El Gobierno avanza en la negociación con las petroleras para llegar a un acuerdo de precios sobre los combustibles a lo largo de 2016. Tal como informó El Cronista en su edición del viernes, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, intenta llegar a un consenso con las empresas del sector para contener los valores en las naftas y el gasoil, y que la devaluación que destapó el levantamiento del cepo cambiario la semana pasada no se traslade de lleno a los surtidores.
Si bien todavía no se dio a conocer ningún convenio concreto de ajuste (ni porcentajes, ni tiempos), Aranguren ayer dio una pista sobre los temas que están en la mesa de negociación.
En declaraciones radiales, el ministro reveló que el domingo hubo una reunión con las empresas y que el gobierno de Mauricio Macri presentará un proyecto de ley para modificar la carga impositiva en los combustibles de todos los impuestos nacionales, ingresos brutos provinciales y alguna tasa de algún municipio, que hoy significan la mitad del precio final que los automovilistas pagan por cada litro cuando llenan sus tanques (48% en el caso de las naftas y 42% para el gasoil)
"Pensamos aplicar un sistema distinto al que hoy afecta a los combustibles, que es el arancel ad valorem; es decir un porcentaje del precio ex refinería. Hoy si el precio aumenta al salir de la refinería, el impuesto también sube; y si baja, éste desciende", explicó el ex presidente de Shell en diálogo con el programa que conduce Juan Pablo Varsky. La idea, anticipó el ingeniero químico, acérrimo conocedor de la industria del downstream, es crear un impuesto fijo con bandas de fluctuación para que la autoridad, según corresponda, haga bajar la carga impositiva (como por ejemplo cuando exista un precio internacional alto) y viceversa. "Tenemos previsto presentarlo en marzo con el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso", prometió.
El nuevo esquema permitiría a las compañías ajustar los precios hacia arriba cuando la carga impositiva baje, sin alterar el valor final para el consumidor. De esta manera, se posibilitaría un aumento por devaluación a la industria (que deben seguir los vaivenes cambiarios debido a que sus costos están dolarizados) sin agitar demasiado el índice inflacionario.
Por otra parte, Aranguren también reconoció que se está acordando un nuevo valor para el barril interno de petróleo, que a través de un pacto implícito realizado por la gestión kirchnerista con empresas, provincias productoras y gremios, ubicaron su cotización local hasta más de un 80% que el precio internacional, según el caso. Ese acuerdo tiene fecha de vencimiento el 31 de diciembre.
A las refinadoras les conviene un precio más barato que el que se designó para pagarles a las empresas productoras. Pero el sector del upstream necesita valores elevados para sostener la actividad, que incluso con un crudo en estos niveles ya evidencia signos de contracción con planes de contingencia por parte de varias petroleras en el sur del país.
En el sector aseguran que, de todas formas, todavía no hay nada cerrado y que las reuniones continuarán en los próximos días.
LA NACION
Es una discusión digna de ser observada. De un lado está el ministro de Energía, Juan José Aranguren, que hasta hace seis meses defendió los intereses que ahora debe confrontar; del otro, los dueños del negocio petrolero, sus viejos compañeros de discusiones con el entonces ministro Axel Kicillof. El primero guía la conversación, que comenzó el domingo y terminará esta semana con una hoja de ruta definida: pese al cambio monetario, quiere que los ajustes de las naftas y el gasoil no superen el 20% en 2016.
La ambición del Gobierno parece una quimera, pero para enfrentarla Aranguren apelará a argumentos que están servidos: en el país, los precios del petróleo y el margen de rentabilidad de los combustibles están por encima de los parámetros internacionales, por lo que las empresas tienen espacio para absorber una parte del impacto.
El domingo se los comentó a representantes de las productoras de combustibles. Uno de los que participó en el encuentro fue Carlos Alfonsi, vicepresidente ejecutivo de Downstream de YPF y quien negocia temas de precios por esa empresa. También fueron ejecutivos de PAE y Shell.
La situación tiene rarezas. En 2005, fue el propio Aranguren, cuando estaba al frente de Shell, quien ordenó subir los precios de la empresa y recibió un boicot por parte del presidente Néstor Kirchner.
La devaluación trastocó los números del upstream y del downstream, como se denomina en el sector a la exploración y producción de crudo, en el primer caso, y a la refinación y la comercialización, en el segundo. El propio Aranguren, en su etapa empresaria, lo explicaba con ductilidad: las refinadoras pagan la materia prima en pesos, pero con precios atados al tipo de cambio, por lo que ahora necesitan más billetes para hacer frente a la misma cantidad de producto que antes.
Desde la devaluación, las empresas venden petróleo sin emitir factura, una modalidad que contemplan los contratos para momentos de turbulencia cambiaria. Las principales productoras del país son Pan American Energy (PAE), Chevron, Pluspetrol, Tecpetrol y la propia YPF, mientras que en el sector de refinación sobresalen la empresa estatal, Petrobras, Axion, Shell y Oil.
El equipo de Energía espera que la cadena del petróleo se reparta en partes iguales los costos de la devaluación. Quién comenzó a tallar en esa discusión es el secretario de Hidrocarburos, José Luis Sureda, un hombre que trabajó casi dos décadas para PAE, la productora de petróleo y gas que manejan los hermanos Bulgheroni, pero a quien diversos empresarios del sector valoran como un hombre con criterio propio. El funcionario mantuvo conversaciones con varios empresarios. Les dijo que si la devaluación era del 40%, la aspiración oficial es que absorban los costos 20% y 20% entre productores y refinadores.
Será difícil para los refinadores de combustibles defenderse de los argumentos de Aranguren. No sólo porque conoce las reglas de ese sector, sino porque algunos documentos muestran que sus ingresos están en niveles récord. "Los márgenes de refinación... no sólo se han recompuesto localmente, sino que están alcanzando niveles máximos históricos. Tal es así que posiblemente el primer semestre del año haya arrojado la mayor utilidad para las refinerías locales del siglo XXI", apunta la Carta Energética que difundió en septiembre la consultora del ex secretario de Energía Daniel Montamat, futuro director de YPF. El principal colaborador de ese trabajo es Sebastián Scheimberg, hoy secretario de Coordinación y Gestión del Ministerio.
Aranguren colará en el acuerdo con las empresas, que debería salir por escrito, sus intenciones de cambiar el marco impositivo del sector. Ayer lo explicó en declaraciones radiales: quiere que los impuestos sobre los combustibles, cercano al 50% en el caso de las naftas, se apliquen con un sistema de bandas, de manera que cuando baje el petróleo en el mundo el gravamen suba, y viceversa. Enviará un proyecto cuando el Congreso vuelva a sesionar.
El ministro tiene también argumentos para pedirles un esfuerzo a los productores. Si se aplica la idea que se impone hoy en el Gobierno, el precio del petróleo denominado Medanito, propio de Neuquén y el de mejor calidad del país, bajaría 20% en dólares, pero dejaría muchos más pesos para el productor, que le servirán para licuar parcialmente los salarios, al menos hasta las paritarias.
Energía cree que esa es una alternativa viable para que los precios locales se acerquen, de a poco, a los internacionales. A contramano de lo que ocurrió con el kirchnerismo, hoy el petróleo de Neuquén cuesta unos US$ 77 por barril, mientras que el WTI, que habitualmente estuvo por encima del de producción local, cerró ayer a US$ 34,73, un 54% menos. En otros términos: las empresas saben que hoy venden el crudo por encima de cualquier referencia internacional, por lo que un alza moderada en los combustibles reduciría las transferencias que hoy les están haciendo los automovilistas a las petroleras.
Antes de las elecciones, Aranguren se mostró a favor de sostener alguna clase de subsidio a los productores para mantener la actividad. Pero siempre aclaró que el número final estaría atado al tipo de cambio.
El ministro tiene larga experiencia negociando acuerdos para trasladar a los precios las modificaciones en el tipo de cambio. En febrero de 2013, cuando el gobierno de Cristina Kirchner convalidó una devaluación superior al 20%, se reunió con el entonces ministro Kicillof para acordar una salida. Shell, la empresa que manejaba Aranguren, había aumentado 12% los precios, pero los retrotrajo parcialmente. Luego siguió con subas mensuales. Y durante la presidencia de Eduardo Duhalde, cuando los fuegos de la crisis de 2001 aún estaban encendidos, fue uno de los que negoció con Roberto Lavagna para moderar los aumentos en los surtidores. El ministro convenció a los empresarios cuando sugirió la posibilidad de pesificar el mercado petrolero. Muy atentos, los empresarios prefirieron hacer un esfuerzo antes que cambiar la moneda que tomaban en cuenta para hacer la factura.
