Siete días lleva paralizado el complejo termoeléctrico Bocamina, de Endesa, por la ocupación ilegal por parte de tres personas de una torre de alta tensión propiedad de Transelec.

La Asociación de Generadoras rechazó categóricamente la toma. "Esperamos que los tribunales de justicia ordenen y hagan cumplir el pronto desalojo de esta instalación", señaló el gremio a través de un comunicado. Agregó que la no disponibilidad está implicando usar reservas hidráulicas que en los próximos meses, en caso de escasez hídrica, no estarán disponibles.

Por medio de una carta, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) solicitó al intendente de la Región del Biobío enviar fuerza pública para desalojar la torre. Esto, porque no permite garantizar la operación más económica para el conjunto de las instalaciones del sistema eléctrico.

En la misiva se hace presente también que la empresa debe disponer de todos los resguardos necesarios y coordinaciones pertinentes para que, junto con la fuerza pública que autorice la Intendencia, normalicen la situación sin accidentes.

Fuentes comentan que el Gobierno no tiene facultades para intervenir más allá del oficio a la Intendencia, y explican que ahora el problema radica entre Transelec y Endesa. Si los cortes se prolongan por mucho tiempo se corre el riesgo de que Endesa no pueda despachar y, por ende, se encarezca la energía en el sistema. Esto podría traer algunos problemas a Transelec, estiman.

En un oficio enviado el pasado 18 de diciembre de 2015, el director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en el Biobío, Daniel Pincheria, solicitó al intendente de la VIII Región, Rodrigo Díaz, utilizar la fuerza pública para desalojar las torres de alta tensión tomadas por manifestantes, y que obligaron a la paralización del complejo termoeléctrico Bocamina, propiedad de Endesa.

“Para resguardar el cumplimiento de los principios contenidos en la Ley General de Servicios Eléctricos, especialmente el de la seguridad del sistema y de la operación más económica, se requiere el auxilio de la fuerza pública al señor intendente de la Región del Biobío, para que dicha autoridad, en uso de sus facultades legales, autorice la intervención de la fuerza requerida”, señaló la SEC.

Endesa anunció que se querellaría contra los dirigentes David Guerrero, Luis Morales Riffo y Lorena Sepúlveda, entre otros, así como todo los que resulten responsables por los delitos de desórdenes públicos y otros.

En una declaración pública, la Asociación de Generadoras -gremio que reúne a las mayores empresas del rubro-, rechazó la “ocupación ilegal de la torre de alta tensión propiedad de Transelec”, señalando que ello vulneraba el Estado de Derecho y ponía en peligro la vida de las personas. Además, indicó que la indisponibilidad de las centrales térmicas ha obligado a utilizar reservas de agua. “Esta acción afecta además la provisión de electricidad a los consumidores en términos de los niveles de seguridad de suministro, sentando un grave precedente para la industria energética nacional”, dijeron.