La Nación
El caso de la construcción de una obra hidroeléctrica de gran magnitud sobre el río Santa Cruz es quizás uno de los más emblemáticos de la administración Kirchner y el que, de alguna manera, sintetiza todo aquello que quienes votaron por Cambiemos quisieron dejar en el pasado: incumplimiento de la normativa vigente, discrecionalidad en el momento de tomar decisiones, ausencia de información, nula participación ciudadana en la consideración de obras de infraestructura o explotación de recursos naturales con consecuencias intergeneracionales, oscurantismo en materia de acuerdos internacionales, escasa o nula transparencia, desastrosa planificación en materia energética, favoritismo con los empresarios amigos y un profundo desprecio por las cuestiones vinculadas con temas ambientales.
Es por eso que resulta imprescindible que la nueva administración nacional analice la construcción de esas represas en detalle antes de que sea demasiado tarde. Se trata de no convalidar lo que debería quedar en el pasado. Es preciso que todo aquello que se ha realizado irregularmente sea combatido con la razonabilidad que amerita el caso.
Como hemos destacado desde estas columnas, desde el punto de vista de la planificación energética, el proyecto constituye un error grosero.
La propia Secretaría de Energía difundió un estudio en el que analizó un inventario de 30 proyectos hidroeléctricos en todo el país, considerando criterios técnicos, ambientales y de comparación de costos y beneficios. La represa Cóndor Cliff (hoy Néstor Kirchner) se ubicó en el lugar 23°, y La Barrancosa (hoy Cepernic), en el lugar 25° . Todo ello entre otras debilidades en razón del rendimiento excesivamente bajo de las obras, que funcionarían solamente el 26 por ciento del total de las horas del año. Existen más de 20 proyectos hidroeléctricos en Mendoza, Neuquén y Chubut, que resultan económica y estratégicamente prioritarios. Y ello sin considerar los demás aspectos que rodean estos emprendimientos licitados por la provincia de Santa Cruz que la Nación debería financiar en un 70 por ciento.
El Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi manifestó que, de realizarse las obras, Santa Cruz tendría una capacidad de generación 20 veces superior a su demanda, por lo que habrá que invertir en por lo menos 2000 kilómetros de líneas de alta tensión, de 500 kW, para transportar la energía eléctrica a otros centros de consumo, con un costo adicional superior a los mil millones de dólares, que deberán afrontar éste y los próximos gobiernos. En otras palabras, la misma energía podría obtenerse a un precio mucho menor aplicando los recursos en inversiones en otras áreas prioritarias y postergadas, por ejemplo servicios cloacales, vivienda y educación.
Persistir en el proyecto dará beneficios inmediatos a consultores, financistas y constructores, pero perjudicará a los contribuyentes y a quienes tengan que afrontar mayores tarifas eléctricas. Esto no debe ser tolerado. Cabe recordar algunos aspectos que no pueden soslayarse en esta discusión. Para la construcción de las represas se han hecho tres licitaciones, y entre la primera, realizada en 2007, y la última, efectuada en 2012, su costo ha aumentado cuatro veces. En medio de fuertes polémicas, fue adjudicada su construcción al Gezhouba Group (China), Electroingeniería e Hidrocuyo. Gezhouba Group es la empresa que intervino en la construcción de la represa Tres Gargantas, en China, la más grande del planeta hasta el momento, reconocida por las desastrosas consecuencias ambientales que produjo en el río Yangtsé.
Por su parte, Electroingeniería es una empresa que comenzó construyendo tableros electrónicos en los años 80 para terminar participando de las grandes obras durante la gestión kirchnerista, como Atucha II. Electroingeniería, del kirchnerista Gerardo Ferreyra, ha sido recientemente involucrada, junto al ex ministro de Planificación Julio De Vido, en el escándalo de sobornos de Petrobras.
Desde el punto de vista territorial, las represas inundarían tierras sobre las márgenes del río Santa Cruz, que corresponden a estancias que compró previa y premeditadamente el pseudoempresario kirchnerista Lázaro Báez por conocer de modo anticipado cuál sería el área que iba a ser considerada expropiable.
En 2010 se supo que el complejo hidroeléctrico se erigiría en 182.000 hectáreas que son propiedad de sociedades pertenecientes al citado presunto testaferro de la familia Kirchner.
Desde el punto de vista ambiental, no debe olvidarse que la construcción de las represas podría ocasionar daños ambientales en el río Santa Cruz, en su ecosistema, y especialmente en los glaciares Perito Moreno y Upsala, que forman parte del Parque Nacional los Glaciares, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Sin embargo, a pesar de los daños potenciales que un proyecto de esta envergadura podría generar, y sin haber cumplido con el procedimiento previo de evaluación de impacto ambiental, se apuró el inicio de sus obras a mitad del año pasado.
Esa decisión dio motivo a la presentación de medidas cautelares por parte de varias organizaciones ecologistas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para detener precisamente la construcción de las obras.
A principios del mes pasado, y con escasa información disponible, se celebró una audiencia pública en la localidad de Piedra Buena para analizar el estudio de impacto ambiental que no detalla los efectos sobre los glaciares mencionados ni cumple con la evaluación ambiental estratégica que exige la ley de glaciares. En lo que podría calificarse como una reunión de interesados, no faltaron los autoelogios y, entre los méritos principales atribuidos a las represas, sobresalió la generación de mano de obra local.
No sorprende que ayer, apenas un mes después de celebrada la rústica audiencia pública, Ferreyra (Electroingeniería) haya iniciado una campaña en defensa de la construcción de las represas -o en defensa de sus propios intereses- a través de Twitter, manifestando "Las represas patagónicas no se paran (...) ya están todos los equipos de construcción en obra". Tampoco sorprende que lo haya hecho un día después de que, también por Twitter, Cristina Kirchner criticara indirectamente a Mauricio Macri por el mismo tema.
Más allá de los intereses puramente personales que hay detrás de todo este proceso, que deberán investigarse, resulta imprescindible evaluar la necesidad y razonabilidad del proyecto: quiénes serán afectados y quiénes, beneficiados. Esa evaluación permitiría examinar alternativas, incluyendo la opción de desistir de tan cuestionado emprendimiento y, si resultara aceptable, su mejor ubicación, diseño y construcción.
En la Patagonia, la tierra del viento, el desarrollo de energías renovables también podría generar trabajo. El vertiginoso abaratamiento de costos, en particular en los casos de la energía eólica y solar, podría generar puestos laborales mucho mas duraderos, favoreciendo el desarrollo de insumos y servicios sin afectar los valiosos recursos naturales. Esto nos colocaría entre los países que realizan un cambio hacia una sociedad más baja en emisiones de carbono y en camino hacia el cumplimiento de los objetivos de la reciente cumbre del cambio climático realizada en París.
La gran cantidad de irregularidades es suficiente motivo para analizar ahora, detenidamente, la legalidad de este proyecto tan negativo para el país. Aún estamos a tiempo de tomar una decisión sensata que propicie inversiones públicas para el bienestar de la mayoría de los argentinos de hoy y del futuro. Se trata de una obra de efectos eminentemente transgeneracionales y está en manos de las nuevas autoridades detener la construcción de estas represas o convalidar un hecho que resulta económica, ambiental y éticamente cuestionable. Es el momento de hacerlo y sin más demoras.
Ante los rumores de que Mauricio Macri no avanzaría con la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en Santa Cruz, la unión transitoria de empresas llamada Represas Patagonia (asociación entre la compañías Electroingeniería, China Gezhouba Group Corporation e Hidrocuyo), publicó un comunicado en el que asegura que “continuar con las obras significa mantener abierta la relación virtuosa lograda con la segunda economía del mundo".
En el último día de 2015, las empresas involucradas emitieron un comunicado en el que advierten que “una eventual paralización de las obras pondría al Estado nacional en incumplimiento del contrato de financiamiento, que tendría consecuencias de su rescisión y por tanto devolución inmediata y pérdidas por un monto aproximado de 1.500 millones de dólares”.
Represas Patagonia recordó que “el proyecto y su financiamiento son partes indivisibles de la asociación estratégica integral con la República Popular China, acordada y refrendada por ley del Congreso”. Además, alertó por la pérdida de 1.500 puestos de trabajo actuales, además de 3.500 empleos directos futuros y 10 mil indirectos. Asimismo, sostienen que significaría “privar al país de 1.740 megavatios necesarios para la creciente demanda energética”.
A su vez, aseguraron que se “pone en riesgo financiamiento acordado (con China) por unos 13 mil millones de dólares” y el “swap de monedas por 11 mil millones de dólares” que usa el Banco Central”.
"En las relaciones internacionales cuesta mucho lograr asociaciones estratégicas beneficiosas para el país como la lograda con China. Una ruptura provocaría décadas de desconfianza con nuestro país, no sólo de parte de China”, agrega el comunicado.
La versión sobre un posible freno surgió la semana pasada, cuando Macri recibió a Cristine Mc Divitt, viuda del filántropo ecologista fallecido días atrás Douglas Tompkins, y a gente de la ONG Conservation Land Trust, a quienes consultó sobre las represas y les habría adelantado la intención oficial de frenar su construcción.
Este comunicado se suma a las críticas contra el freno de la construcción de dichas represas por parte de Cristina Fernández de Kirchner. La ex presidenta compartió en su página web, y en redes sociales, un artículo en el que denuncia que se ponen en juego "los beneficios socioeconómicos y energéticos que las represas significarán para Santa Cruz y el país", además de la relación bilateral "estratégica con la potencia número uno del planeta y sus cerca de 13.000 millones de dólares en inversiones comprometidas en sendas obras de infraestructura (muchas ya licitadas)".
