"Las medidas que tomemos tienen que enmarcarse en una política económica del gobierno nacional, que en última instancia es llevar la inflación a un dígito". La frase pertenece al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, al finalizar el martes su primera conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada para declarar la emergencia del sistema eléctrico, decreto que se oficializó ayer en el Boletín Oficial.

Sin embargo, no todas las decisiones que toma la administración de Mauricio Macri parecen estar en sintonía con el objetivo último o al menos algunas tornan más fangoso el camino. El levantamiento del cepo anunciado el miércoles, con una devaluación del 40% como consecuencia, tiene su "lado b" en la economía, al trasladarse a los precios y generar así más inflación. El sector de los combustibles no sólo no es la excepción sino que es una de las pocas industrias que estrictamente debe guiarse por los vaivenes cambiarios a la hora de fijar precios. La razón es simple: las petroleras compran su producto en dólares y lo venden en pesos.

En medio de anuncios antipáticos para los consumidores como una inminente suba de tarifas a la luz y al gas, desde el Ministerio de Energía intentan ahora que las empresas contengan los valores en las estaciones de servicio y no trasladen de un solo golpe la devaluación a los surtidores. Para eso, Aranguren se reunió el miércoles con las principales petroleras y las convocó a una nueva reunión para hoy. La idea, según pudo saber El Cronista de fuentes oficiales es "discutir las bases de un acuerdo anual de precios"

No será una tarea sencilla. El flamante ministro siempre se pronunció a favor del libre mercado y fue el primer (y único) petrolero que en su momento se enfrentó abiertamente a Néstor Kirchner "desobedeciendo" a un congelamiento de precios. Sus ex colegas conocen en detalle esa secuencia. El esquema que busca acordar, a su vez, no difiere mucho del implementado por la gestión de Axel Kicillof, cuando negoció a principios de 2015 un sendero de precios que permitiera dosificar los aumentos a lo largo del año. A cambio, concedió beneficios impositivos, como una rebaja de retenciones a la exportación.

En el sector especulan con que se podría llegar a un acuerdo si el Gobierno resuelve, por ejemplo, bajar el costo del barril interno que hoy cotiza hasta un 80% más que el internacional y reducir así los costos de las refinadoras. Tampoco resultará fácil ese consenso. El sector del upstream necesita precios elevados para sostener la actividad petrolera, que hoy ya presenta signos de alerta con planes de contingencia en el sur del país. Aranguren, además, se comprometió a sostener los valores internos.

Martín Bidegaray

Si las petroleras tuvieran que aplicar la modificación en el tipo de cambio, el litro de nafta súper pasaría de $ 13 a $ 18 en Buenos Aires. Pero eso no sucederá, según el Gobierno. Habrá una recomposición del precio de los combustibles, pero el nivel de ese incremento se definirá después de una negociación entre el gabinete económico y las petroleras.

“Lo que vamos a hacer es que el impacto de la devaluación no se traslade totalmente al precio de los combustibles. Que no se traslade va a ser bastante difícil, porque si no se desfinanciarían las provincias”, afirmó ayer el ministro de Energía, Juan José Aranguren.

Los refinadores locales compran petróleo crudo local a un precio especial, distinto del internacional, que va de los US$ 61 a US$ 75 (en el resto del mundo, se vende a US$ 38). Ese importe fue pactado por la industria, el Gobierno anterior y las provincias durante el verano pasado para lograr mantener la actividad del sector.

Para adquirir ese crudo, las refinadoras –compran petróleo y lo transforman en combustibles como nafta o gasoil– pagan en pesos, pero el precio está en dólares. Ese costo se incrementó un 40% desde ayer. YPF, Shell y Axion son las principales refinadoras del país. Petrobras, Oil y Refinor también tienen peso.
El Gobierno, a través de canales informales, les avisó a las compañías que no quiere un incremento que traslade por completo el nuevo tipo de cambio. De todas formas, los precios son libres.

 YPF, que es líder de mercado, fijará la pauta. Como es de control estatal, es probable que esa compañía busque algún aumento que no dañe los objetivos de inflación del Poder Ejecutivo.

Ningún ejecutivo consultado quiso arriesgar aumentos. Pero alguno interpretó, bajo la condición de no ser mencionado, que una suba de entre 20% y 25% extendida durante 2016 podría ser una salida que conforme a las partes.

El ministro convocará a los gobernadores, sindicatos, empresas para hablar de los niveles de precios de 2016 y de los aumentos venideros. Ya avisó que buscará mantener la actividad, a través de un acuerdo escrito, renovable cada 3 meses, pero que también quiere que haya beneficios para los consumidores.

Las petroleras locales pasaron una década sofocadas porque los precios locales eran muy inferiores a los internacionales. Desde 2014, eso se revirtió y los consumidores pasaron a subsidiar a la industria. Hasta ayer, el país era uno de los 40 más caros del mundo para llenar el tanque.