Fabián Gregorio, presidente del proyecto minero San Jorge, aseguró que prefiere leer los fundamentos del fallo de la Corte antes de dar una opinión sobre cuáles fueron los motivos en los que se basó el máximo tribunal para confirmar que la Ley Provincial 7.722 es constitucional.
La norma, conocida como “ley antiminera” por prohibir el uso de sustancias altamente tóxicas para la explotación minera, había despertado la oposición del sector empresarial de ese rubro, que buscó una salida judicial que nunca llegó.
Para Gregorio, el único cuestionamiento es el tiempo que se demoró la Corte para dar a conocer el fallo. “Al margen de eso, ya hemos desistido de hacer el proyecto tal como lo presentamos al principio”, reconoció.
En el año 2007, San Jorge ofreció un plan para la extracción de cobre en Uspallata al gobierno de Julio Cobos. El método incluía el uso de ácido sulfúrico, pero la idea quedó en la nada debido al alcance de la 7.722.
“Nos adecuamos a la ley, hicimos un proyecto nuevo que cumplía con los requisitos jurídicos que se habían establecidos y logramos las aprobaciones ambientales. Sin embargo, el Senado decidió rechazarlo en 2011”, recordó.
En San Jorge creen que la puesta en marcha de la actividad minera en Uspallata ya no tiene otra salida que la de llevar adelante el plan biprovincial, que consta en extraer la roca mineral en Mendoza y procesarla en San Juan.
“Nuestra meta es conseguir eso. Se lo vamos a plantear a Alfredo Cornejo. De ese modo, sólo vamos a tener una cantera. Nosotros nos haríamos cargo de la traza ferroviaria para llevar todo a San Juan”, comentó Gregorio.
Por ahora, no hay respuestas.
Aunque la Suprema Corte de Justicia de Mendoza falló a favor de la constitucionalidad de la Ley Provincial 7722, algunos proyectos relacionados con la extracción minería esperan el aval gubernamental para ser puestos en marcha lo antes posible. Uno de ellos es el de la minera San Jorge, cuyos inversores de Rusia están expectantes y confiados en que dicho proyecto está "adecuado" a la legislación local, luego de las reformas técnicas tras el rechazo legislativo de hace cuatro años y la resistencia social de los sectores ambientalistas.
Taras Nechiporenko, CEO de San Jorge S.A., explicó a MDZ que "nuestro proyecto está listo y sigue tal cual lo presentamos públicamente por última vez", es decir, que el mineral de cobre sea extraído de las canteras en Uspallata y sea trasladado vía ferrocarril a San Juan, donde sería procesado con los métodos permitidos en la vecina provincia.
En ese sentido, remarcó que "el fallo (de la Suprema Corte) no cambió en nada nuestro proyecto, ya que es una opción totalmente adaptada a la Ley 7722" y aseguró que "falta solamente un aval del gobierno". Cabe recordar que la declaración de impacto ambiental (DIA) de San Jorge está en la Legislatura a la espera de ser tratado en comisiones.
Consultado sobre si la compañía rusa Aterra Group, dueña de San Jorge S.A. que la adquirió a la canadiense Coro Mining en 2013, ha entablado algún canal de diálogo con el nuevo gobierno de Alfredo Cornejo, Nechiporenko reconoció que"estamos en contacto" aunque expresó que "estamos complicados porque entendemos que recién asumieron".
Fuentes del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía reconocieron que hubo contactos tanto con los inversores rusos, al igual que "con todo el mundo" y se destacaron las palabras que el ministro Enrique Vaquié enunció en el programa Hacete Cargo, de MDZ Radio, sobre la cuestión minera: "Toda actividad minera tiene que construir la licencia social, como todos los demás sectores".
Nechiporenko indicó cuáles fueron los motivos que Aterra Group tomó en cuenta para mantener el proyecto de inversión en Mendoza: "Uno de los factores importantes era la coyuntura internacional, junto con la posibilidad real de inversión". También mencionó que "debido a que la minería en Argentina es bastante subdesarrollada, hay lugar para desarrollar este tipo de proyectos" y finalmente destacó que "nos hemos mantenido todo este tiempo en la espera por los cambios en el país".
El CEO ruso de San Jorge consideró que la declaración de constitucionalidad por parte del máximo tribunal mendocino provoca "un impacto muy fuerte y un mensaje negativo a los inversionistas y al mundo empresarial".
"La resolución misma nos parece muy irreal e hipócrita, porque estoy seguro que los mismos miembros de la Corte aprovechan los productos de minería todos los días y visitan los países y provincias mineras frecuentemente, sabiendo que esta industria es un origen de ingresos, puestos de trabajo y mejor calidad de vida", detalló.
A su vez, Nechiporenko contrastó la decisión de la Suprema Corte con las políticas del Estado nacional: "(El fallo) sucedió el mismo día que el Gobierno federal (sic) hizo un paso muy importante en su liberación de la economía, cancelando el cepo de dólares y permitiendo condiciones favorables para inversionistas. Es muy contradictorio y paradójico".
