puede un ingeniero entrenado en globalización ejecutar lo que el país independiente necesita? Nos permitimos someterlo a discusión. Lo fundamentamos porque las dificultades cuando se trata de delinear criterios básicos que sirvan como marco de referencia para la planificación, allí surgen todos los puntos difíciles de compatibilizar. Si pretendemos una Argentina con pobreza cero, es algo difícil de lograr. No hay para esto inteligencia suficiente. O sea usar las compras con el “Poder de Compra del Estado” disponible, con criterios de desarrollo..., y eso es muy distinto y mucho más complejo que solo: “conseguir lo necesario” con visión de corto plazo.
* Instituto de Energía Scalabrini Ortiz.
Por Sebastián Senlle Seif *
A pesarde haber transcurrido solamente un mes del nuevo gobierno, mucho ha ocurrido en torno a la política energética que comienza a delinear la gestión de la alianza encabezada por Mauricio Macri; en particular, esto resulta notorio si nos detenemos a observar la situación de la represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, proyectadas sobre el río Santa Cruz.
El 16 de diciembre de 2015 –a 4 días hábiles del nuevo mandato– se publicó el Decreto 134/2015 que declara la emergencia del Sector Eléctrico Nacional. Entre los considerandos que justifican la medida se hace hincapié en la renegociación de contratos, destacando al esquema tarifario como el encargado de brindar señales “... hacia un consumo eficiente y racional para los distintos segmentos y tipos de usuarios...”; agrega también que “... los sistemas de remuneración (...) no han dado señales económicas suficientes para hacer que los actores privados realicen las inversiones que se requieren...”. Asimismo, señala que “... la insuficiente adecuación del sistema de distribución a las necesidades de la demanda actual y futura....” se debe, entre otras cosas, a los nuevos hábitos de consumo de la sociedad, los avances tecnológicos y la intensificación del consumo domiciliario.
Algunos de los considerandos resultan particularmente ilustrativos a efectos de nuestra argumentación. Se afirma “...que los escasos niveles de reserva operativa en días y horas de alta exigencia (...) son menores al cinco por ciento (5 por ciento) de la potencia disponible...”, “...que al no haberse concretado nuevos emprendimientos de ese tipo (generación hidroeléctrica) en los últimos años, su participación en la oferta total de generación del sistema, año a año, es cada vez menor....” y “...que es necesaria la pronta concreción de proyectos de generación más eficientes que diversifiquen la matriz energética y reduzcan la dependencia del uso de combustibles fósiles....”. Teniendo en cuenta lo anteriormente citado, sorprende por su carácter contradictorio que haya trascendido la supuesta intención de detener la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz.
Estas obras permitirán el ahorro de 1200 millones de litros de combustibles fósiles al año reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes a 94300Ha de bosques incorporadas por año. A su vez, el ahorro de divisas para todos los argentinos será de 1150 millones de dólares por año.
El costo de operación y mantenimiento de las Represas NK-JC es de 6,01 U$D/MWh, mientras que el Estado Nacional ha contratado en los últimos años parques eólicos a un costo de operación y mantenimiento de entre 12 y 18 U$D/MWh, y de energía solar a 25 U$D/MWh.
Además, la vida útil de un generador eólico o solar es de aproximadamente veinte años mientras que existen en el país represas hidroeléctricas construidas en la década del 30 que continúan en operación. Finalmente, las presas significan más de 4700 millones de U$D aportados por un consorcio de bancos chinos que pagarán el proyecto generando obra, energía y trabajo para los argentinos, reservas para el Banco Central y una deuda que se pagaría con la misma generación de energía. Resulta muy difícil imaginar condiciones más beneficiosas para nuestro país.
La cuestión ambiental
El río Santa Cruz discurre sobre una cuenca enteramente nacional que atraviesa de Oeste a Este el territorio de la provincia homónima hasta desaguar en el Mar Argentino. No es compartido con ninguna jurisdicción. El artículo 124 de la Constitución Nacional establece que comprende a las provincias el dominio originario sobre sus recursos naturales, las aguas y los ríos. La provincia de Santa Cruz ya se ha expedido sobre el impacto ambiental de las obras, otorgándole una Declaración de Impacto Ambiental por un año, sujeta al cumplimiento de una larga lista de condiciones. El punto de mayor controversia en términos ambientales resultaba la posible afectación que pudieran causar los embalses generados por las presas al Lago Argentino y los glaciares. Ante esto se bajó la altura de coronación de la presa NK y la cota máxima de embalse, asegurando la desconexión hidráulica entre el embalse y el lago y la no afectación al mismo. Ello quedó demostrado en los estudios provistos por la empresa y la Universidad Nacional de la Plata, quien inspecciona la obra.
Descartados los argumentos técnicos y ambientales para detener la obra, sumado a la emergencia energética declarada por el propio Poder Ejecutivo, resta aún conocer las verdaderas razones que impulsan la animosidad del gobierno nacional en contra de la realización de las represas.
* Cepes (Centro de Estudios en Políticas de Estado y Sociedad).
