En comparación con el 2014, este año no hubo cambios abruptos respecto de la cantidad de los conflictos sociales. Solo en noviembre se reportaron 215 casos, tres más de lo registrado el año pasado en ese mismo mes, según la Defensoría del Pueblo. Las regiones del sur y centro continúan encabezando la lista de conflictos socioambientales vinculados a la minería, entre ellas Áncash, Apurímac, Puno, Cusco, Ayacucho y Junín.

Este año se contabilizaron en total 258 conflictos, 14 casos menos que en el 2014. Sin embargo, la cifra de muertos aumentó: 19 personas perdieron la vida este año en enfrentamientos, tres más que el año pasado. La cifra de heridos se cuadruplicó en estos doce meses y se pasó de 203 a 872, la mayoría de ellos policías (450).

Durante todo el gobierno del presidente Ollanta Humala han muerto 90 personas y 2.367 resultaron heridas.

De hecho, la reacción del gobierno durante casos con fuertes repercusiones políticas, sociales y con pérdida de vidas   –como Tía María (Arequipa), Las Bambas (Apurímac) y La Oroya (Junín)– ha sido calificada de deficiente por los analistas, y como una evidencia de que el país carece de una organización eficiente para canalizar la protesta social que se va radicalizando.

COSECHANDO LA SIEMBRA
Porfirio Barrenechea, representante de la Defensoría del Pueblo, explicó a El Comercio que si bien las cifras mantienen el promedio en las regiones con mayor cantidad de casos, este año la intensidad de las protestas y la violencia fue mayor.

“Lo ocurrido en Apurímac con Las Bambas o en Arequipa con Tía María nos da un ejemplo de ello. El conflicto desencadenó en violencia que tuvo costo de muertos y heridos”, dijo Barrenechea. Comentó, además, que la alta cifra de policías heridos debería instar a un replanteamiento de la intervención y el uso de la fuerza policial.

“Falta articular mejor esfuerzos entre todas las instancias del Estado para identificar los casos desde la etapa inicial y darles solución”, dijo Barrenechea.

El experto en negociación y gestión de conflictos César Guzmán Barrón coincide en que el 2015 se caracterizó por la radicalización de la protesta.

“Lo que ha ocurrido este año es que el gobierno ha cosechado su propia siembra, pues ha trabajado con improvisación y no atendió las exigencias de las comunidades. Siempre llegan al final”, refirió el analista.

En su opinión, el riesgo para el 2016 es un escenario más exacerbado, con más violencia, debido al escenario electoral y al posible aprovechamiento político de las demandas de la población por parte de algunos candidatos.

“Es necesario entender que faltan políticas de Estado en prevención de conflictos, que no depende de los cambios de personal sino de una política real de prevención”, enfatizó Guzmán Barrón.