El Gobierno de Francisco Pérez terminó el 9 de diciembre, pero sus decisiones siguen generando sorpresas. Antes de irse, el Gobierno firmó la actualización del proyecto Minero San Jorge, que fuera desestimado hace 5 años en la Legislatura. Esa firma implica la reapertura del proceso para darle vida al proyecto, pero con una nueva metodología: extraer la roca de la mina en Uspallata, molerla y trasladarla a San Juan para realizar el proceso de lixiviación y extraer el cobre.
La resolución conjunta entre la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental, a la que tuvo acceso Diario Vox, está fechada en el 6 de noviembre, pero no se ha hecho pública. En el texto se menciona que toman al nuevo proyecto como una escombrera y genera dudas sobre si intentan soslayar o no a la ley 7722. El proyecto minero San Jorge busca extraer cobre de una mina en Uspallata.
Fue el que más avanzó luego de la sanción de la ley 7722. Hubo audiencia pública, el Gobierno aprobó la Declaración de Impacto Ambiental, con más de 100 observaciones, pero la Legislatura le bajó el pulgar: en la sesión del 24 de agosto del 2011 la Cámara de Diputados lo votó negativamente.
La empresa cambió el proyecto, pero no presentó un informe nuevo para realizar todo el proceso. En cambio, presentó una “actualización” del informe de impacto ambiental tomando como base el mismo que fue aprobado por el Ejecutivo y rechazado por la Legislatura. Allí se detalla, sobre todo, cómo será transportado el mineral desde Uspallata hacia San Juan. “En cuanto a la disposición final de las escombreras de óxidos y parte de la Escombrera de Mineral secundario y de baja ley, los cuales previa extracción y molienda serán retirados del proyecto San Jorge y trasladados a la provincia de San Juan”, según detalla la resolución.
Fuentes cercanas al desaparecido ministerio de Energía entienden que esa veta es la usada para evitar volver a foja cero al proyecto y esquivar, en parte, los procesos de la ley 7722. “Téngase por cumplido el requerimiento del artículo 256 del Código de Minería en lo propuesto por minera San Jorge SA en cuanto a la disposición final de las Escombreras de Óxidos y parte de la Escombrera de Mineral secundario y/o baja ley”.
El plan de San Jorge consiste en aprovechar el mismo yacimiento de cobre en Uspallata, realizar voladuras en la montaña, procesar los áridos a través de molienda o “chancado” y transportar ese material hacia San Juan. La traza ferroviaria tendría 22 kilómetros y cada convoy llevaría 14 vagones. Quienes ven con buenos ojos el proyecto aseguran que es “solo sacar roca”. Sin embargo, los más críticos aseguran que en realidad se llevarían el metal, por lo que no pueden esquivar la ley recientemente ratificada en la Corte. Las otras dudas son de dónde saldrá el agua para la lixiviación y cómo se piensa resolver el pago de regalías.
A través de un comunicado firmado por Daniel Ariosto, la Unión Comercial e Industrial de Mendoza fijó su posición respecto de constitucional de la ley 7722 emitido por la Suprema Corte de Justicia.
El texto es el siguiente:
Ley 7722
UCIM celebra el fallo de la justicia
UCIM celebra el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza que dictamina que la ley 7722 es constitucional.
La norma en su artículo 1 estipula que "A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo".
Con esta declaración, la Corte privilegia el cuidado del agua por sobre otros derechos y apoya el modelo agroindustrial sobre el que se sostiene nuestra provincia.
Es importante destacar que esta norma no impide el desarrollo de actividades industriales compatibles con el medio ambiente y respetuosas del escaso recurso que representa el agua para nuestro territorio.
Dada las presentes circunstancias, la Unión Comercial e Industrial de Mendoza celebra que las autoridades judiciales se encuentren en sintonía con el pueblo de la provincia y se compromete a seguir apoyando a un empresariado comprometido con el resto de los ciudadanos y responsable de su medio ambiente.
Daniel Ariosto
Presidente de UCIM
