Tras varios años de bajo perfil y acatamiento pleno del statu quo impuesto por la administración kirchnerista, las privatizadas del área energética han comenzado a despertarse con movidas atípicas y sorpresivas.

Distribuidora de Gas Cuyana -la empresa que tiene entre sus principales dueños a Nicolás Caputo, mano derecha de Mauricio Macri- salió a marcarle la cancha al nuevo ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, con una inusual jugada que apunta a acelerar los tiempos del descongelamiento tarifario.

Casi al mismo tiempo en que el ex titular de Shell empezaba a conocer sus oficinas, la gasífera que presta servicios en las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis promovió una demanda contra el Estado Nacional para que las nuevas autoridades procedan a otorgar los aumentos de tarifas que figuran en las renegociaciones contractuales aprobadas por el gobierno de Cristina Kirchner entre 2008 y 2010.

La demanda presentada en la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal apunta al cumplimiento de los dos convenios clave que había sido suscriptos por el gobierno K y la empresa. En primer lugar, el “Acuerdo Transitorio” de octubre de 2008 que fue ratificado por el decreto 235/2009. Y en segundo lugar, el “Acta Acuerdo de Renegociación Contractual Integral”, que fue firmado en setiembre de 2009 y ratificado posteriormente por medio del decreto 483/2010.

De acuerdo con la información remitida a la Bolsa, la compañía gasífera decidió “judicializar” el planteo tarifario y normativo al no haber recibido respuesta de la cartera del ex ministro de Planificación, Julio De Vido a los reclamos administrativos que fueron elevados en diciembre de 2011.

Si bien desde la empresa no dieron precisiones sobre los incrementos pendientes, los cálculos que barajan los técnicos del sector señalan que las subas en juego para el denominado “Valor Agregado de Distribución” (VAD) –que no alcanza al precio de gas—se ubicarían entre el 100% y 120%.

La empresa Gas Cuyana tiene 545.000 clientes que representan el 8,2% del total de los usuarios del servicio de gas natural a nivel nacional. Junto con la Distribuidora Gas del Centro (que tiene la concesión del servicio en las provincias de Córdoba, La Rioja y Catamarca) forman parte del grupo Ecogas.

Ecogas estuvo bajo el control de la empresa alemana E.ON y la italiana ENI hasta mediados de este año en que se completó la venta a los nuevos propietarios locales.

Los compradores que pasaron a manejar la sociedad controlante son:

-La empresa Central Puerto SA del grupo SADESA de Nicolás Caputo, Guillermo Reca, Pérez Moore y las familias Miguens-Bemberg y Escassany.

-Federico Tomasevich, el banquero titular de la financiera Puente Hermanos.

-Magna Inversiones, el fondo que armó en 2009 el ex Citibank Ronaldo Strazzolini.

Hasta ahora, la única privatizada que había acudido a la Justicia para reclamar la aplicación de los ajustes tarifarios y la renegociación contractual acordada por la administración K. fue Transportadora de Gas del Norte (TGN), la empresa que controla el grupo Techint.

Tras la presentación de Gas Cuyana, se espera para los próximos días una demanda similar de Gas del Centro, la otra gasífera de Ecogas que cuenta con una clientela de casi 700.000 usuarios.

Además de la participación que tiene en el sector gasífero, Caputo –que se perfila para jugar un rol clave en el nuevo gobierno como consultor en las sombras y virtual coordinar del plan de obras públicas—también tiene sus fichas puestas en el negocio de la energía eléctrica.

Por medio de SADESA está presente en la distribuidora Edesur como uno de los socios locales del grupo italiano ENEL que también está a la espera de la quita de subsidios y los aumentos tarifarios que ha prometido el macrismo.