Si con la decisión de la Suprema Corte de ratificar la constitucionalidad de la Ley 7.722, también conocida como Ley Antiminera, se estimaba que la discusión sobre el desarrollo de la actividad en la provincia estaba terminado, pues se cayó en un error.
El Gobierno provincial a través de la Secretaria de Energía, Minería e Hidrocarburos, estudia la factibilidad de los proyectos mineros que pueden avanzar en la provincia y no se descarta la opción de avanzar con San Jorge, pero no sólo con el proyecto biprovincial, sino que reflotar la opción que se archivó en 2011 por pedido del entonces candidato, Francisco Pérez.
Sin embargo, la posibilidad no cae nada bien en un sector del oficialismo, específicamente en algunos intendentes y legisladores que no están de acuerdo con esa opción y que incluso, estudian las formas para "trabar" el avance del biprovincial, el cual pretende extraer material en Uspallata y llevarlo a San Juan para ser procesado.
El proyecto minero metalífero San Jorge ha pasado por tres etapas en busca de la posibilidad de explotar un yacimiento cuprífero en Uspallata. En primera instancia quiso hacerlo mediante lixiviación para lograr cátodos de cobre, proceso que fue rechazado por el uso de ácido sulfúrico, el cual quedó prohibido después de la aprobación de la Ley 7.722. Luego avanzó con la posibilidad de producir concentrado de cobre mediante el proceso de flotación, que si bien no tenía choques con la ley y se emitió la Declaración de Impacto Ambiental, fue resistido y archivado cuando se discutía el aval legislativo por pedido del entonces candidato a gobernador Francisco Pérez. La tercera opción es la que se mantiene activa y que no tiene conflictos con las normas vigentes, ya que consiste en extraer material en Uspallata y trasladarlo 22 kilómetros hasta Calingasta, San Juan, para su procesamiento a través de lixiviación.
Con ese panorama, y luego de que la Suprema Corte ratificara la legitimidad de la Ley 7.722, las nuevas autoridades del ramo estudian los posibles proyectos mineros a desarrollar, pero bajo ciertas premisas. En ese contexto, el subsecretario de Energía, Minería e Hidrocarburos, Emilio Guiñazú, no descartó la posibilidad de avance del denominado San Jorge II, el cual fue archivado por razones políticas en 2011.
Respecto a la posibilidad de avance de cada iniciativa que se presenta al Ejecutivo, recalcó: "El avance dependerá de que tengan un impacto económico-social positivo, que sean ambientalmente sustentables y que no tengan conflicto con el marco legal".
En ese sentido, Guiñazú dijo que los especialistas de la subsecretaría estudian los proyectos, incluído el que considera la utilización del método de flotación en la provincia. "El proyecto con proceso de lixiviación está descartado porque va contra la ley. El de flotación no utiliza las sustancias prohibidas y desde el punto de vista técnico no va contra la Ley 7.722", resaltó el funcionario.
Sin embargo, recalcó que la posibilidad de retomar la DIA archivada en la Legislatura dependerá de que se den además todos los otros factores, "porque la minería es una actividad económica legítima".
A pesar de que se trata -por ahora- sólo de una opción en estudio, la idea no cayó nada de bien en intendentes y legisladores, aunque a priori ninguno quiso hablar públicamente del tema, para no tener conflictos con Alfredo Cornejo. En el círculo íntimo saben que el gobernador no se opone a la actividad, aunque se cuida de no opinar más allá de lo políticamente correcto por la presión social que significa.
La cuestión es que más allá de la cuestión política, los representantes provinciales saben que no se puede bajar una orden a la hora de votar sobre minería, "porque Alfredo sabe que no podemos ir contra lo que pide la gente en nuestros territorios".
La posibilidad de retomar San Jorge II sorprendió a los legisladores que están más cercanos al debate minero y que corresponden al Este, el Valle de Uco y el Sur de Mendoza. Incluso algunos de ellos confirmaron- están buscando alternativas legales para que no avance siquiera San Jorge III, el proyecto biprovincial. "No sabemos aún cómo, pero una alternativa puede ser haciendo un proyecto que limite la cantidad de material que se pueda sacar de la provincia", adelantó otro de los legisladores.
Lo cierto es que por ahora ninguno quiere ir contra las decisiones que se están tomando en el Ejecutivo, porque nadie quiere ir contra Cornejo, pero aseguran que una vez que se avance con alguna alternativa minera, sea cual sea, se van a generar protestas sociales que pueden derivar en un quiebre dentro del oficialismo.
Sin ir más lejos, el ministro Enrique Vaquié, de quien depende la Subsecretaría de Minería, es uno de los mayores opositores al desarrollo de la minería metalífera, argumentando el alto uso del agua y las complicaciones que hay con el recurso hídrico en la provincia.
Las visiones respecto a la actividad son contrapuestas y extremas en los sectores que tienen mayor representación legislativa, pero en el oficialismo son especialmente distantes y tienen que ver con los territorios a los que representan y la presión social que les hacen sentir.
Por eso, no se descarta que un debate minero genere mucho ruido entre quienes, por ahora, se mantienen muy unidos y en armonía.
El actual gobernador no ve con malos ojos la minería, bien lo saben los legisladores, pero también saben que no se expondrá más de lo necesario en su defensa. Por ahora no le cierra la puerta al estudio de las opciones, pero seguramente esperará antes de avanzar con la posibilidad de volver a enviar una DIA para tratamiento legislativo, lo pensará bastante y analizará el contexto social.
Cornejo ya tiene experiencia con los cuestionamientos a la minería, basta recordar la polémica que se generó cuando dos diputados y hombres de su confianza viajaron a Macedonia para interiorizarse de los procesos por pedido del entonces intendente de Godoy Cruz. Tal era la confianza que hoy uno es su ministro de Hacienda, Martín Kerchner, y otro es el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés.
Aunque todavía son ideas, en el Poder Ejecutivo y Legislativo están atentos a los movimientos de San Jorge, especialmente luego que se conociera de la realización de una reunión de los representantes la empresa con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac. La idea sería establecer algunos parámetros y conversar de la inversión millonaria y los puestos de trabajo que generarían para esa provincia.
El proceso de flotación, el cual se propuso en 2011 por parte de la empresa San Jorge y que fue archivado, fue resistido por las organizaciones ambientalistas por dos razones principales, el uso del agua y de Xantato, un reactivo que se aplica, junto con agua, en una especie de "olla" al material molido, a la cual se le inyecta aire para obtener concentrado de cobre.
Aunque no tiene conflictos con la Ley 7.722 fue resistido por las organizaciones ambientalistas y por el impacto social que se generó, y previendo un posible efecto electoral, el candidato del Partido Justicialista, Francisco Pérez, pidió a sus legisladores, archivar la DIA que estaba en estudio para obtener el aval legislativo que establece la norma mencionada
Por ahora, y a menos de un mes de que la Suprema Corte emitiera su fallo a favor de la Ley Antiminera, sigue adelante la posibilidad del proyecto biprovincial de San Jorge. Respecto a esa opción, Emilio Guiñazú no se mostró tan entusiasmado con su avance, ya que según su visión, si se hace lixiviación a 5 kilómetros del límite provincial los riesgos son los mismos que se hiciera en la provincia. Por eso, considera que tendría un menor impacto la opción de la flotación, tomando todas las medidas y siempre que tenga los avales que establece la norma y el Gobierno provincial.
Mientras, y respecto a la decisión de la Justicia de Mendoza, las empresas que pidieron la insconstitucionalidad de la Ley 7.722 aún no definen si avanzarán con una apelación a la Corte Suprema de la Nación, ya que de las 10 firmas que presentaron recursos, sólo una fue notificada hasta este viernes, Minera del Oeste.
Aunque no se sabe en qué momento se puede avanzar, lo más probable es que Mendoza enfrente un nuevo debate minero, el cual nuevamente podría generar ruido en la política, especialmente en los partidos que hoy están a cargo de la administración provincial.
DIARIO SAN RAFAEL
A través de un trabajo elaborado por la UNCuyo, se dio a conocer el mapa minero de Mendoza. La mayoría de los proyectos se encuentran en el sur, algunos se frenaron ante el uso de métodos prohibidos por la 7722, por irregularidades en los estudios ambientales y otros por la situación económica del sector.
Días atrás a través de un trabajo elaborado por el sitio de la Universidad Nacional de Cuyo, se publicó un mapa que recababa la información de los proyectos mineros que se encuentran en la provincia, dando detalle de la explotación y la situación actual en la cual se encuentran, tras la declaración de constitucionalidad de la Ley 7722.
El trabajo fue realizado por el sitio Unidiversidad, el cual destaca que hay diez emprendimientos mineros en Mendoza, según detalla, donde se muestra "los emprendimientos mineros en Mendoza, según su ubicación, producto, propietario y fase del proyecto". Hay que señalar que de los diez proyectos que se mencionan, todos se ubican en el sur y suroeste de la provincia, en tanto que tres de ellos en el norte. Con la declaración de constitucionalidad de la Ley 7722 se logró paralizar el avance de ciertos proyectos y la explotación con fracking, que fue impulsado por diferentes sectores ambientalistas del país y a nivel local, teniendo en cuenta la amenaza que implican al medio ambiente en alguno de ellos y ciertas irregularidades en el procedimiento de impacto ambiental en nuestra zona.
En diálogo con el representante de Asambleas por el Agua de San Rafael, Santiago Salcedo, señaló: "Lo que es proyectos para extraer uranio, oro y cobre no lo pueden hacer ahora por la declaración de la Ley 7722, en tanto que lo que es extracción de hierro, sal y potasio si lo pueden hacer pero en el marco de la Ley, tienen que cumplirla y presentar todos los informes de impacto ambiental como corresponde".
Salcedo explica que de todos los proyectos que se encuentran en nuestra provincia, hay algunos con posibilidades de avanzar que se encuentran paralizados por cuestiones económicas, otros presentaron irregularidades en los informes de impacto ambiental y deben realizarlos nuevamente, mientras que otros ya no podrán avanzar en la explotación como en el caso de Sierra Pintada. De esta manera, entre ellos, figuran de nuestro departamento el conocido proyecto Sierra Pintada bajo la propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica por el que cientos de ambientalistas buscaban evitar su explotación de uranio en la zona de Los Reyunos y la remediación de los pasivos ambientales, señala: "Dentro de la sustancias tóxicas que prohíbe la ley figura el ácido sulfúrico que es el que utilizan para extraer el uranio en Sierra Pintada, no va a poder continuar este proyecto salvo si hay otra manera que no sea ácido sulfúrico".
Otro de los proyectos locales a los que hace referencia es Cerro Nevado, ubicado en Punta del Agua, cuyo propietario destaca a la empresa "Portal del Oro" como subsidiaria de Portal Resources de Canadá. Este último proyecto trabaja para explotar el cobre y su actual estado figura en "exploración". Al respecto comentó: "Es justamente la mina que hizo despertar el alerta allá por el 2003, el primer llamado de la lucha en favor de la defensa del agua lo hizo Alvear por este proyecto".
También se menciona a iniciativas empresarias que también pretenden explotar sectores de nuestra zona y Malargüe, como es la de Cerro Amarillo, también de una empresa canadiense cuya explotación apunta a la extracción de cobre en la zona de Alto Río Atuel. Otro de los intentos mineros archivado que figura es Hierro Indio con pretensión de explotar en la zona de El Sosneado y Malargüe para la extracción de hierro. "Si hacen bien las cosas y no violan la ley 7722 podrán continuar.
Este proyecto fue parado el año pasado porque no presentaron la documentación de impacto ambiental que de movida negaba la existencia de gente viviendo en la zona, por eso se lo rechazó". Más al sur se publican el proyecto Don Sixto, Potasio Río Colorado y Huemul. "Huemul se encuentra en la misma situación que Sierra Pintada porque es de uranio pero igualmente no tienen intenciones de abrirla tampoco. La de Potasio si la pueden explotar, aunque está a mitad de construir, los dueños se fueron porque el potasio bajo el precio, pero está paralizado y es la que tiene mayores facilidades para arrancar".
Por último, también se mencionan proyectos que se buscan explotar al norte y en límite con San Juan, como "San Jorge", "Paramillos" y "Papagayos". "Esas minas están en territorio mendocino, San Jorge que quedó parado hace 4 años porque Diputados no le dieron el visto bueno, pero ahora la compraron unos rusos y el plan que tienen es construir un ferrocarril de Mendoza a San Juan para poder llevarse la roca desde acá y echarle el cianuro en San Juan que está permitido. En cuanto a Papagayos, tienen que presentar una modificación al informe de impacto ambiental y todos los papeles de vuelta", explicó Salcedo.
Son 1.500 millones de dólares que Vale invirtió en el proyecto Potasio Río Colorado, entre las instalaciones en Malargüe, Mendoza, un tendido ferroviario y una estación portuaria. Esos bienes son los que retrasan la decisión de la minera brasileña sobre si vender o no sus derechos sobre el yacimiento.
Justamente el futuro del emprendimiento fue el tema de conversación entre el CEO de Vale en Argentina, Edoardo Santana, y el subsecretario de Minería y Energía de Mendoza, Emilio Guiñazú, en una reunión que mantuvieron en los últimos días.
Los brasileños no tienen aún decidido qué hacer. La posibilidad es reactivar el proyecto, ahora con un Gobierno nacional “más amigable”, o poner definitivamente en venta las instalaciones y sus derechos de explotación, concesionados por Mendoza a Vale.
Los interesados en hacerse cargo del proyecto parecen estar en China y en Rusia, ya que ha habido mineras que han preguntado, según dijo Santana ante los funcionarios mendocinos. La clave del interés radica en que en el último año, el precio internacional del potasio se incrementó nada menos que 32 por ciento. En el 2013, cuando Vale dejó en veremos el proyecto, el elemento estaba en su precio mundial más bajo.
Con todo, el interés de Cornejo es que Potasio Río Colorado se reactive. Se calcula que para poner la mina en marcha hacen falta unos 8.000 millones de dólares, lo que para grandes mineras internacionales no sería mucho. Pero para Mendoza –y para Cornejo– sería nada menos que poner en marcha la A su vez, sería una señal: Potasio Río Colorado, por el material a extraer y su proceso, no chocaría en nada con la ley antiminera 7.722, confirmada hace pocos días por la Corte local como perfectamente constitucional, lo que derivó en que definitivamente se enterrara tal como se concibió en un principio otro ambicioso proyecto minero: San Jorge.
La pelota ahora está en manos de los brasileños. Cornejo trasmitió su interés en dar ventajas impositivas locales a quien explote la mina. Incluso podría hacer gestiones nacionales si eso fuera un aliciente más para recuperar el proyecto, que le dejaría a Mendoza regalías millonarias y demandaría miles de puestos de trabajo.
Vale, por su parte, también ha dado señales de apuro. En junio pasado, envió un equipo de técnicos a inventariar las instalaciones, y a hacer un informe sobre el estado de las instalaciones. Más allá de las conclusiones técnicas –está todo en muy buen estado, a tres años de haber paralizado los trabajos–, se debería reactivar el emprendimiento antes del 2017, sino la concesión de la Provincia se caerá y deberá volver a licitarse, algo que, bajo ningún punto de vista, quiere Vale que ocurra.
La brasileña Vale volvió a hablar en estas semanas de reactivar su proyecto para extraer potasio en Malargüe, Mendoza. Lo que suceda no sólo definirá si los campos argentinos tendrán mejor acceso a uno de los cuatro principales nutrientes. Una definición positiva también significará confianza o no el plan macroeconómico de Mauricio Macri.
Vale, la segunda mayor minera del mundo, había anunciado en 2011 una inversión de 6.000 millones de dólares para producir potasio en Río Colorado. Pero en diciembre de 2012, con un dólar retrasado de seis pesos y un cepo cambiario que ya restringía, por ejemplo, la repatriación de divisas, todo se frenó.
Como sucede con otros sectores, si un dólar a 14 pesos es juzgado atractivo y con chances de estabilidad, el proyecto no sólo tendrá más chances de ver la luz: también será un alivio para la constitución de reservas en el Banco Central a través del ingreso de capitales.
Vale ya había invertido unos 1.500 millones de dólares en instalaciones, la primera fase de un tendido ferroviario y una estación portuaria. Pero frenó el proyecto al no llegar a un acuerdo con el gobierno de Cristina Fernández para obtener beneficios tributarios que compensaran los aumentos de costos por inflación.
La empresa pretendía producir unas 4,3 millones de toneladas anuales de potasa, una sal de potasio que, junto al nitrógeno y al fósforo, funcionan como fertilizantes esenciales para el crecimiento de los cultivos.
El futuro del emprendimiento fue tema de conversación hace unos días entre Edoardo Santana, Ceo de Vale en Argentina, y el subsecretario de Minería y Energía de Mendoza, Emilio Guiñazú. Respecto a la reunión, Guiñazú comentó que existe hoy un contexto “más amigable” para poner en marcha nuevamente el emprendimiento, y manifestó su voluntad de avanzar en el proyecto.
Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, también transmitió su interés en dar ventajas impositivas locales a quien explote la mina, con la idea de recuperar el proyecto que dejaría en su provincia regalías millonarias, además de miles de puestos de trabajo. La gobernación aclaró que, si Vale finalmente no tiene interés, entonces debería apurar el proceso para transferir sus activos.
A su vez, Potasio Río Colorado, por el material que extrae y por su proceso, no colisionaría en nada con la ley antiminera 7.722, considerada por la Corte como constitucional.
Sin embargo, Brasil aún no decidió qué hacer. Está previsto otro encuentro, con fecha que aún resta definir. El emprendimiento debería reactivarse antes del 2017, sino la concesión de la Provincia se caerá y deberá volver a licitarse.
Interesados
China y Rusia parecen estar interesados en hacerse cargo del proyecto, en el caso de que la empresa brasileña decida poner en venta las instalaciones y los derechos de venta de la mina de potasio en Malargüe, según afirmó Santana, Ceo de Vale.
