Ya no es un slogan: la corrupción mata. La Justicia encontró que el sistema que montaron empresarios y funcionarios para estafar a la administración pública a través de los subsidios al transporte fue el origen de la tragedia
La justicia condenó hoy en un fallo histórico a los ex secretarios de Transporte kirchneristas, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, a ocho y seis años de prisión por su responsabilidad en la tragedia de Once que causó 51 muertes y 789 heridos.
El fallo que sienta un precedente importante sobre la responsabilidad penal de los funcionarios por accidentes que deriven de su mala gestión, incluyó una condena de nueva años -la más dura- para el concesionario de entonces de la línea Sarmiento, el em presario Sergio Cirigliano.
La Justicia ordenó también investigar al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, por su presunta responsabilidad en la tragedia del ferrocarril Sarmiento.
El fallo Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) se alcanzó luego de un proceso relativamente rápido de tres años y diez meses desde el accidente que el 22 de febrero del 2012 e incluyó condenas para 21 de los de los 28 acusados.
Schiavi y Cirigliano fueron encontrados responsables de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional y estrago culposo, por el pago de subsidios estatales y la simultánea falta de mantenimiento de los trenes del ferrocarril Sarmiento.
Si bien los fundamentos de las condenas serán dados recién dentro de tres meses, el tribunal dio por probado que existió una relación causa efecto entre ambos hechos, los que desembocó en la fatal colisión contra el andén 2 de la terminal de la línea Sarmiento.
Jaime -que ya no era funcionario al momento de la tragedia- recibió una pena unificada con dos condenas anteriores pero sólo se lo consideró responsable por el mal uso de los subsidios que pagaba el Estado a la prestataria y no por el estrago culposo.
Las condenas a los principales funcionarios y ex empresarios de la concesionaria sorprendieron por la escala penal alta, ya que aún cuando sean ajustadas en las apelaciones, seguramente los llevarán al cumplimiento efectivo de las penas.
El maquinista Marco Córdoba, para quien dos de las querellas habían pedido la absolución, recibió una condena de tres años y seis meses, con siete de inhabilitación para conducir, ya que se dio por probado que no frenó a tiempo para impedir la embestida de la formación contra los paragolpes del andén.
Los familiares de las víctimas que colmaron la sala de audiencias y la puerta de los tribunales de Comodoro Py 2002, donde se instaló una gran pantalla, recibieron el fallo con satisfacción.
Familiares de las víctimas escucharon la sentencia en la puerta de los Tribunales.
María Luján Rey y Paolo Menghini, los padres de Lucas Menghini Rey, un joven de 20 años que murió en el choque, dijeron estar "conformes" con la sentencia que calificaron de "fallo histórico".
"Es lo que esperábamos, el poder político que cubrió a los responsables y que hasta el último día justificó cada palabra que decían y hoy los mira desde Santa Cruz hoy tiene una respuesta de la Justicia", dijo Paolo tras escuchar la sentencia frente a los tribunales.
"Hoy la Justicia condenó a los corruptos que mataron a 52 inocentes y eso es una gran lección. El amor que les dimos en vida se los dimos también en esta lucha y hoy tuvimos una respuesta, pero se inicia otro camino hasta que las sentencias queden firmes", agregó.
Un proceso razonable
Si bien la condenas aplicadas fueron levemente inferiores a las pedidas por los fiscales, y sensiblemente a las que demandaban dos de las cuatro querellas, el fallo se dio en un tiempo razonable.
El juicio se inició hace 21 meses y a apenas dos años después del choque, lo que marca una gran celeridad frente a las demoras de más de una década que suelen insumir la causas penales en el fuero federal, adjudicable a la presión social por encontrar responsables.
El tribunal, integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu, y Ana D'Alessio, prohibió la salida del país de los condenados pese a que ninguno quedó detenido ya que llegaron en libertad al juicio.
Una de las resoluciones del TOF2 destacó que las condenas serán de cumplimiento real y que se harán efectivas una vez que queden firmes, luego de las previsibles apelaciones ante la Cámara federal de Casación Penal, primero, y a la Corte Suprema de Justicia.
La mayoría de los empresarios vinculados a la ex concesionaria y los ex funcionarios fueron condenados con penas de entre ocho y cinco años de prisión por los delitos de defraudación al Estado y estrago culposo.
Ademas, el TOF2 ordenó extraer testimonios para que se abra una causa para investigar la supuesta responsabilidad del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, en la comisión del delito de defraudación al Estado, ya que era el máximo responsable político por el pago de subsidios a las tarifas que no fueron aplicados al control de las formaciones.
Los fundamentos de la condena serán dados a conocer luego de la feria judicial, el 30 de marzo próximo, lo que abrirá el proceso de apelaciones.
Junto con Cirigliano fueron condenados también más de una decena de directivos de TBA a penas de entre cuatro y ocho años de prisión, además de directores de la firma Cometrans (a cuatro años de prisión) y del ex gerente de la Línea Sarmiento Daniel Guido Lodola a tres años de prisión.
De los 28 imputados, fueron absueltos Daniel Fernando Rubio, Luis Alberto Ninona, Mario Francisco Cirigliano, Miguel Werba, Carlos Alberto Lluch, Pedro Ochoa Romero y Antonio Eduardo Sícaro.
Ya no es un slogan: la corrupción mata. La Justicia encontró que el sistema que montaron empresarios y funcionarios para estafar a la administración pública a través de los subsidios al transporte fue el origen de la tragedia
Ya no es un slogan: la corrupción mata. La Justicia encontró que el sistema que montaron empresarios y funcionarios para estafar a la administración pública a través de los subsidios al transporte fue el origen de la tragedia de Once que dejó 52 muertos y más de 700 heridos. El Tribunal Oral Nº 2 terminó de barrer el relato: fue la gestión y no la impericia de un motorman la que provocó esta masacre.
El ex concesionario de TBA, Claudio Cirigliano, se llevó la peor parte. Era quien debía garantizar el servicio en la línea Sarmiento. Fue quien se quedó con el dinero. Ahora deberá enfrentar una investigación por su enriquecimiento. En su Necochea natal no necesitan que la Justicia se expida para conocer los detalles. Les basta con ver el desfile de helicópteros en su lujosa quinta junto al mar.
Este fallo condenatorio debería ser el primer capítulo hacia la justicia. Tal como ocurrió con María Julia Alsogaray, que se convirtió en la primera ex funcionaria en reintegrar al Estado parte del dinero que se robó, el destino de Cirigliano debería ser el del primer empresario que devuelve lo que se llevó en lugar de invertirlo en el tren.
Por ser el funcionario que tenía mayor responsabilidad directa al momento de la tragedia, Juan Pablo Schiavi, ex secretario de Transporte, fue el acusado en recibir la segunda pena más grande. Cuando se confirme la condena, deberá pasar 8 años en prisión.
Él siempre le apuntó al motorman. Y al calendario: antes de lamentar las muertes, el mismo 22 de febrero de 2012, se quejó de que ese día no era feriado, como el anterior, cuando había viajado poca gente. Con pocos pasajeros, no hubiese habido tantos muertos, razonó. La idiotez se paga. La ineficacia y la desidia, también.
LAS FAMILIARES TENÍAN RAZÓN
Todos los responsables del mantenimiento de la empresa recibieron su condena. Los familiares tenían razón: no fue el motorman, fue la carrocería podrida, los compresores de aire rotos o emparchados, los paragolpes inservibles, los bogies que estaban partidos y vencidos, la falta de repuestos que era reemplazada por un plan de desguace de otras unidades para abastecer a las pocas circulaban.
Durante una década, los trabajadores del subte habían denunciado la estafa. Y en lugar de ocuparse, el gobierno había decidido perseguir a los delegados de la lista Bordó. Paradójicamente, el primer preso por la corrupción del Sarmiento fue el gremialista Rubén Pollo Sobrero.
Lo acusaron de complotar para provocar un descarrilamiento cuyo fin era promocionar un documental de Pino Solanas sobre el estado del tren. El autor del cuento fue Aníbal Fernández. Siempre Aníbal Fernández. Entonces ministro de Justicia y Seguridad, contribuyó así al encubrimiento, a posponer las inversiones que luego vendrían a reparar lo irreparable.
La idiotez se paga. La ineficacia y la desidia, también.
Recién en marzo se conocerán los argumentos, pero a Ricardo Jaime no le alcanzó la acusación del estrago, sino solo de la defraudación a la administración pública. Él ya no era Secretario de Transporte al momento de la tragedia. Había diseñado la trampa, pero ya no la manejaba.
Fue un golpe para los familiares de las víctimas que el Tribunal haya absuelto a los responsables de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Pedro Ochoa y Antonio Sícaro. Ellos debían controlar y no lo hicieron. Pero su absolución es lo que permitió a los jueces apuntar hacia arriba: ellos elevaban informes que Transporte no ejecutaba.
Y el responsable de acumular advertencias y no ejecutar las multas era Julio De Vido. El exministro rescindió el contrato luego de la tragedia, pero con elementos que había cajoneado durante años. El Tribunal le ordenó al juez de primera instancia que investigue al hoy diputado K.
Devenido en este época en héroe judicial de un lado de la grieta, fue Claudio Bonadio el que dejó a De Vido fuera del alcance de la acusación. El Tribunal Oral ahora liberó ese cepo.
Todos los responsables del mantenimiento de la empresa recibieron su condena.
Tamaña paradoja: el emblema de la corrupción y los negocios del kirchnerismo recibió la noticia de que será investigado por la estafa que terminó en las 52 muertes el mismo día que Mauricio Macri fue sobreseído en la causa que lo tenía procesado por las escuchas ilegales.
El peor temor del kirchnerismo comenzó a hacerse carne. Con la derrota electoral llega también la derrota judicial. Es un mensaje para los que se fueron, del mismo modo que fue un mensaje para el nuevo gobierno la fuga asistida de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez.
Si el fallo condenatorio de los responsables de la masacre de Once abre el camino hacia una Argentina que condene la corrupción, el escape de los hermanos Lanatta y Schillaci demuestra que esa senda no será nada sencilla. Las mafias tienen aliados en todos los rincones. Incluso entre los eslabones más débiles de la cadena.
LA CORRUPCIÓN MATA
Once se convirtió en una tragedia porque no era un problema del poder, sino de los pasajeros, de un enorme colectivo de trabajadores de sectores medios y vulnerables a quién nadie escuchaba y que cada día sacaba un boleto hacia su posible muerte.
Tristemente, sin muertes no hubiese habido un programa de modernización ferroviaria que terminó convirtiéndose en la bandera electoral de los que hoy fueron condenados por corruptos y asesinos. Con el narco y el déficit del sistema penitenciario ocurre lo mismo. El poder le delegó la gestión a las mafias que se autogobiernan y la mayor parte de la sociedad mira hacia otro lado. No es un problema de todos, sino de aquellos que conviven con el mundo tumbero.
Sólo en Rosario el narco se habrá cobrado este año unas 200 vidas. Es una tragedia de Once cada 3 meses en la que intervienen como responsables o cómplices policías, jueces y dirigentes políticos.
Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada con una promesa como eje de campaña: terminar con el narcotráfico. Es también una lucha contra la corrupción que mata. Y ese enemigo es más peligroso y poderoso que Cirigliano, Jaime y sus secuaces.
