En 6 meses gobierno deberá presentar plan integral para pequeña minería
La nueva ley de minería aurífera, aprobada por el Ejecutivo vía Habilitante, faculta al presidente Nicolás Maduro a la aprobación y creación de empresas mixtas, con el propósito de captar inversiones externas en momentos de fuerte caída en los precios del crudo.

También se delega en el jefe de Estado la selección de los minerales estratégicos que, al igual que el oro, deberán "vender y entregar en forma obligatoria al Banco Central de Venezuela (BCV) como consecuencia de cualquier actividad minera en el país".

Según el decreto de Ley Orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación de oro y demás minerales estratégicos -publicada en la gaceta extraordinaria 6.210 del 30 de diciembre- "el oro y demás minerales reservados declarados como activos de reserva por el BCV, proveniente de una actividad minera ilícita serán objeto de comiso y dará lugar a la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio".

Señala el texto que "una vez adquiera firmeza la decisión correspondiente, deberá ser entregado al BCV e incorporado a las reservas internacionales de la República".

Ese instrumento legal reitera la formación de un Fondo Social Minero, la creación de Brigadas Mineras y el establecimiento de alianzas estratégicas entre el Estado (con una participación mayoritaria del 55%) y capitales foráneos. Así como una mayor actuación del Poder Popular y de las poblaciones indígenas.

Desde 2003 se han aplicado cinco planes para evitar la explotación minera ilegal, especialmente al sur del país. Son estos, el Plan Piar, Misión Piar, Reconversión Minera y el Plan Caura; más recientemente se activó, la Comisión Presidencial para la Protección, Desarrollo y Promoción Integral de la Actividad Mineral Lícita en la Región de Guayana. Sin embargo, José Salamat Khan, director del BCV, dijo a mediados de año a la prensa de Bolívar que al cierre de 2014 solo se reportó una producción aurífera de 800 kilogramos ante el ente emisor, cuando el estimado era de 20 toneladas.

La Ley establece que en 6 meses el Gobierno deberá anunciar un Plan de Desarrollo Integral y Sostenible para la pequeña minería de oro y otros minerales estratégicos.