Antes de que enero termine, los empresarios rusos accionistas de la minera San Jorge, se reunirán con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac. Le presentarán un plan de inversiones irresistible: casi 300 millones de dólares de inversión y unos 3.000 puestos de trabajo directos.

Todo tras el fallo de la Corte Suprema de Mendoza a favor de la ley antiminera de ea provincia, que terminó por enterrar el proyecto original de extraer cobre –y en menor medido oro– de las canteras en Uspallata, y procesar la piedra ahí mismo.

La ley antiminera declarada constitucional por el máximo tribunal mendocino, empujó definitivamente a los rusos de San Jorge para avanzar en el plan B. Éste consiste en construir un ferrocarril de 22 kilómetros de extensión, desde la cantera en Mendoza hasta Calingasta, en San Juan, donde se llevaría la piedra para procesarla y extraer el cobre.

Para poder realizar el trabajo, las empresas rusas Aterra Capitals y Solway Investements deberán construir una planta de procesamiento que costará unos 280 millones de dólares y empleará a 3.000 personas en forma directa. El proyecto “binacional” fue planteado en el 2012 por los rusos, cuando la Legislatura de Mendoza trabó la declaración de impacto ambiental (DIA) de la mina en Uspallata.

Inmediatamente se entusiasmaron los rusos –y los sanjuaninos– con la posibilidad de ser recibidos por San Juan con las puertas abiertas, teniendo en cuenta su política abiertamente pro-minera. Incluso el costo del tren de 22 kilómetros, les pareció a los rusos “una salida muy viable”.

“Nuestra meta es conseguir eso. Se lo vamos a plantear a Alfredo Cornejo. De ese modo, sólo vamos a tener una cantera en Mendoza. Nosotros nos haríamos cargo de la traza ferroviaria para llevar todo a San Juan”, fue la escueta explicación del presidente de proyecto minero San Jorge, Fabián Gregorio, apenas se conoció el fallo de a Corte mendocina.

Pero el gobierno del mendocino Alfredo Cornejo no quiere dejar ir tan fácilmente los dólares que significan San Jorge. Así, el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, se reunió con los rusos tras el fallo de la Corte para pedirles un plan que se adecuara a la ley local y que permita el desarrollo de la mina 100% en Mendoza.

“Si se sigue el método de flotación sería de bajo impacto ambiental y de alto valor agregado para Mendoza. Hay que estudiar en serio qué le conviene más a Mendoza”, señaló Guiñazú, y mencionó que podría significar una inversión en Mendoza por más de 500 millones de dólares. Eso sí, con nula participación sanjuanina.