Ismael Bermúdez

Todavía no terminó el mes, pero los cálculos de los especialistas adelantan que diciembre concluirá con un récord, tanto en el nivel del gasto público como en el déficit fiscal. Estiman que el “agujero fiscal” de este mes será mayor a los 60.000 millones de pesos, y así 2015 podría concluir con un déficit en torno de los 400.000 millones de pesos.

Según un informe elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto Público (ASAP), el gasto primario (que es que se contabiliza antes del pago de los intereses de la deuda pública) “en el último mes del año la ejecución del gasto alcanzaría valores muy por encima de los importes devengados en el período julio/noviembre”.

Y aclara: “En efecto, en virtud del comportamiento de años anteriores y de las necesidades de asistencia financiera manifestadas por las provincias y de potenciales registros pendientes de imputación, se estima un nivel de gasto primario del orden de los 177.000 millones de pesos para el mes de diciembre”.
Si se suman los pagos de intereses de la deuda, el gasto total del mes rondaría los 200.000 millones de pesos.

En tanto, el economista Fausto Spotorno (del Estudio Ferreres y Asociados) sostiene que en diciembre las cuentas públicas tendrán un bache de más de 60.000 millones de pesos. “El déficit fiscal oficial acumulado a noviembre –base caja– es de 166.500 millones de pesos. En diciembre sumaría más de 60.000 millones de pesos. De esta manera el rojo fiscal alcanzaría los $ 240.000 millones”.

Y añade: “Sin embargo, eso incluye transferencias del Banco Central por dividendos que esta entidad realmente no genera. Porque más allá de la contabilidad creativa que se usa para registrar ganancias, el BCRA realmente pierde plata (tienen muchos gastos y pocos ingresos). Estas supuestas utilidades que el BCRA transfiere a la Nación pero que en realidad son un financiamiento encubierto vía emisión monetaria, sumarían este año unos 80.000 millones de pesos”.

De esta forma, si se agregan las transferencias de la ANSeS y otros organismos al Tesoro Nacional, el déficit fiscal real de 2015 rondará los 400.000 millones de pesos.

En diciembre los gastos públicos se ven más abultados por los pagos del medio aguinaldo y el cierre del año. Pero este año se agregan elementos que tienen que ver con el cambio de Gobierno: el Tesoro Nacional recaudará mucho menos por retenciones a las exportaciones debido a la eliminación y reducción de los derechos sobre las exportaciones que se aprobaron en los primeros días de la gestión de Mauricio Macr

Por el lado del gasto, hay que agregar otros 3.700 millones de pesos de transferencias a las provincias con problemas para pagar sueldos y aguinaldos.

Otro gasto importante que se agregó fueron los 3.200 millones de pesos que costará el pago del bono de fin de año a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los jubilados que cobran el haber mínimo, que se pagará esta semana según anunció Macri. También hubo una transferencia de 120 millones para el Senasa.

Aun así, se espera que esta semana el Gobierno apruebe más ampliaciones del gasto en dependencias oficiales que ya tienen agotada la partida presupuestaria. Y si bien es normal que se puede trasladar al año siguiente erogaciones del ejercicio en curso, se descuenta que Mauricio Macri buscará que el gasto y todo el peso del déficit fiscal se ejecuten y registren en 2015.

De esta manera, el Presupuesto 2016 y posteriores tendrán una base de comparación muy alta y además, mayor será la justificación para emprender los ajustes fiscales, como -entre otros- la suba de tarifas y la reducción de subsidios.
El Presupuesto 2015 fue aprobado con gastos por $ 1.251.675 millones. Con las ampliaciones que se hicieron durante el año, rondará los 1.500.000 millones.

NÉSTOR SCIBONA

En sus diez días hábiles de gestión presidencial, Mauricio Macri puso en marcha un giro de 180 grados en la política heredada del kirchnerismo, con medidas y señales que apuntan a reconstruir la relación entre el Estado y el sector privado en los próximos años. Lo menos auspicioso, sin embargo, es que buena parte de los actores políticos y sociales tienden a juzgarlas bajo la (i)lógica imperante en la década K, pese al estancamiento económico y la alta inflación de los últimos años. El punto de partida es un PBI por habitante menor al de 2011 (con un PBI industrial per cápita más bajo que el de 1974) y uno de casi tres argentinos en la pobreza.

La intención de reinsertar a la Argentina en el mundo de los flujos comerciales, financieros y de inversión, más la de relanzar el Mercosur con perspectivas de liderazgo ante la crisis brasileña (y apartarse de toda semejanza con Venezuela), forman parte de una política exterior bien diferenciada. Y que en el plano económico ya tuvo su correlato con el fin del cepo y la unificación cambiaria, junto con la eliminación casi total de retenciones, trabas para exportar o importar y controles que encorsetaron a la actividad económica, frenaron la inversión y la creación de empleos privados.

Estos primeros pasos apuntan claramente a movilizar el potencial de recursos naturales, humanos y la capacidad emprendedora de la Argentina, superada en los rankings internacionales por muchos países con menos recursos, pero más previsibilidad, menos corrupción y mejor organización político-institucional. También a que vayan reapareciendo parte de los dólares (unos 200.000 millones) atesorados por argentinos fuera del circuito productivo.

Por cierto que falta mucho para alcanzar esos objetivos, con una economía repleta de desequilibrios, presión tributaria récord y vicios arraigados durante años. Sin ir más lejos, quien deposite dólares en cualquier banco porteño se encontrará con la sorpresa de una retención a cuenta de Ingresos Brutos de 5%. Pero es un buen comienzo dejar de mirarse el ombligo y ver qué ocurre en el vecindario, aunque haya quedado atrás la época dorada (y desperdiciada) de altos precios para las commodities y crecimiento mundial traccionado por países emergentes. No es cierto que sólo para la Argentina "el mundo se nos cayó encima", como pontificaba Cristina Kirchner para justificar un modelo agotado. En todo caso, un mundo que no ayuda como antes hace más ardua la tarea de recuperar un crecimiento sustentable a base de inversión, innovación y competitividad. Para duplicar su PBI por habitante, el país necesitaría crecer al 6% anual acumulativo durante 12 años, que se extenderían a 24 si lo hiciera al 3% y a 70 años a un ritmo de 1% anual. Este último fue el crecimiento promedio en el segundo mandato de CFK. Con su laconismo, Macri prefirió subrayar que el país ingresa con atraso al siglo XXI y se necesitan soluciones nuevas para problemas viejos.

Uno de los principales desafíos del nuevo gobierno es revertir la lógica K que, a través de su persistente relato unilateral, disfrazó de normales cuestiones anormales para cualquier país y por eso no se discuten ni aplican en casi ninguno. Entre ellas, justificar una inflación de dos dígitos anuales durante una década bajo el pretexto de defender a los más pobres. En 2014 sólo 15 de 180 países exhibieron una tasa superior al 10%, y únicamente Venezuela, Siria y Sudán superaron a la Argentina. Aquí la respuesta fue falsificar grotescamente las estadísticas para encubrir este fenómeno, convertido en una suerte de adicción social que requirió de dosis más altas y/o represión artificial a través de controles de precios, atraso cambiario y tarifario.

No sólo eso. La era K patentó la lógica amigo-enemigo; la ausencia de autocrítica y de diálogo; la grieta de la sociedad; la destrucción del federalismo y el intervencionismo estatal, incluso donde no hacía falta. También la compulsiva suba del gasto y el empleo público, sin austeridad ni planificación. Con "ñoquis" y militantes rentados con la plata de todos, al igual que clubes de fútbol y medios de difusión convertidos en virtuales reparticiones públicas. Y consignas emblemáticas como "defender la mesa de los argentinos", que desembocó en un desplome de la producción de carnes, trigo y maíz; "recuperar la soberanía hidrocarburífera", enarbolada mucho después de que se perdiera debido a la irracional política energética y "no criminalizar la protesta social", que rompió todo equilibrio entre los derechos de peticionar y de transitar libremente, y hasta la posibilidad de viajar en subtes o trenes sin riesgo de huelgas sorpresivas y extorsivas.

El discurso K contribuyó a naturalizar esas desmesuras y se convirtió en una trampa cultural de la que costará salir. Para colmo, el kirchnerismo duro plantea una insólita "resistencia" a un gobierno elegido democráticamente. Y sus principales voceros (Kicillof, De Vido, Moreno) le embarran la cancha a quienes buscan corregir los problemas que causaron y ocultaron. Como en otras épocas, reconstruir la progresiva vuelta a la racionalidad económica no evita amplios movimientos de péndulo. Por eso hace falta distinguir causas y efectos de lo heredado. La devaluación es proporcional al fuerte atraso cambiario previo. El próximo ajuste en las tarifas energéticas será consecuencia del congelamiento durante 12 años en el área metropolitana de Buenos Aires, y los fenomenales subsidios serán reducidos y reorientados hacia quienes no pueden pagarlas. Los combustibles eran muy baratos cuando el precio internacional del petróleo superaba los US$ 100 y se encarecieron cuando bajó de 40, ya que los consumidores pasaron a solventar un valor doméstico en pesos del crudo de casi el doble y, además, ajustable al dólar oficial, por debajo de la inflación real.

Estas correcciones implican costos y la necesidad de redistribuirlos. El Gobierno enfrenta así un doble desafío: ir resolviendo los problemas más urgentes para poner al país en marcha, y que la sociedad acompañe sin actuar como en la era K en busca de protegerse individualmente a costa del resto. Esto vale para muchas empresas que se apresuraron a cubrirse de la devaluación antes de conocer el nuevo tipo de cambio único, sin considerar su real incidencia en los costos ni el impacto de las tasas de interés más altas sobre la actividad y del ajuste de tarifas sobre el consumo. Un ejercicio efectivo de la responsabilidad social empresaria indica que no pocos precios deberían retroceder, antes o después de que lo obligue la nueva realidad económica