El llamado Acuerdo de París, adoptado el sábado en la vigésima primera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21), fijó los pasos a seguir para enrumbar el planeta hacia una economía global de bajas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Además, revivió asuntos asociados al Protocolo de Kioto, que fue adoptado en 1997, entró en vigencia en 2005 y caducará en 2020.
Desde una perspectiva histórica, el acuerdo de París representa la segunda fase de Kioto. Pero, como señaló a SEMANAeconómica el ministro de Ambiente y presidente de la COP20, Manuel Pulgar Vidal, este pacto es diferente. Y lo es sobre todo por su carácter integrador: fue negociado de abajo hacia arriba, logrando el consenso y compromiso de todas las partes.
SEMANAeconómica conversó con Rosa Morales y Cristina Urrutia, jefa y miembro del equipo de negociación por Perú en la COP21, respectivamente, para entender las implicancias para el país y el sector privado de los principales asuntos consensuados. A continuación las detallamos punto a punto.
En primer lugar, se trata de un acuerdo multilateral amparado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Por lo tanto, los países deberán ratificarlo, aceptarlo, aprobarlo o adherirlo entre el 22 de abril de 2016 y el 21 de abril de 2017. La múltiples opciones en el tipo de asunción favorecen a países como Estados Unidos (el segundo mayor emisiones de GEI del mundo, después de China),donde el acuerdo no requeriría el aval del Congreso. En Perú, sí.
En segundo lugar, fija obligaciones para lograr su meta, que quedan explícitas en el texto del acuerdo cuando en cada decisión aparece el verbo “deber” (en inglés, shall). Y fue la divergencia con lo que se debería (el should, en inglés), lo que tiró y aflojó el debate entre las partes.
Obliga al país a presentar su Contribución Nacional Determinada (NDC, en inglés, y ya no INDC) y a reportar y actualizar sus avances y metas en mitigación cada cinco años. Además, el país también deberá presentar su Comunicación en Adaptación, que –como la NDC– se hará pública al mundo a través de la Secretaría de la Convención.
En ese sentido, impone la obligación de transparentar las acciones de cada parte. En mitigación, se ha avanzado en metodologías métricas y monitoreo, pero en adaptación eso no existe. Es algo nuevo del acuerdo: la adaptación va a tener que comunicarse y para esto se tiene que armar un programa de trabajo para poder hacerle seguimiento. Eso, para Perú, significa construir capacidades institucionales, pero el acuerdo establece que habrá apoyo (financiero) en eso, para cumplir con el sistema de transparencia.
La convención desarrollaría guías y metodologías antes de 2020 para este tipo de reportes. El Perú ha priorizado cinco sectores para implementar acciones de adaptación: agua, agricultura, pesca, bosques y salud. A través de las acciones de adaptación, la meta global es reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia ante elcambio climático.
Tarde o temprano tendrían que reportar sus acciones en mitigación y adaptación al cambio climático. Para poder reportar en lo que estamos avanzando, las empresas también van a tener que hacer seguimiento a sus emisiones. El Estado las puede apoyar porque tiene que tener el sistema general. Pero ahí es donde se tiene que armar una cooperación Estado-sector privado, para tener claridad que se está pasando en términos de emisiones.
Diferencia los conceptos de provisión y movilización de recursos financieros. En el primer caso, el acuerdo determina que los países desarrollados deberán asumir el liderazgo en la provisión de recursos, pero que también podrán hacerlo de forma voluntaria los países que estuvieran en condiciones de hacerlo. Además, que los recursos podrán ser aportados por diferentes fuentes.
Por movilización se refiere a los recursos provistos para hacer más atractivas las inversiones. Es bajo la movilización de recursos que el Estado juega un rol porque puede sentar ciertas palancas, pero al final son las inversiones del sector privado las que van a mover la cosa hacia cierta dirección.
Los flujos financieros van a estar dirigidos al sector productivo, tanto los públicos como los del sector privado. Va a haber una búsqueda de inversiones en los distintos mercados del mundo. Es una oportunidad para que los empresarios nacionales puedan hacer potenciales alianzas estratégicas.
Junto al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), son los mecanismos financieros de la Convención. ¿Pasarán todos los recursos por estos dos fondos, incluidos los US$100,000 millones que fija como piso el acuerdo a partir de 2020? No. Incluso, habrá recursos que serían canalizados a través del sistema financiero privado de los países desarrollados que seguramente tendrán que buscar alianzas con los sistemas privados financieros de los países en desarrollo. Esta dinámica va a involucrar no sólo al sector productivo, que es el que va a hacer los cambios tecnológicos, sino también a los intermediarios financieros.
Como mecanismo asociado al Protocolo de Kioto, el MDL puso en marcha un mercado internacional de certificados de carbono, que eran producidos por los países en desarrollo y comprados por los países industrializados, con obligaciones de reducción de emisiones. Así, mediante la venta a futuro de estos certificados en Perú el mecanismo permitió financiar 60 proyectos equivalentes a US$4,000 millones, según datos del Fondo Nacional del Ambiente (FONAM).
Desde 2012, cuando concluyó el período de implementación de Kioto, el mercado está en stand by en el mundo. Es probable que el MDL deje de existir cuando el Acuerdo de París entre en vigencia para dar lugar a la creación de un nuevo sistema de intercambio de certificados. Dada la demanda global de reducción de emisiones que crea el acuerdo climático global (hasta ahora 188 de 195 partes han definido metas), el nuevo sistema tendría el potencial de revivir el mercado de carbono.
No obstante, una vez que arranque y se empiecen a ¨exportar¨ los nuevos certificados, habrá que evitar la doble contabilidad. Para esto, cada país deberá definir una estructura que le permita que los certificados vendidos, por ejemplo, en el Perú, no se vuelvan a contabilizar en otro. De esta manera, quedará garantizada la posibilidad de disponer de una contabilidad global real de reducciones.
Las inversiones que se hagan más temprano son las más costo-eficientes. Mientras más tarde empecemos a cambiar la matriz energética, los sistemas productivos más caros van a salir. Por ejemplo, si se invierte en una planta de carbón, si las emisiones suben mucho, va a ser más costoso dejar esa planta y hacer algo nuevo. Es factible lograr la meta, por un lado, gracias a las revisiones periódicas que establece el acuerdo y, por otro, porque las inversiones que vengan en energía serán de largo plazo.
Sistémicos. Los mismos que hacen que a las economías les vaya mal, como crisis, guerras y cambios de régimen político. Quizá, si uno quiere ser realista, los países tendrán que incrementar su fortaleza en términos institucionales para poder cumplir con estas normas y regulaciones.
