Son cientos de páginas que los analistas han comenzado a llenar. Las hipótesis de trabajo de los bancos de inversión son múltiples y poco concluyentes aún, pero la gran mayoría asegura que, después de la Cumbre del Cambio Climático en París, las cosas deberían cambiar. Al menos hay algo claro, el dinero está comenzando a sentirse incómodo.
El gigante de la minería del carbón, BHP Billiton, ya advirtió a sus inversionistas –en septiembre– que un acuerdo global para disminuir las emisiones afectaría su portafolio. La firma angloaustraliana explicó que el cambio a fuentes de energía bajas en carbono, gas natural y energía renovable podría dañar la demanda de carbón para las plantas de energía. El negocio de petróleo de la compañía también se podría ver impactado por el creciente predominio de automóviles más eficientes en el uso de la gasolina y vehículos alternativos.
Una cuenta tan realista como esta no es usual entre las compañías, señala International Business Times (IBTimes) en su artículo “Climate Change: Companies Urged To Disclose More Risks After Landmark Paris Deal”, ya que la mayoría de las empresas –desde petroleras a carboníferas, productores de acero y otros negocios intensivos en energía– no proveen a los inversionistas de un nivel de detalle similar.
Sin embargo, cuando los líderes de 195 naciones acordaron –en diciembre pasado– limitar el aumento global de la temperatura a menos de 2 grados celcius sobre los niveles preindustriales, un ajuste que requerirá disminuir las emisiones de gas invernadero, el sistema financiero tuvo la certeza de que habrá más y no menos regulación.
Un paso que podría seguir a este es la adopción de guías de contabilidad que ayuden a valorizar los riesgos del cambio climático a través del sistema financiero. “Los reguladores financieros internacionales parecen estar moviéndose hacia la incorporación de riesgos climáticos en los estándares de contabilidad”, señala BlackRock, en su informe “Global warming impact on portfolio”, publicado en octubre del año pasado, y así parece que está sucediendo.
De acuerdo al estudio “Factoring Climate Change into your Portfolio”, realizado por Societe Generale, los 10 principales países que emiten las dos terceras partes del CO2 mundial son: China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania, Corea, Irán, Canadá y Arabia Saudita. Pero el mayor crecimiento se está dando en países que están fuera de la OECD.
Las fuentes de emisiones no son muy diversas, se concentran en dos sectores que producen las dos terceras partes del CO2, electricidad y combustión (42%), seguido de lejos por transporte (23%). Por ejemplo: Australia, China, India, Polonia y Sudáfrica producen más de las dos terceras partes de su electricidad de la combustión del carbón. El transporte terrestre también está aumentando su incidencia, principalmente a partir del desarrollo del parque motorizado en China e India. Muy detrás viene la industria que tiene una incidencia directa de 20% e indirecta de 7,5% donde el acero, el cemento y los químicos la protagonizan.
¿Cuál es la aprensión de la banca de inversión? La principal constatación es que los gobiernos se moverán hacia más regulación, que aumentará el costo de los proyectos. Ello debería incidir en que una serie de empresas deban reorientarse o desaparecer. También implicará que habrá una demanda creciente por parte de los inversionistas de nuevos instrumentos financieros que recojan o “premien” a las compañías ambientalmente responsables.
BlackRock refiere: “Esperamos que los reguladores pongan mayor atención a los estándares y cumplimientos”. Esto es probablemente lo que aumentará los costos de hacer negocios de manera similar a lo que les significó a las compañías de servicios financieros adecuarse a las nuevas circunstancias después de la crisis subprime.
E identifican dos ejemplos donde las reglas han cambiado la forma de hacer negocios. Las nuevas normas de seguridad que surgieron después de la crisis nuclear que se produjo en Japón a raíz del tsunami, implicó que Alemania sacara de circulación a una generación de plantas atómicas; y la venta masiva de acciones de la industria automotriz europea, luego que se supiera que Volkswagen adulteraba sus resultados de emisión de gases, también habla de una sensibilidad distinta por parte del mercado.
“Actualmente, los niveles de inversión directa en energía limpia por parte de inversionistas institucionales son bastante bajos”, constata Societe Generale.
La última encuesta que realizó la OECD a los grandes fondos de pensiones encontró que menos del 1% de sus activos de inversión institucionales se destinaban a proyectos de infraestructura y, de estos, solo el 0,1% se podía registrar como proyectos de energía limpia, ejemplifica este banco.
Pero BlackRock aporta otro dato que apunta a una mayor preocupación por parte de los institucionales. En 2014, inversionistas institucionales que manejaban activos por US$ 24 trillones firmaron la “Global Investor Statement on Climate Change”, donde se comprometieron a incorporar el riesgo del cambio climático como parte de su deber fiduciario ante sus clientes.
A lo que se agrega otro interés más terrenal proveniente de las compañías aseguradoras y de reaseguro que quieren mejorar la información respecto a las posibilidades de catástrofes naturales, porque el 2011 quedaron prácticamente en la bancarrota por la cantidad de siniestros.
Coincidentemente con esto, el Consejo de Estabilidad Financiera (Financial Stability Board, FSB) , organismo que monitorea el sistema financiero internacional, lanzó el 4 de diciembre una iniciativa para desarrollar de manera voluntaria una guía para informar sobre los riesgos del cambio climático, la que es presidida por Michael Bloomberg –fundador de la agencia de noticias–. Esta información deberá servir a financistas, aseguradores, inversionistas y otros grupos de interés.
El diagnóstico común es que los inversionistas tienen problemas para encontrar información sobre diferentes compañías que se pueda comparar. El día en que ellos puedan obtenerla, podrán evitar a las empresas más riesgosas.
Mientras tanto, se han ido desarrollando vías de inversión que ofrecen oportunidades semidirectas, por ejemplo, los bonos verdes (green bonds), que proveen de un producto de renta fija líquido que canaliza el dinero a energía limpia, y los yieldcos, que proveen de instrumentos equivalentes a través de fondos mutuos.
Societe Generale da cuenta de que en 2014 se registraron tres yieldcos en EE.UU., alcanzando la suma de US$ 1,6 billones. Sus primos ingleses –listados como project funds– vieron crecer su número a 6 ese mismo año y una rentabilidad en torno a 6%, da cuenta el banco de inversión.
Pero nada comparable con los US$ 39 billones a que llegaron los bonos verdes en 2014 y que se replicó al año siguiente, aunque todavía hay una discusión fuerte sobre qué puede considerarse verde. Por ejemplo: una planta nuclear en Francia es considerada limpia, en cambio para Alemania es un activo con riesgo ambiental. El mercado total de bonos verdes alcanzaría los US$ 100 billones.
Uno de los que lleva la batuta en este tema es el Ministerio de Energía, que lanzó a fines de noviembre su plan de acción: “Energía 2050: Política Energética de Chile”.
Allí matriculó al país en una “transición hacia una economía –y una matriz energética– significativamente más baja en carbono, alcanzando al menos un 30% de reducción de intensidad de emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) al 2030 según los compromisos internacionales adquiridos”.
Esto implica un fuerte cambio de orientación para el sector de energía chileno (electricidad, transporte y minería). Según las cifras oficiales es el que más impacta en las emisiones de GEI por el consumo de combustibles fósiles. “En el período 1990-2010, las emisiones de este sector –energía– se duplicaron, pasando de una cifra cercana a los 34 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, a 68 millones de toneladas, situando en casi un 75% la participación del sector energético en las emisiones totales de Chile al año 2010”.
Chile está en el promedio mundial de emisiones per cápita y muy por debajo del promedio OCDE, sin embargo, es “altamente vulnerable a sus efectos, debido al bajo nivel de las costas a lo largo de su territorio, al régimen nival y glacial de sus ríos, a los tipos de bosques que posee, y a sus océanos, que son fuente de la pesca que constituye un recurso clave para el país”.
Si bien en la última reforma tributaria incorporó impuestos específicos para la contaminación global de la generación de energía contaminante, también se apunta al análisis de otros instrumentos de precios al carbono.
Al tiempo que declara el fortalecimiento de la matriz renovable. “En los años ochenta, la participación hidroeléctrica en la generación total de energía alcanzó el 80%. Sin embargo, en el último quinquenio, la participación promedio de la generación hidroeléctrica fue del 32%, a pesar del significativo potencial existente”.
Ahora se enarbola como meta llegar al 2035 con un 60% de energía renovable y al menos un 70% de la generación eléctrica para el 2050. “Eso nos da la oportunidad y el privilegio de desarrollar un liderazgo de nivel mundial en generación solar”, se agrega.
¿Y la termoeléctrica? El informe indica que “el complemento de esta matriz renovable deberá utilizar al máximo aquella infraestructura de generación existente que contribuya a un desempeño eficiente del sistema, privilegiando los nuevos desarrollos con tecnologías termoeléctricas bajas en emisiones y que sean costo-eficientes, como el gas natural y la biomasa”. No se ve mucho espacio para el petróleo y el carbón.
¿De qué dan cuenta las empresas eléctricas de generación en sus balances? Hay de todo. Por ejemplo, a septiembre E-CL señala, dentro del capítulo destinado a manejo de riesgos sobre el aumento de las regulaciones medioambientales, la debilidad que presenta al tener una alta disponibilidad de generadoras a carbón y advierte acerca de la alta incidencia de las catástrofes naturales en Chile. Ello no quita que también informa la manera en que gestiona sus riesgos financieros. Colbún, junto con señalar el riesgo hidrológico, también indica otras amenazas, como las fallas de equipo, los problemas en la construcción de proyectos y menciona el tema regulatorio, respecto de lo cual expresamente señala que hay que poner atención a la política energética para el 2050.
No hay la misma atención por parte de Endesa a estos temas. Cuando se refiere a los riesgos se atiene a los de carácter financiero (tasa de interés, commodities, tipo de cambio, liquidez y crédito) y, pese a abordar en diversas partes los gastos y acciones en materia medioambiental, no tiene ninguna mirada global sobre el tema. AES Gener, por su parte, se restringe a los riesgos que llama de mercado, crédito y liquidez.
Nada muy diferente a lo que incluso sucede en los Estados Unidos, donde la SEC solicitó en 2010 que las empresas abiertas en bolsa informaran a sus accionistas sobre los riesgos del cambio climático y sus políticas ambientales. Sin embargo, el 75% de las empresas estadounidenses listadas ignoran completamente la regla, señala IBTimes aludiendo a un estudio privado. De un total de 3.900 compañías públicas que reportaron en 2013, solo el 27% mencionó la palabra “cambio climático” o “calentamiento global” en sus informes.