Más allá de representar un fuerte respaldo para la nueva administración macrista, el acuerdo crediticio por US$ 5.000 millones para obras de infraestructura que cerraron el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, comenzó a inclinar la balanza por uno de los dos megatúneles que están en pugna para ampliar las conexiones físicas con Chile.

Junto con la aprobación de una línea de préstamos para los próximos cuatro años que supera los US$ 5.000 millones y un programa de nuevas operaciones por US$ 800 millones para 2016, el BID concedió un respaldo clave para la construcción del Proyecto Binacional de Agua Negra que fue impulsado por el ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja.

Se trata de un doble túnel para camiones, ómnibus y automóviles que la entidad bancaria internacional se comprometió “a financiar con US$ 1.500 millones con préstamos acumulativos a lo largo del período de construcción estimado en 8 años”.

Con esta movida el que quedó relegado es el proyecto del “Corredor Bioceánico Aconcagua” que promueve Corporación América, el holding empresarial de Eduardo Eurnekian que, entre otros negocios, controla Aeropuertos Argentina 2000.

Planificado a fines de los 90 por la consultora cuyana Tecnicagua, el proyecto del corredor binacional entre Mendoza y Chile quedó en manos de Corporación América a partir de 2008.

Tras adquirir los derechos del proyecto, el consorcio liderado por Eunekian comenzó una campaña de lobby en Argentina y Chile para involucrar a dos Estados en la construcción del enlace ferroviario que implicará una inversión del orden de los US$ 3.000 millones.

Si bien consiguió que el proyecto fuera reconocido como una “iniciativa privada” en ambos países --lo cual le otorga una significativa ventaja para quedarse con las obras en caso de que aparezca otra oferta mejor que la suya--, hasta ahora Eurnekián no logró superar los sucesivos escollos económicos y técnicos que fueron apareciendo especialmente del lado chileno.

Las principales dudas que tienen las autoridades trasandinas se han focalizado en tres cuestiones significativas del proyecto: el impacto ambiental en la zona cordillerana; los costos de las expropiaciones previstas en ambos países y la ingeniería de construcción del túnel de 52 kilómetros de largo y el tramo de 150 kilómetros de las vías a cielo abierto.

Pese a todos los relevamientos y las documentaciones técnicas que fueron presentadas a los dos gobiernos, Eurnekian sigue aguardando la aprobación de los estudios de factibilidad y el posterior llamado a licitación de las obras que demandarán casi 10 años de trabajos.

Por su parte, el proyecto binacional de Agua Negra entró a tallar a fines de la década pasada y, a diferencia del cruce ferroviario de Eurnekian, consiste en una conexión vial mediante un doble túnel cordillerano de 14 kilómetros y viaductos de enlaces entre la provincia de San Juan y la región chilena de Coquimbo.

La obra ha captado el interés de más de 20 empresas de Argentina, Chile, Brasil, Italia, Canadá. EE.UU., China, Corea, Rusia, Italia y Japón.

Inicialmente la licitación del proyecto iba a incluir el pedido de propuestas de financiamiento a los grupos oferentes. Por esa vía, las que iban a correr con cierta ventaja eran las empresas chinas y rusas que cuentan con líneas de créditos de sus bancos estatales para obras de infraestructura en Latinoamérica.

Pero ahora con la asistencia comprometida por el BID, ya no será necesario que los oferentes arrimen esquemas de financiación para el proyecto.

Según las estimaciones que barajan los funcionarios nacionales y sanjuaninos, el préstamo del BID para Agua Negra implicaría una tasa de interés anual del orden del 3% frente a las tasas del 7 al 10% que podían registrarse con las alternativas de financiación provenientes de Beijing y Moscú.

En la nueva administración sanjuanina de Sergio Uñac -que responde a la dinastía de los Gioja- estiman que en el primer trimestre de 2016 el ente binacional de Agua Negra ya estará en condiciones de poner en marcha la licitación internacional de las obras.