Como la Corte Suprema no fijó plazos en su fallo sino que ordenó hacerlo, el procedimiento judicial llevó la decisión de la fecha específica para el tribunal de primera instancia donde se inició la causa, a cargo de la jueza María Cristina Carrió de Lorenzo, quien paradójicamente falló a favor de YPF al decir que la petrolera no es estatal y no tiene el deber de mostrar un contrato entre partes privadas.

El argumento de Giustiniani, que finalmente prevaleció en la Justicia, es que el Estado controla el 51% de YPF, por lo tanto, el polémico contrato firmado con Chevron debe ser considerado un acto de gobierno plausible del escrutinio público.

Carrió de Lorenzo recibió la causa hace unos días y aún no fijó un plazo para que YPF revele los detalles del convenio petrolero. En enero comienza la feria judicial y así Galuccio ganó oxígeno hasta al menos, febrero.

El aplazamiento es un pequeño alivio para el ejecutivo que está en evaluación para el macrismo. Cómo sortee este escollo será clave para una continuidad con pocas posibilidades como presidente y CEO de YPF.

Para ganar más tiempo, YPF hizo varias maniobras en estos meses. Los abogados de Giustiniani, a poco de conocerse la sentencia de la Corte Suprema, presentaron a la empresa una carta documento intimándola a cumplir con el fallo. Por medio de un escribano, la petrolera respondió que lo haría en los tiempos y las formas que dictara la justicia.

Más allá de la fecha puntual en la que YPF terminará mostrando el contrato con Chevron, la clave será qué es lo que la empresa termina informando. Un contrato petrolero de esta envergadura suele ser muy extenso en páginas, cláusulas y muchos anexos.

La empresa nacional puede informar por partes y que no se conozcan los beneficios más polémicos concedidos a Chevron para que invirtiera en 2013 en una Argentina con cepo cambiario, inflación y un recambio político en ciernes.

Otra variable que puede presionar sobre Galuccio para que cumpla al pie de la letra con el fallo judicial es el cambio en el directorio de YPF anunciado hace unos días. Ingresaron los exsecretarios de Energía Daniel Montamat y Daniel Apud y tres exejecutivos de empresas, todos afines con el macrismo.

De esta manera, el presidente de YPF no tendrá margen para evasivas de un contrato que, al concerse en detalle, seguramente despertará polémica.