Martín Bidegaray

Hoy se cumplen dos meses desde que la Corte Suprema de Justicia le ordenó a YPF que haga público el contenido del contrato que firmó con la estadounidense Chevron. En medio del silencio de la petrolera al respecto, un ex funcionario pidió conocer si el monto del sueldo de Miguel Galuccio, presidente y CEO de la petrolera, también está ligado a ese convenio “secreto”.

El ex subsecretario de Combustibles Cristián Folgar (renunció en diciembre de 2007) se presentó ante la Oficina Anticorrupción para solicitar que YPF cumpla el fallo e informe sobre el contrato con Chevron. Pero Folgar –economista, experto en energía y profesor universitario– va un paso más allá.

“Hay personas físicas vinculadas a YPF que decidieron violar las previsiones del decreto 1172/03 (de acceso a la información pública)”, expresó en su escrito. 
Folgar pide investigar a Galuccio y a Rodrigo Cuesta, director de Asuntos Legales de YPF cuando se firmó el convenio con Chevron y actual fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Galuccio fue el principal promotor para catalogar como “confidencial” al contrato con Chevron. “¿Puede ostentar esas funciones un profesional que negó indebidamente información justamente al pueblo de la Nación, que es en definitiva el titular del 51% de las acciones de YPF?”, pregunta Folgar en la presentación que realizó ante la Oficina Anticorrupción.

El sueldo que cobra Galuccio también es secreto. “Es costumbre en empresas del tamaño de YPF que los miembros del directorio y otros profesionales ‘críticos’ tengan un paquete de beneficios previamente acordados en caso de ‘salida’ de la empresa (en la jerga de la industria estas cláusulas se conocen como cláusulas “paracaídas”)”, explica Folgar. “Si alguno de ellos fue responsable del ocultamiento del contrato, me pregunto si corresponde que cobren esos beneficios”, plantea.

Su pedido de investigación ya tiene el sello de la Oficina Anticorrupción. La titular de esa dependencia, Laura Alonso, todavía no tuvo acceso a la denuncia.
La Corte Suprema de Justicia determinó, en su fallo, que el contrato entre Chevron e YPF fue calificado indebidamente como confidencial. Folgar espera que esa decisión traiga consecuencias con nombre y apellido.

“Si nadie fuera responsable, el fallo de la Corte sólo se limitaría a lograr la publicidad del acuerdo, y eso sentaría las bases para que la propia YPF u otras entidades en situaciones equivalentes nieguen información y solo la publiquen luego de toda una larga discusión administrativa y judicial”, argumenta Folgar

Cuesta – uno de los alfiles del ex ministro de Economía Axel Kicillof en YPF– convalidó tanto el convenio con Chevron como los beneficios que recibió Galuccio.

Aunque los salientes funcionarios de Economía ahora cuestionan por lo bajo al petrolero –cuyas funciones serán recortadas en la próxima asamblea de accionistas, en abril–, le dieron vía libre para estos acuerdos.

La publicidad del acuerdo entre Chevron e YPF que fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia se postergará al menos hasta febrero, luego de que termine la feria judicial.

Si bien el máximo organismo obligó a la firma nacional a hacer público el documento, no fijo plazos para la medida e inclusive aclaró que esos tiempos procesales deberán estipularlos los jueces de la causa, es decir los integrantes del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.

Mientras se estiran los plazos para la revelación del documento, crecen las versiones de un supuesto arrepentimiento de Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, por el fallo. En el sector creen que el magistrado no midió las consecuencias que el fallo podría traer al resto de las empresas del sector, ya que casi todas tienen contratos de joint venture o de servicios con YPF.

Quienes cultivan esta teoría aseguran que el fallo tuvo un objetivo eminentemente político en el medio de la campaña electoral para presidente. Se habría tratado de un tiro por elevación a la gestión de Cristina Kirchner y con él a su candidato, Daniel Scioli.

Por otro lado, la otra causa que avanzaba en paralelo con fines similares, impulsada por el diputado radical Manuel Garrido, fue unificada por la Cámara Federal, tal como pretendía YPF. A diferencia de la causa iniciada por Rubén Giustiniani, la de Garrido también apuntaba a conocer la conformación de las empresas que YPF conformó en Delaware para la firma del contrato.