Pablo Fernández Blanco

 El macrismo puso en marcha su primera gran negociación de precios. Pese a su trascendencia, se desarrolla en encuentros herméticos que reúnen a pocos funcionarios y empresarios. De la conclusión que surja entre ellos depende cuánto pagarán los argentinos durante el próximo año por cargar naftas y gasoil, como también el nivel de actividad petrolera que se registrará en la Patagonia y los ingresos tributarios de los distritos hidrocarburíferos del país. Se trata de 10 provincias lideradas por Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Tierra del Fuego. Hasta ahora, no se pusieron de acuerdo.

Anteayer se reunieron funcionarios que responden al ministro de Energía, Juan José Aranguren, con un selecto grupo de empresarios petroleros. Participó de la conversación el secretario de Combustibles, José Luis Sureda, que a principios de este año dejó Pan American Energy (PAE), la compañía en la que son socios la británica BP, la china Cnooc y los hermanos Carlos y Alejandro Bulgheroni.

Carlos, de fuerte injerencia en las decisiones de la compañía y bien conocido en los despachos públicos, fue uno de los invitados al encuentro. LA NACION no pudo corroborar su asistencia, si bien fuentes al tanto de las discusiones confirmaron que su empresa está en la mesa de discusión.

Otras dos compañías participaron del encuentro: Axion, compuesta también por los Bulgheroni y la empresa asiática, pero sin la participación de BP, y Shell, la petrolera que condujo el ahora ministro hasta junio de este año. En su representación estuvo Teófilo Lacroze, el nuevo presidente de la empresa en el país, es decir, el sucesor de Aranguren.

Por el lado de YPF participó Carlos Alfonsi, vicepresidente de Downstream de la petrolera estatal y el hombre encargado de negociar temas de precios por la empresa que maneja Miguel Galuccio.

Quedaron fuera de las primeras reuniones otras empresas importantes. Entre ellas, Petrobras y Oil, de Cristóbal López. Cada una suma alrededor de un 6% del mercado de combustibles. Por el lado de las productoras hubo varias ausencias importantes.

La devaluación trastocó la economía del sector. Las refinadoras pagan la materia prima, el petróleo, en pesos, pero con valores atados al tipo de cambio, por lo que ahora necesitan más billetes para hacer frente a la misma cantidad de producto que antes.

El equipo de Energía espera que la cadena del petróleo se reparta los costos de la devaluación en partes iguales, por dos motivos: por un lado, los valores locales del petróleo están muy por encima de las referencias internacionales, y el margen de refinación se encuentra en récords históricos.

Además, el Gobierno quiere que las petroleras no apliquen aumentos en el primer trimestre, según confirmó públicamente Aranguren. Es el primer dato curioso. El ahora ministro sufrió en carne propio el boicot de Néstor Kirchner en 2005 tras un aumento de precios que ordenó Shell. Es cierto también que las formas de Aranguren son distintas: lejos de una imposición, el funcionario reconoció que no puede obligar a las empresas a no aumentar los precios.

Es el primer punto de conflicto: Oil y Shell reclaman una remarcación de pizarras cuanto antes. Lo mismo quiere Alfonsi, aunque el mayor accionista de su compañía es el Estado, por lo que su margen de acción está acotado.

La propuesta oficial contempla llevar el barril denominado Medanito, propio de Neuquén y el que mejor rinde en las refinerías locales, a unos US$ 67,30, es decir, un 12% menos que su precio actual. Algo similar espera para el Escalante, de Chubut, y cuyo principal productor es PAE, para el cual se maneja un precio en torno a los US$ 54,90 por barril.

Todos se volverán a ver las caras en una nueva reunión.