El lunes pasado, en Casa de Gobierno, el presidente Macri recibió a Cristine Mc Divitt, viuda del filántropo ecologista fallecido días atrás Douglas Tompkins, y a Sofía Heinonen, bióloga y máxima autoridad de Conservation Land Trust, la ONG fundada por el norteamericano que se dedica a crear áreas protegidas a través de tierras que compran en Corrientes y Patagonia para regenerar y finalmente donar al Estado.

Fue una reunión de la que participaron el Ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, el vicepresidente de Parques Nacionales, Emiliano Ezcurra, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el Ministro de Turismo, Gustavo Santos. Mc Divitt ratificó el compromiso de seguir trabajando para donar 150 mil hectáreas y crear el Parque Nacional Iberá. Pero la charla derivó hacia otros temas: Macri quería saber más sobre la cuestión ambiental, un terreno repleto de frentes abiertos pero sin (o casi sin) agenda predeterminada.

El presidente preguntó cuáles eran las urgencias ambientales que ya no pueden esperar. Heinoen fue al hueso. Le dijo que se necesita declarar ya a través de una ley la emergencia de la fauna en extinción, ya que existen cerca de 30 especies con una población inferior a los mil ejemplares. Pero Macri quería saber algo más y lanzó la pregunta: "¿Qué piensan de las represas sobre el río Santa Cruz?".

Después de un silencio breve, los representantes de CLT manifestaron su rechazo al proyecto. Contestaron que les parecía una aberración, que iban a provocar un daño ambiental irreparable y que creían que se podía producir mejor energía de manera más barata, menos dañina y más eficaz. Alguien recordó que los estudios de impacto ambiental se habrían aprobado de manera irregular.

Entonces, Macri dijo: "Hicimos un estudio y vimos que las represas están en el puesto número veinte entre las mejores formas de conseguir energía. Es decir, antes hay 19 opciones más viables, limpias y económicas". Y remató: "Vamos a intentar pararlas".

En diálogo con Clarín, Bergman confirmó todo lo sucedido durante el encuentro, y agregó: "Todos sospechamos que detrás de esas represas hubo un negociado. Pero lo que está haciendo, antes que manifestar una voluntad, es pedir opiniones a gente idónea e incuestionable desde el punto de vista ambiental. Lo que pueda pasar, aún está por verse".

En la Patagonia ahora más lejana, está todo listo para el inicio de la construcción de las represas "Néstor Kirchner" y "Jorge Cepernic", adjudicadas hace dos años a un consorcio encabezado por Electroingeniería, la China Gezhouba Group Corporation e Hidrocuyono. Se dinamitarán laderas y se verterán millones de toneladas de hormigón para hacer dos hidroeléctricas gigantes que inundarán un área del tamaño de Buenos Aires. El valor de obra fue incluido en el presupuesto 2016 por más de $ 43.000 millones, casi el doble de costo por el que fue licitado.

Las palabras de Macri en esa reunión habrán provocado algo en Emiliano Ezcurra, que estaba en la misma mesa. El vice de Parques fue hasta asumir funciones titular de Banco de Bosques, una de las organizaciones ambientales más reconocidas del país. En octubre último, Ezcurra y su ONG presentaron un amparo ante la Corte Suprema, pidiendo que se revea el estudio de impacto ambiental y se detenga la construcción. La Corte ya había aceptado un planteo parecido de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia.

Ezcurra dijo que por presiones políticas Parques Nacionales no había tenido una posición aguerrida sobre el tema: "No hay necesidad de generar ese daño ambiental. Nos van a sacar ese río al pedo".
Hace dos semanas, durante su discurso a los empresarios, Macri expresó que serían implacables con las empresas que evadan impuestos y con las que no cuiden el medio ambiente. Pero faltaban las designaciones.

El nombramiento de Sergio Bergman como ministro del área había sido recibido con cierta frialdad por los ambientalistas de diferentes ONGS que trabajan con el Gobierno desde la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, hubo una respuesta acorde para esas organizaciones: primero, el diputado ecologista Cali Villalonga, ex titular de la Agencia de Protección Ambiental, fue enviado a la cumbre del cambio climático en París para salvar, y sin dudas mejorar notablemente, la pobre performance argentina que había iniciado con la presencia de Amado Boudou.

Luego, el mismo Bergman aceptó rodearse de gente de reconocida trayectoria en el ambientalismo. Fueron nombrados Diego Moreno, titular de la Fundación Vida Silvestre, como Secretario de Política Ambiental, y Dolores Duverges, directora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, como secretaria de Planificación y Ordenamiento. Es el team de ecologistas con que el oficialismo dará batalla, sin dudas, en los frentes ambientales que se vayan abriendo de ahora en adelante. Y el de las represas, sin dudas, parece que será uno de los principales.

CARLOS PAGNI

Con la condena a la violación de los derechos humanos en Venezuela, que pronunció en Asunción el lunes pasado, Mauricio Macri inauguró su programa de política exterior. El giro que Macri introdujo en ese campo es tan drástico como el que imprimió en la economía. A muchos observadores extranjeros, acostumbrados a las largas continuidades de la diplomacia, les cuesta interpretar un cambio tan abrupto. Pero no se deberían sorprender.

Las dos innovaciones son parte del mismo movimiento: la reconexión de la Argentina con las redes globales de inversión. En este contexto se inscribirán los próximos pasos del Presidente: en marzo, el acercamiento a los Estados Unidos tendrá una instancia relevante en la reunión con Barack Obama; un mes antes, durante la visita de François Hollande a Buenos Aires, se destrabaría la negociación por el libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea; también se reajustará el vínculo con China: los acuerdos firmados por Cristina Kirchner serán auditados y los créditos asiáticos podrían reorientarse hacia nuevos proyectos.

Para su presentación internacional, Macri escogió una bandera afín al kirchnerismo: los derechos humanos. Y apuntó a un blanco fácil: el régimen de Nicolás Maduro, que es el más desprestigiado de la región. En minoría dentro de la Asamblea Nacional, con el barril de petróleo en 36 dólares y acusado de llevar a la cárcel a sus adversarios, Maduro es un muerto en vida.

Macri pidió la liberación de los presos políticos. Y la respuesta del chavismo lo favoreció.

La ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, dijo que no la sorprendía que pidiera la libertad de líderes como Leopoldo López, porque Macri ya había dispuesto excarcelar a torturadores de la última dictadura argentina. La excéntrica Rodríguez acusó a Macri de algo que no hizo. Y confundió a López con los represores de aquel gobierno militar. Dos errores en uno.

Nadie comprendió el disparate de Rodríguez. Ni siquiera su colega Susana Malcorra, que la conoce bien: como jefa de gabinete del secretario general de las Naciones Unidas, Malcorra intervino como mediadora en los conflictos de Venezuela con Colombia y con Guyana.

Maduro quiso dar la razón a Macri. El mismo lunes convocó a sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional para designar 13 nuevos ministros en el Tribunal Supremo. Es una maniobra clave. Los nuevos jueces son fanáticos bolivarianos, que integrarán las salas constitucional y electoral de esa corte. La urgencia es comprensible: la oposición denunció que Maduro pretende impugnar a varios diputados que deben asumir el próximo 6 de enero.

Uno de los méritos que Macri encuentra en su estrategia venezolana es que le permite definir su propia orientación sin entrar en detalles. Maduro es un ícono. El juego tiene, como es obvio, una proyección doméstica. El Gobierno hostiga al kirchnerismo sin necesidad de mencionarlo, la revolución bolivariana es su caricatura. Una curiosidad: Malcorra apreció que, a instancias de Carlos Ruckauf, se la felicitara por la declaración de Asunción. Ni Rafael Bielsa ni Jorge Taiana disintieron.

Macri se opone a Maduro con el argumento del respeto a los derechos humanos, el más apreciado por todas las izquierdas. En Asunción se notó la incomodidad de los demás presidentes. Hubo resistencia a incorporar la cuestión en la declaración final. Malcorra debió pedir una reunión especial de cancilleres. Lo consiguió: además de manifestar la preocupación por el tema, el texto reactiva los protocolos de control sobre derechos humanos en los países asociados.

El pronunciamiento, alentado por el gobierno de Paraguay, no fue el único éxito de Macri. Ayer, el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, dijo que en Venezuela "la calidad democrática deja mucho que desear". En la Casa Rosada festejaron esa posición, sobre todo porque proviene de un gobierno socialista. En Cambiemos detestan que se los confunda con gente de derecha.

Brasil es el único fundador del Mercosur que todavía no criticó al régimen de Maduro. Una explicación es que los brasileños, sobre todo sus empresas constructoras, tienen demasiados intereses en Venezuela. Además, la estrecha base de Dilma Rousseff está formada por agrupaciones de izquierda que aplauden la "revolución bolivariana". Macri coincide con los rivales de Rousseff, liderados por Fernando Henrique Cardoso. Hay una circunstancia que el Gobierno jamás reconocerá: Macri también levantó el perfil en la primera excursión internacional para aprovechar el vacío que deja Rousseff, extraviada en su propio laberinto.

Macri y Malcorra alegarán que la censura a Maduro se inspiró nada más que en razones de principios. No admitirán que también fue elaborada con criterios económicos. Sin embargo, la consecuencias de este alineamiento regional sobre las negociaciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas no necesitan ser demostradas. El Departamento de Estado no dijo una palabra sobre la polémica de Asunción. Pero hizo llegar una felicitación extraoficial a Macri, que se comentó en la reunión de gabinete de anteayer. La próxima reunión del Presidente con Obama está más asegurada.

Macri asistirá a la Cumbre sobre Seguridad Nuclear que se celebrará en Washington el 31 de marzo. Para preparar su participación la Cancillería convocó a Roberto García Moritán, vicecanciller de Jorge Taiana durante las administraciones Kirchner y uno de los argentinos expertos en el tema. La cumbre tiene una agenda paralela de encuentros bilaterales. Uno de ellos será el de Macri con Obama.

El momento de esa entrevista será relevante. Quizás para marzo Obama ya haya cumplido su sueño de visitar La Habana. Y Macri tal vez haya conseguido un swap de divisas con la Reserva Federal. Para que eso ocurra tendría que estar encaminada la negociación con los holdouts. En concreto, el juez Thomas Griesa debería haber repuesto la medida cautelar (stay), que significa que la Argentina salió del default en que la dejó el kirchnerismo. Es el principal capítulo externo del programa de Alfonso Prat-Gay. Hasta ahora eludió los fallos de Griesa por un atajo. El consorcio de bancos que aportará dólares a la Argentina recibirá a cambio bonos que pertenecen al Banco Central. Los holdouts no pueden interferir en la transacción porque Griesa determinó que el Central no es un álter ego del Tesoro, que es el titular de la deuda. Los bonos, sin embargo, saldrán del Tesoro, que los entregará al Central a cambio de aquella letra intransferible de US$ 10.000 millones, emitida cuando Néstor Kirchner utilizó las reservas para pagar al Fondo Monetario Internacional por adelantado.

La economía está en el núcleo de la diplomacia del Gobierno. Durante la reunión de gabinete de anteayer, mientras la mayoría de los ministros debatía sobre el conflicto de Cresta Roja, Ricardo Buryaile, de Agricultura, y la canciller Malcorra tenían la atención puesta en Nairobi. Los 160 países asistentes a la reunión de la OMC firmaron allí un acuerdo para que en 2018 no existan más subsidios agrícolas. Sólo habrá un listado de excepciones hasta 2023.

Es una noticia histórica para países como la Argentina. Y acelera un proceso en curso: la negociación de un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. La llegada de Macri al poder despejó la última reticencia sudamericana. Falta superar el recelo de Francia, que ejerce un fuerte proteccionismo agropecuario. Será el tema principal de conversación entre Macri y François Hollande, que visitará en febrero Buenos Aires. Habrá un ejercicio previo: en enero llegará Federica Mogherini, la canciller de la Comisión Europea, para discutir los detalles del tratado.

Las gestiones económicas tienen frentes infinitos. Son también el eje del vínculo con Chile. El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, inició una consulta con Rodrigo Vergara, su colega de ese país. Sturzenegger evalúa imitar el sistema de la Unidad de Fomento chilena, es decir, crear una unidad de cuenta susceptible de ser indexada que ponga las operaciones en pesos a salvo de la inflación, marginando al dólar como reserva de valor.

Las relaciones con China transcurren por el mismo canal.

El objetivo inicial fue conseguir que el swap de monedas se vuelva efectivo. Para eso Prat-Gay y Malcorra negociaron con Yang Wanming, el embajador de ese país en Buenos Aires. En las conversaciones se anticipó otra discusión: Macri pidió que se examinen los enigmáticos acuerdos firmados por la señora de Kirchner con el gobierno chino. Al embajador se le adelantó que, aun cuando se descubran concesiones inconvenientes, el Presidente no pretende abrir un conflicto. Pero sí aspira a reajustar los términos y, sobre todo, a estudiar si las inversiones se pueden dirigir hacia nuevos cometidos.

Es el eufemismo para sugerir lo que ya se sabe: para Macri las faraónicas represas Kirchner y Cepernic de Santa Cruz son inconvenientes.

Su construcción quedó, al cabo de una licitación muy controvertida, en manos de la china Gezhouba y de Electroingeniería, del kirchnerista Gerardo Ferreyra. El problema debería resolverse antes de que Macri viaje a China, para la cumbre del G-20 de septiembre. Otro sinsabor para Electroingeniería: el viernes pasado un arrepentido brasileño la involucró, junto al ex ministro Julio De Vido, en el escándalo de sobornos de Petrobras.