¿Qué será de San Jorge?. El expediente de actualización del Estudio de Impacto Ambiental, que propone trasladar el mineral de la Estancia Yaguaraz, en el departamento Uspallata, hasta Calingasta, en San Juan, aún espera resoluciones (desde mediados de 2012).
San Juan espera ansioso, por un desarrollo que hasta ahora no le costó esfuerzo alguno y que le brindará todas las externalidades posibles (trabajo, infraestructura, divisas de exportación), aunque las regalías quedarían en Mendoza, ya que la cantera está allí.
En el prediseño de la mina biprovincial, forzada por el status antiminería de Mendoza, el mineral de cobre debería ser transportado en camiones hasta la planta de cátodos a emplazarse fuera del área de amortiguación de El Leoncito. La mejor ecuación para el traslado sería la de un tren, pero por el momento la inversión rusa de US$ 300 M no lo tiene contemplado.
El gobierno sanjuanino ya reunió a expertos para determinar el impacto que más preocupa, la relación entre el polvo minero y la límpida bóveda estelar que precisa el complejo astronómico de la provincia. Las otras ecuaciones, energía y agua, están resueltas en el proyecto que ya contó con el visto bueno del ex José Luis Gioja y que ahora entusiasma a su sucesor Sergio Uñac.
San Juan es quien tiene mayor prisa, por la llegada de esta nueva mina, Pero todos miran a Alfredo Cornejo, quien desde el llano no veía objeciones para avanzar con el proyecto cuprífero.
Ahora Cornejo debería mostrar pulso político. Todos recuerdan el caso de Celso Jaque, quien dejó en manos de Guillermo Carmona la delicada cuestión ambiental y terminó doblegado por la estrategia antiminería del hoy diputado nacional.
Lo dicen porque el flamante gobernador radical albergó en su equipo a Eduardo Sosa, como autoridad ambiental. Desde la ONG Oikos, Sosa hizo todo lo posible para petardear a la minería. Claro que diciendo que no se oponía. Que quería una minería responsable.
Mientras tanto, Mendoza busca un destino para Potasio Río Colorado, el gran elefante que dejaron aparcado los brasileros de Vale. Cuando Argentina era una fiesta K y se creía que las posibilidades de inversiones eran infinitas.
Daniel Tejada
A Sergio Uñac los directivos del proyecto minero mendocino San Jorge prácticamente no le permitieron acomodarse en el despacho de gobernador. Apenas juró y tomó el mando, la conducción rusa de Coro Mining Corp. le pidió audiencia para hablar específicamente de la construcción de la planta de procesamiento de cobre en Calingasta, a unos 22 kilómetros del yacimiento en Las Heras.
El encuentro no pudo ocurrir entonces. Pero acordaron regresar en enero. Encontrarán las puertas abiertas de par en par. El ministro de Minería, Alberto Hensel, maneja algunas estimaciones extraoficiales que alimentan el entusiasmo: 280 millones de dólares de inversión y unos 3.000 puestos de empleo directo para la construcción de la planta, más una cifra multiplicada por 3 en empleos indirectos.
El entusiasmo es de ida y vuelta, a juzgar por la premura de Coro Mining Corp. La empresa no esperó la resolución de la Suprema Corte de Mendoza que podría haber anulado la ley antiminera 7.722. Eso habría facilitado la construcción del proyecto completo en la provincia vecina, sin necesidad de pensar en cruzar a San Juan con el consiguiente aumento de costos. No esperaron el fallo y no se equivocaron.
Pocos días después, el 16 de diciembre, el máximo tribunal ratificó la norma al declararla constitucional. Con esta sentencia, ni San Jorge ni ningún otro proyecto minero metalífero puede producir en suelo mendocino con uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico u otras similares. En otras palabras, puede hacer voladuras en la montaña y retirar la roca, pero no puede separar el cobre.
Lejos de dar por caído el proyecto San Jorge, Coro Mining Corp. ratificó su intención de avanzar con el diseño "biprovincial” que propuso en marzo de 2012, luego de que la Legislatura mendocina, rodeada de manifestantes antimineros, diera de baja el Informe de Impacto Ambiental que había aprobado el Poder Ejecutivo.
La solución que encontró la empresa fue dividir el proyecto en dos. Si en San Juan no hay ley prohibitiva y, por el contrario, hay buena receptividad de inversiones, tender una vía de ferrocarril de 22 kilómetros entre el rajo lasherino y la planta de procesamiento calingastina resulta absolutamente factible.
En esos términos presentó su nuevo Informe de Impacto Ambiental, aún en estudio en Mendoza. De prosperar la propuesta allá, el paso siguiente será presentar el proyecto en San Juan para ser evaluado pormenorizadamente, algo que nunca ocurrió hasta el momento.
Es decir, no será un trámite corto ni sencillo. Y habrá infinidad de preguntas a responder en el transcurso para una modalidad totalmente nueva, que involucrará a dos estados provinciales distintos, cada uno con su propia política tributaria, por citar un ejemplo.
La gestión de Uñac está resuelta a darle luz verde a San Jorge, según confió a Tiempo de San Juan una alta fuente. Sin embargo, la empresa tendrá que cumplir con los términos ambientales locales para recién comenzar las tareas. La conversación preliminar ocurrirá en los próximos días.
Hay otro factor político y económico que podría facilitar el desembarco de San Jorge en San Juan. El Ministerio de Minería sostiene que la producción del emprendimiento ruso en suelo mendocino y sanjuanino permitiría el autoabastecimiento de cobre en Argentina. Hoy el país debe importar parte del metal industrial que requiere la industria. No es un tema menor, en épocas de reservas flacas en el Banco Central.
CRONOLOGÍA
JUNIO DE 2007
En Mendoza se promulgó la Ley 7.722 que prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en procesos mineros metalíferos.
SEPTIEMBRE DE 2008
Coro Mining Corp, a través de su operadora Minera San Jorge presentó su Informe de Impacto Ambiental (IIA) ante la Dirección de Minería de la Provincia.
FEBRERO DE 2010
Se dio a conocer la aprobación del Informe de Impacto Ambiental del proyecto dada por distintas entidades del ámbito provincial y nacional.
AGOSTO DE 2011
Tras una serie de manifestaciones de vecinos de Uspallata, la Legislatura mendocina revoca la aprobación del Informe de Impacto Ambiental para San Jorge.
MARZO DE 2012
Coro Mining Corp anunció la presentación de un nuevo proyecto "biprovincial", con la planta de procesamiento a instalar en San Juan, donde no hay impedimento legal.
DICIEMBRE DE 2015
Luego de 8 años, la Suprema Corte de Mendoza declaró la constitucionalidad de la ley 7.722. El proyecto San Jorge sólo es viable con la planta en San Juan.
Los Andes
Pasaron muchos meses hasta que el CEO en Argentina de la minera brasilera Vale, Edoardo Santana, volvió a pisar suelo mendocino. Es que la relación prácticamente rota con el Gobierno que hasta principios de diciembre presidió Cristina Fernández, y del mismo modo con el ex gobernador Francisco Pérez, que devino en el proyecto Potasio Río Colorado camino a cumplir 3 años de parálisis, parecía no dar motivos hasta ahora.
Así fue que Santana aterrizó en los últimos días en Mendoza para reunirse con funcionarios del Ministerio de Economía, en busca de desempolvar el emprendimiento de Malargüe o, de ser necesario, liquidarlo.
“Con Vale o sin Vale”, había prometido Pérez, pero nunca cumplió su propósito de reactivar Potasio. Ahora, el equipo que lidera el ministro Enrique Vaquié, con precisas instrucciones del gobernador Alfredo Cornejo (“Potasio es prioridad 1” es la consigna) tomó la posta, y con el subsecretario de Energía y Minería Emilio Guñazú al frente, tuvo lugar el primer encuentro con Santana.
Allí, el ejecutivo brasileño repasó la situación: la inversión realizada de alrededor de u$s 1.500 millones, entre el complejo de Malargüe, la traza ferroviaria y la terminal portuaria en el sur de Buenos Aires, dentro de un presupuesto que prácticamente se duplicó (de u$s 5.000 millones a más de u$s 11.000).
Y el contexto macroeconómico del país y la situación del mercado mundial que, con la caída del precio del potasio, principal insumo para la industria de los fertilizantes, terminó de motivar el parate.
“Fue una excelente reunión, en busca de alternativas para superar las limitaciones que tiene el proyecto. Hoy existe una coyuntura más amigable para poner en marcha nuevamente a Potasio, y lo importante es que también hay voluntad por avanzar”, resumió el subsecretario Guiñazú.
Todo concluyó, por ahora, en una premisa: cómo replantear el proyecto en función de las nuevas variables macroeconómicas de Argentina (fin del cepo, devaluación). Pero también desde el punto de vista fiscal, con algún “gesto” (cabe recordar que el freno comenzó dándose con la pretensión de un diferimiento impositivo que la administración de Cristina Kirchner le negó a Vale en 2013).
Está previsto otro encuentro con fecha a definir. Para entonces, los ejecutivos brasileños prometieron “abrir” sus números en detalle, para explicar si el encarecimiento de Potasio fue sólo por obra y arte de la inflación. Como sea, sin precisar plazos, Guiñazú promete que “Potasio se reactivará en ésta gestión. Vamos a colaborar para minimizar riesgos, pero el riesgo empresario es otra cosa y no podemos hacernos cargo”.
En busca de un novio
De nuevo la pregunta retumba: ¿Con Vale o sin Vale?. Nadie en el Ejecutivo provincial se atreve a aventurar en qué manos seguirá el emprendimiento. Pero ni ejecutivos ni funcionarios descartan la venta como opción.
De hecho, en una reciente reunión con inversores y analistas en Nueva York, su CEO mundial, Murilo Ferreira, admitió que la opción de seguir al frente es remota, más allá de señalar durante la presentación que el costo del potasio decreció 32% interanual. “Vale no tiene intención de reactivar el proyecto, considerando la disciplina de locación de capital de la empresa. Nada ha cambiado”, informaron desde su matriz en Río de Janeiro.
“Están más cerca de vestir a la novia para buscarle un novio”, completó metafóricamente uno de los participantes de la reunión con Santana en Mendoza, fortaleciéndose así la hipótesis de la venta.
San Jorge: sin definiciones con el proyecto
Todo en vísperas de la Nochebuena. Con el consumado fallo de la Corte a favor de la ley provincial 7722, considerada un cepo por muchas mineras, el subsecretario Guiñazú se reunió además con ejecutivos de Aterra Capitals y Solway Investements, los capitales rusos que compraron el proyecto cuprífero- aurífero San Jorge.
Si bien, por imperio del dictamen, sus responsables se habían inclinado por la posibilidad de desdoblar el emprendimiento entre Mendoza y San Juan, solicitaron una audiencia con la Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos provincial. El objetivo: analizar un “plan B”.
“Todo dentro de lo que dispone la ley 7722, si se sigue el método de flotación sería de bajo impacto ambiental y de alto valor agregado para Mendoza. Hay que estudiar en serio qué le conviene más a Mendoza”, señaló el subsecretario Guiñazú, en relación a que el proyecto presupuestado en u$s 500 millones se afinque en un 100% en Mendoza.
Una alternativa considerada sería barajar y dar de nuevo, esto es, que San Jorge presente una nueva MIA (Manifestación de Impacto Ambiental), para eludir la tercera vía: San Juan, con lo cual a Mendoza poco más de u$s 100 millones del presupuesto total. Cabe recordar que la Declaración fue rechazada por la Legislatura mendocina en 2011, con lo cual empezó a gestarse el plan biprovincial.
Según el presidente de San Jorge, Fabián Gregorio, “acordamos evaluar los escenarios respectivos. Se necesita tiempo. Suena extraño tener que volver a fojas 0 cuando el proyecto, avalado por varias universidades y una decena de técnicos, no adolecía de vicios sino que hubo sólo obstáculos políticos”.
Gregorio cargó una vez más contra Pérez, pero al cabo de la reunión en Casa de Gobierno es optimista. “Todo quedó en stand-by por una decisión del gobierno anterior que nos forzó a embarcarnos en el formato actual. Hoy tenemos dos alternativas dentro de la 7722, y estamos dispuestos a delinear una agenda en común si es posible”.
